Santa Cruz descarta proyectos mineros en zonas glaciares: la medida reafirma su política ambiental

Fecha de Publicación: 01/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Santa Cruz


El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó que la provincia cuenta con una legislación propia pionera que garantiza la protección de los recursos naturales. Aseguró que no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares.  
El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales y llevó tranquilidad a la comunidad ante el reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia. 
En ese marco, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, brindó declaraciones a LU14 Radio Provincia, donde sostuvo que la decisión judicial “sorprende”, aunque remarcó que «Santa Cruz cuenta con normativa propia que resguarda el ambiente y ordena el desarrollo productivo«. 
Álvarez explicó que la provincia posee desde el año 2009 la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una herramienta que incluso es previa a la Ley Nacional de Glaciares y que establece claramente las áreas donde pueden desarrollarse proyectos. “Santa Cruz ha sido pionera en este tipo de legislación, contemplando no solo glaciares y nacientes de ríos, sino también bosques nativos”, señaló. 

Santa Cruz preserva sus recursos naturales 
En ese sentido, el funcionario subrayó que no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares, y que la planificación territorial vigente garantiza el resguardo de estos ecosistemas. “Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales, que son fundamentales para las futuras generaciones”, afirmó. 
Asimismo, indicó que la reciente modificación de la Ley de Glaciares, sancionada a nivel nacional, otorga mayores facultades a las provincias, en línea con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales. 
En otro pasaje, Álvarez fue categórico al señalar que el fallo no genera impedimentos para el desarrollo de la actividad productiva en Santa Cruz, dado que la provincia mantiene un esquema de ordenamiento territorial que excluye zonas sensibles. 
Finalmente, el ministro destacó que desde el Gobierno Provincial se trabaja con una mirada integral que equilibra producción y cuidado ambiental. “Santa Cruz no va a perjudicar sus recursos naturales, como el agua, que es vital en una región como la nuestra. Existe una política clara de protección y desarrollo responsable”, concluyó. 
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La causa de los basureros del fracking se acerca al juicio oral

Fecha de Publicación: 01/05/2026
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Neuquén


Tras seis años, con abundante prueba sustanciada y el hallazgo de un cuaderno donde, de puño y letra, uno de los imputados describe las actividades que se le imputan, la causa por contaminación con basura de la actividad petrolera está a punto de llegar a la instancia oral y pública.
El 19 marzo pasado, el juez Lucas Yancarelli otorgó la probation y suspendió el juicio a los tres directivos de COMARSA imputados en la causa por contaminación en el manejo y disposición de residuos petroleros sin tratamiento en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, conocida como la causa de “los basureros del fracking”. La decisión del magistrado se produjo pese a la oposición de las querellas y de la fiscalía.
La denuncia penal, presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Neuquén) local, dio lugar a una de las causas ambientales más graves del país: más de 300.000 m³ de residuos petroleros acumulados durante años, a metros de barrios del ejido urbano de la capital provincial, con contaminación del suelo, del aire y riesgo directo para la salud de la población. Eso sumado a maniobras fraudulentas para sostener el negocio de los residuos petroleros sin realizarles un mínimo tratamiento. 
Sin embargo, este 16 y 17 de abril, el Tribunal de Impugnación revisó la causa y resolvió revocar la suspensión del juicio a prueba (probation), por lo cual los imputados irán a juicio oral y público. La resolución señaló que la decisión del juez Yancarelli fue “arbitraria, irrazonada, inmotivada e infundada” y lo apartó de la causa. 
El tribunal integrado por los jueces Richard Trincheri, Nazareno Eulogio y la jueza Florencia Martini, por mayoría, revocó la resolución de Yancarelli y ordenó que se lleve adelante la audiencia de Control de la acusación para la elevación a juicio en la causa Comarsa.
La Fiscalía de Delitos Ambientales acompañó el pedido de las querellas y ahora las defensas tienen diez días para responder antes de la audiencia de control de acusación, el paso previo para que se inicie el juicio oral.
“Ya está documentada la serie de maniobras que incluyen la contaminación, la usurpación y la defraudación por parte de los empresarios imputados en la causa”, declara en diálogo con Canal Abierto Rafael Colombo, abogado querellante, integrante de la AAdeAA. “Además, hay mucha evidencia que da cuenta de que hubo numerosos planes de tratamiento y de saneamiento que fueron incumplidos sistemáticamente por la empresa durante todos estos años”.
Esta evidencia ha sido denunciada y documentada a lo largo de varios años por el Observatorio Petrolero Sur, el Taller ecologista y la Confederación Mapuche, entre otros actores sociales.
En concreto, el riesgo ambiental persiste porque la basura no ha sido debidamente retirada ni mucho menos tratada. Una pequeña porción de las toneladas de residuos peligrosos fue simplemente trasladada a otro basurero de la firma Indarsa, en cercanías de Añelo, merced a un supuesto plan de remediación que la empresa incumplió pese a que la ministra de Turismo y Ambiente provincial, Leticia Estévez, lo presenta como una gran solución. “Estamos hablando de una mera relocalización parcial. Buena parte de los residuos que nosotros denunciamos como parte del pasivo ambiental siguen aún allí acumulados a cielo abierto en la planta del Parque Industrial”, sostiene el litigante.
Otro dato curioso es que este supuesto plan de “traslado” se financia con un préstamo millonario de Indarsa a la firma sometida a juicio que hoy se encuentra sin autorización para funcionar y en estado de insolvencia.

