Otro derrame pone nuevamente en el foco a pozos petroleros sin abandono

Fecha de Publicación: 20/05/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Nicolas Arce, diputado de San Martín, hizo tomar muestras que analiza un laboratorio especializado de Tartagal. Afirmó que detrás de los pozos sin debido cierre hay una gran oportunidad de trabajo genuino.  
Fugas contaminantes de un yacimiento inactivo del área Aguaragüe, ubicado en la zona de yungas de Campamento Vespucio (General Mosconi), volvieron a poner en el centro de atención a los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte provincial. Muestras de suelo que Nicolás Arce, diputado del departamento San Martín, hizo tomar en el sitio afectado son analizadas por Yaculab, un laboratorio especializado con sede en Tartagal, para determinar la composición de las surgencias y su impacto en el ambiente.
El derrame, producido en las cercanías de los yacimientos de Lomitas y Tranquitas, fue advertido en momentos en que otro un pozo petrolero que estaba inactivo desde los años ochenta y empezó con fugas a mediados de 2023, el LO-X10, lleva casi tres años fuera de control en Lomas de Olmedo. Ese desastre tiene acciones en trámite por estragos sobre suelos, acuíferos, la flora, fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas, a 9 kilómetros de La Estrella (Pichanal).
En el área de Puesto Guardián otro pozo, el MDT-14, entró en violentas erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y causó daños semejantes. Ese pozo demandó seis años de complejas intervenciones con las que recién se lo pudo sellar en 2012, con un costo de 30 millones de dólares, afrontado por YPF.
En agosto de 1991, tras la privatización de la petrolera que perforó la mayoría de los pozos que esperan su abandono definitivo en Salta, el gobierno nacional adjudicó el área de Puesto Guardián a tres empresas privadas: EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield.
Ya con el dominio originario del área reasumido por la Provincia, mediante decretos y resoluciones se autorizó la cesión de los derechos de EPP a Tripetrol y Netherfield. En 2010, por decreto 3461, se perfeccionaron aquellos traspasos accionarios. En 2011, por decreto 4517, se autorizó a Netherfield a ceder su participación a Petrolera San José. Ese mismo año, por decreto 4982, la concesión de Petrolera San José y Tripetrol fue extendida.
En noviembre de 2012, por decreto 3533, el gobierno provincial autorizó a Tripetrol a ceder su 50% a President Petroleum, firma que en 2014 adquirió los derechos que seguían en manos de empresarios ecuatorianos y quedó como titular única de la concesión. President se presentó en concurso a fines de 2024 y fue declarada en quiebra en agosto de 2015.
Las afectaciones causadas por los derrames movieron acciones y demandas en las que los cuestionamientos no se circunscriben solo a la cadena de operadoras privadas que se desentendió de las responsabilidades técnicas y legales inherentes al pasivo ambiental, sino que se extienden también organismos competentes en materia de hidrocarburos, ambiente y justicia.
En abril último, el ministro de Producción, Ignacio Lupión, informó que se inició un relevamiento de los pozos que permanecen sin los sellados que la normativa define como abandono definitivo. El funcionario señaló que en distintas áreas hay cerca de 1.400 pozos petroleros de los que solo un medio centenar produce actualmente algo de crudo.
Detrás de esos números hay -como quedó reflejado con los pozos que se descontrolaron en Puesto Guardián y el que hoy presenta fugas en el área de Aguaragüe- verdaderas bombas de tiempo ambientales.
Arce, diputado tartagalense de la Libertad Avanza que presentó dos proyectos legislativos focalizados en esta crítica asignatura, señaló a El Tribuno que los derrames petroleros no son solamente un problema ambiental, sino también "un reflejo de años de falta de control, inversión y planificación. En el norte tenemos recursos, profesionales capacitados y mano de obra calificada, pero muchas veces falta decisión política para intervenir a tiempo", remarcó.
"Entendemos que estos pasivos ambientales no desaparecen solos. Necesitan monitoreo constante, abandono técnico adecuado de pozos y controles reales para evitar que los impactos sigan avanzando sobre el suelo, el agua y las comunidades", insistió.

"Una oportunidad grande de generar trabajo genuino"
El diputado Nicolas Arce subrayó que los pozos petroleros sin cierre definitivo, además de ser una gran preocupación, "también pueden transformarse en una oportunidad de trabajo genuino. Su abandono y saneamiento requiere apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras, mediciones y tareas técnicas que podrían generar decenas de puestos de trabajo directos e indirectos" en el norte provincial.
"El problema no es solamente el derrame. El problema es la falta de gestión para prevenirlo y para actuar después. Mientras no exista una política seria de control y remediación, vamos a seguir reaccionando tarde ante situaciones que deberían haberse evitado", advirtió, tras hacer notar que "la Provincia cobró en todo momento las regalías y no se ocupó de controlar y relevar a las empresas. Además, a los puestos de decisión en energía nunca los cubrió gente de la zona e idónea en el tema", planteó.
El diputado del departamento San Martín insistió que los cientos de pozos que esperan por su abandono definitivo no solo son una gran preocupación, sino también "una oportunidad grande de generar trabajo y con personal de la zona. En el departamento tenemos empresas como Producer, Servimax, Geocor, Tecmec, M&P, Geominera, Yaculab, Suministros y Talleres Norte, entre muchas otras, aptas y con sobrada expreriencia en el rubro", acotó Arce.
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