Racconto de una causa contra la contaminación
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para disponer allí una planta de tratamiento de residuos de la actividad extractiva de hidrocarburos por fractura hidráulica. Eso terminó siendo un “basurero del fracking” en el que acumularon miles de metros cúbicos de material de descarte a cielo abierto y sin ningún tratamiento, proveniente de las perforaciones de Vaca Muerta. 
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa.
“En esa fecha presentamos una denuncia penal contra la empresa Comarsa y sus directivos, también extendida a las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos de Neuquén a nivel provincial y municipal y las empresas petroleras, generadoras de basura, por lo que denominamos el escandaloso negocio de la basura petrolera de Vaca Muerta”, explica Colombo.
“Entonces se inició una investigación penal conducida por la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la provincia de Neuquén y nos constituimos como querellantes e impulsamos la investigación durante todos estos años, en que se fueron incorporando una serie de medidas de prueba además de las que ya estaban contenidas en la denuncia que presentamos, un escrito de casi 160 páginas entre fundamentos legales, una línea de tiempo de los hechos circunstanciados y acreditados y documentación de cómo operaba la empresa, además de las distintas autorizaciones emitidas por la provincia, y de la cesión de los terrenos a precio vil por parte del municipio”, sintetiza el letrado.
En febrero de 2024, luego de la instrucción de la causa, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó a J.M.L., fundador y director de la empresa, H.B., director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y F.P. (utilizamos siglas a pedido de la querella), gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.
Los acusó de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
En julio de ese año, a solicitud del ministerio público el juez de Garantías Mauricio Zabala ordenó el embargo por 7 millones de dólares de las cuentas del dueño y del ex director suplente de la empresa, dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización a los imputados y declaró la inhibición general de bienes de la empresa. La medida afectaba a los bienes de Comarsa y las cuentas bancarias y billeteras virtuales de ambos procesados.
Ese embargo nunca llegó a producirse debido a diferentes maniobras de dilación judicial. “Nosotros solicitamos una medida cautelar, concedida en primera instancia y ratificada por el tribunal de revisión. Luego, el Tribunal de Impugnación suspendió la medida, repuesta luego de nuestra apelación en el Superior Tribunal neuquino, que restauró la vigencia de los embargos, pero nunca se pudieron efectivizar porque, para entonces, habían vaciado las cuentas”, explica Colombo.

El cuaderno de la ruta de la basura
De la serie de medidas de prueba ordenadas por el tribunal en el proceso, en un allanamiento se produjo un hallazgo que puede sacudir la causa. “Hay evidencia que surge de un cuaderno secuestrado en el domicilio de uno de los imputados que da cuenta de la maniobra dolosa de ocultamiento e, incluso, de entorpecimiento de la investigación judicial. También hay pruebas de la simulación de tratamientos y de que la empresa recibía más residuos de los que tenía capacidad técnica real para tratar y, efectivamente, no los trataba”, cuenta Colombo a este cronista.
La querella de la AAdeAA ordenó una pericia y un informe sobre esta prueba. “Es muy contundente porque el informe prueba el dolo en la conducta de los imputados. Queda demostrado, de puño y letra que los tipos estaban intentando hacer lo posible para zafar”. 
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Reestructuración del área de Ambiente: Bosques pierden jerarquía y se eliminan áreas específicas de cambio climático

Fecha de Publicación: 30/04/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional de Argentina avanzó en una reorganización del área de Ambiente que implica modificaciones sensibles en dos frentes estratégicos:
- La Dirección de Bosques Nativos perdió jerarquía, pasando de nivel III a una Coordinación de nivel IV, con menor autonomía administrativa y capacidad de decisión.
- Se eliminaron las estructuras específicas dedicadas al cambio climático, como la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática y la Dirección de Impacto Climático.
Estas dependencias tenían a su cargo el diseño de políticas de mitigación y adaptación, además de la definición de metas de reducción de emisiones y el monitoreo de compromisos internacionales asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París.

Nueva distribución de funciones
Tras la reestructuración, las políticas vinculadas a eventos climáticos extremos y la implementación de la Ley 27.520 de Cambio Climático quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación, lo que supone una reorganización dentro de un área más amplia.
El Gobierno argumenta que la medida busca optimizar la gestión estatal, aunque distintos sectores advierten que podría significar un debilitamiento del enfoque ambiental, al reducir jerarquía y diluir la atención específica sobre problemáticas como el cambio climático.

Bosques nativos en cifras
Argentina cuenta con 53,6 millones de hectáreas de bosques nativos, que cubren cerca del 19% del territorio continental.
- Parque Chaqueño: concentra el 67% de la superficie, con Santiago del Estero como provincia líder.
- Espinal: segunda región en importancia.
- Selvas Yungas y Paranaense: alta densidad forestal.
- Bosque Andino Patagónico: franja boscosa en el sur.
- Monte y Delta/Islas del Paraná: otras áreas relevantes.

Situación actual
- Pérdida de superficie: más de 10 millones de hectáreas en los últimos 40 años.
- Deforestación: afecta principalmente al norte del país (Santiago del Estero, Chaco y Formosa), por expansión agrícola y ganadera.
- Impactos: el 12% de la superficie nacional sufrió incendios y el 58% erosión.
La Ley de Bosques (26.331) establece un ordenamiento territorial con tres categorías:
- Rojo (I): muy alto valor, prohibida su transformación.
- Amarillo (II): mediano valor, uso sostenible.
- Verde (III): bajo valor, transformación parcial o total.

Debate abierto
La reestructuración vuelve a poner en discusión el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda nacional. Para algunos especialistas, la reducción de jerarquía en Bosques y la eliminación de áreas específicas de cambio climático representan un retroceso en la capacidad del Estado para enfrentar desafíos ambientales y cumplir compromisos internacionales.
La decisión de reorganizar el área de Ambiente refleja tensiones entre la búsqueda de eficiencia administrativa y la necesidad de fortalecer políticas ambientales estratégicas.
En un país con alta tasa de deforestación y compromisos internacionales en materia climática, el debate sobre la jerarquía institucional y la prioridad de los bosques y el cambio climático se vuelve central para definir el rumbo de la gestión ambiental.
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Mendoza amplía su política ambiental con más especies protegidas

Fecha de Publicación: 30/04/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Mendoza


La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en materia de conservación ambiental. A través de la Ley 9704, sancionada este 27 de abril de 2026, se amplió el listado de especies declaradas Monumento Natural Provincial, actualizando así la histórica Ley 6599. La medida incorpora nuevos animales que desde ahora contarán con mayor protección legal dentro del territorio mendocino.
La normativa no solo apunta a preservar a las especies en sí, sino también a sus hábitats naturales. Esto implica que cualquier intervención que afecte los ecosistemas donde viven quedará alcanzada por la ley. El objetivo central es frenar el deterioro ambiental que, en los últimos años, viene impactando sobre distintos ambientes de la provincia.
Este avance legislativo se da en un contexto de creciente preocupación científica. Diversas investigaciones vienen alertando sobre la fragilidad ambiental de Mendoza, donde la aridez, el avance de la actividad humana y los efectos del cambio climático ejercen una presión constante sobre la fauna. En varios casos, ya se observan señales claras de retroceso poblacional.

Qué cambia con la nueva legislación
La modificación del artículo 1 de la Ley 6599 introduce una actualización clave en el listado de especies protegidas. A los animales históricamente incluidos, como el cóndor, el guanaco o el pichiciego, se suman ahora nuevas especies que estaban bajo evaluación desde 2025.
Esta ampliación incorpora animales con distintos niveles de riesgo. Algunos se encuentran en peligro crítico de extinción, mientras que otros presentan una disminución sostenida en sus poblaciones dentro de Mendoza. Con este enfoque, la provincia busca fortalecer su marco legal no solo para resguardar especies emblemáticas, sino también aquellas menos visibles pero fundamentales para el equilibrio ecológico.

Las especies que se suman a la protección
Entre las nuevas incorporaciones aparece el piche, un armadillo catalogado como “casi amenazado”, afectado principalmente por la caza furtiva y la pérdida de hábitat.
También se suma el cardenal amarillo, una de las aves más perseguidas por el tráfico ilegal, y el siete cuchillos, cuya población local viene en descenso pese a no estar globalmente amenazado.
El águila coronada forma parte del listado debido a su baja densidad poblacional y a las amenazas constantes que enfrenta.
En un estado aún más crítico se encuentra la ranita del Pehuenche, incluida en el denominado “Plan Extinción Cero”, lo que evidencia la urgencia de su conservación.
Otro caso relevante es el de la lagartija del Nihuil, una especie endémica —única en el mundo— cuya supervivencia depende directamente de la protección de su ambiente natural.
A su vez, el gato andino, uno de los felinos más esquivos y menos estudiados, también fue incorporado debido a la fragmentación de sus poblaciones.
La lista se completa con el bagre otuno, una especie poco conocida pero clave para comprender los ecosistemas acuáticos locales. Su inclusión marca otro aspecto importante de la ley: la ampliación del enfoque de conservación hacia ambientes de agua.

Una apuesta por el equilibrio ecológico
Con la sanción de la Ley 9704, Mendoza refuerza su estrategia ambiental en un escenario cada vez más desafiante. La protección integral de especies y hábitats busca garantizar no solo la supervivencia de la fauna, sino también el equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en la región.
La actualización normativa representa un paso significativo en la política de conservación provincial, alineada con la necesidad de enfrentar el deterioro ambiental y preservar la biodiversidad para las futuras generaciones.
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Qué pasó en la planta de Atanor: químicos en el aire, vecinos afectados y un escándalo ambiental que crece 

Fecha de Publicación: 29/04/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Una explosión en la madrugada del 20 de marzo de 2024 esparció una nube tóxica sobre los barrios de San Nicolás. La tapa de un reactor de la planta Atanor estalló mientras se producía atrazina, uno de los herbicidas más usados en la agricultura argentina.
El estallido liberó cianurilo y otros químicos contaminantes al aire. Los vecinos del Barrio Química, el más cercano a la fábrica, sintieron picazón en los ojos y ardor en la garganta, según publicó la periodista Mariela Castro en el sitio EconomíaSustentable.com.
Un operador de la compañía resultó herido de gravedad. Los bomberos de San Nicolás y Ramallo controlaron el foco, según informó la empresa.
Atanor, que pertenece al grupo estadounidense Albaugh, es la principal productora de herbicidas del país. Sus plaguicidas estrella son el glifosato, la atrazina y el 2,4-D, muy requeridos por la agricultura industrial para controlar malezas en cultivos de soja, maíz y trigo.
Estos mismos productos tienen su uso limitado en varios países de Europa, Latinoamérica y Asia. Los gobiernos restringen su aplicación por sus impactos ambientales y sus potenciales riesgos para la salud humana.
La firma sostiene en su Reporte de Sustentabilidad 2024 que busca un crecimiento sustentable. Asegura que entiende que la salud de las personas y las comunidades depende de las elecciones que hace como compañía.
Sin embargo, cuando se revisan los incidentes que involucran a su planta ubicada a orillas del río Paraná, los antecedentes judiciales y las denuncias por contaminación se acumulan, según indicó EconomíaSustentable.com.

Qué pasó tras la explosión que esparció agroquímicos sobre el barrio
El comunicado oficial de Atanor, publicado por el diario La Nación, dio cuenta de un incidente controlado rápidamente. La empresa se abocó a tareas de limpieza junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en atención de emergencias tecnológicas.
Esa versión no incluyó el miedo que sintieron quienes habitan el Barrio Química. Tampoco mencionó los ojos y gargantas que empezaron a escocer por estar inhalando aire contaminado con cianurilo, un ácido que se utiliza en los productos que la compañía comercializa.
Los vecinos se alarmaron, pero no se sorprendieron. Ya en 2016 había ocurrido un incendio similar, pocos meses después de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, según indicó EconomíaSustentable.com.
Greenpeace fue de los primeros en hacerse eco del caso. Diego Salas, director de programas de la ONG en Argentina, recuerda: "Desde las primeras horas tras la explosión estuvimos ahí, acompañando a los vecinos, para documentar y exigir solución".
La organización realizó análisis en los barrios cercanos. Los resultados arrojaron la existencia de atrazina y otros químicos contaminantes en el aire y superficies.
A pesar de estas pruebas concretas y de los reclamos judiciales de los damnificados, siguen sin conocerse las causas detrás del incidente. Tampoco hubo dictamen sobre quiénes fueron responsables del estallido que afectó la salud de cientos de familias.

Por qué Atanor dejó de producir atrazina en San Nicolás
Tras la explosión de marzo de 2024, Atanor no tuvo mayores problemas en conseguir el Certificado de Aptitud Ambiental. La empresa continuó entregando al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) los avances del Plan de Gestión Ambiental para seguir operando.
Pero lo que la contaminación sobre el Barrio Química no logró cuestionar, sí lo hizo una inspección realizada en julio de 2025 por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA).
Los inspectores detectaron una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga representaba un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica, según indicó EconomíaSustentable.com.
La irregularidad llevó al cierre de operaciones en la ciudad. Atanor dijo públicamente que las razones de este cambio fueron la búsqueda de "optimizar la competitividad y la eficiencia".
La firma divide su producción entre dos plantas ubicadas en las localidades bonaerenses de Pilar y San Nicolás, y una tercera en Río Tercero, provincia de Córdoba. Tras el cierre de San Nicolás, la producción se concentró en los otros dos sitios.

Los tóxicos que siguen apareciendo en el río Paraná
Las pruebas del presunto mal accionar de Atanor siguen apareciendo. En octubre de 2024, otro estudio reveló la presencia de plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del río Paraná.
Ese mismo arroyo recibió durante años los efluentes de la producción de la planta química. Los análisis detectaron sustancias que deberían haber desaparecido del ambiente hace décadas.
Fabián Maggi, representante legal de FOMEA y de vecinos de San Nicolás, señala: "Aunque la planta industrial ya fue clausurada, los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente".
Tanto el río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa química.
Entre las evidencias que acumulan los expedientes judiciales están la clausura de 2016 por el riesgo que significaba para los habitantes la producción de sustancias tóxicas, la ampliación en 2019 sin los supuestos permisos correspondientes y la sentencia judicial de 2023 por contaminar y causar daños severos a la salud.
Todo indicaría que el accionar de la firma se aleja de ser "responsable con su actividad" y de "generar resultados positivos para las comunidades" en las que opera, como pregona en sus reportes de sustentabilidad.
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“El mar ya está contra los acantilados”: se agrava la erosión en un paraíso natural y pone en riesgo balnearios y residencias

Fecha de Publicación: 29/04/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Desde hace 20 años, la Bahía de los Vientos pierde territorio; las toneladas de roca arrojadas al pie de los acantilados de Quequén no alcanzan para contener los socavones 
Por si fuera poco el castigo diario y constante de las olas y el viento, esa porción de acantilados y cual si fuera un queso de estilo suizo se muestra con una perforación al lado de otra, obra de los loros barranqueros que abundan en multitud sobre este frente de costa, generan allí miles de nidos, musicalizan el ambiente con graznidos a coro y contribuyen también, pizca por pizca de tierra, a un proceso de erosión costera que se agrava día a día al norte de la desembocadura del río Quequén.
La intervención de las aves es el costado más pintoresco de un grave problema que se palpita, vive y sufre cada vez más en este paisaje de lo que se conoce como Bahía de los Vientos, un paraíso natural de cara a la inmensidad del mar, a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad de Necochea, perfilado en las últimas décadas como un nuevo gran foco de atracción turística y, en particular desde la pospandemia, escenario de un pujante e innovador desarrollo inmobiliario. 
La abundancia de superficie de playas que este distrito ostentó desde siempre perdió territorio en esta zona puntual desde hace casi 20 años, cuando se inauguró una obra que extendió en casi 400 metros la Escollera Sur del potente y muy activo puerto de Quequén, convertida desde entonces en un mayor obstáculo para la arena que al ritmo de la deriva litoral debía abastecer a la costa.
El resultado, al cabo de casi dos décadas, fue la desaparición casi por completo de al menos 2500 metros de espacio de uso como balneario, desde extremo norte del actual parador Las Olas hasta una lengua de acantilados que se pronuncia hacia el mar y que los lugareños conocen como Punta Carballido. 
Las toneladas de rocas arrojadas durante los últimos años al pie de los acantilados, dispuestos paralelos a la costa con intenciones de muralla más firme, de poco han servido. El océano gana terreno, predomina sobre esas defensas, las mueve de aquí para allá con su poderosa energía y comienza a poner en riesgo a las propiedades que están en primera línea de mar. Algunas con larga historia por allí, cuando esa postal era un páramo solo visitado por pescadores; y otras de construcción reciente, nacidas como alojamiento para visitantes que empiezan a descubrir un escenario caracterizado por tranquilidad y, cada vez más, como destino con mayor calidad de vida como valor agregado.

Remediación de playas
La solución, según coinciden los vecinos que aparecen como principales damnificados frente a la pérdida de arena, está en manos del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. El ente fue responsable de aquella obra inaugurada en 2008. Por esos días ya se anticipaba que habría que ejecutar una obra de remediación de las playas más próximas. La receta que hoy se evalúa se llama refulado: es el rescate de arena retenida sobre el margen este de la escollera o bien producto del dragado del canal de acceso para volcarla sobre la costa mediante cañerías.
El trabajo, que también tendría financiamiento asegurado por esta administración portuaria, sería muy similar a aquel que se realizó en 1998 en Mar del Plata, cuando con esta metodología se amplió la superficie de arena desde Playa Grande hasta Punta Iglesias. También allí el problema es el obstáculo que representa la Escollera Sur para la deriva natural.
El actual presidente del Consorcio de Gestión de Quequén, Mariano Carrillo, confirmó hace un mes y medio que esta obra está en los planes más inmediatos. “Tenemos el compromiso de avanzar con el estudio de impacto ambiental que permitirá concretar el refulado y recuperar nuestras playas”, confirmó durante el acto del aniversario de este puerto. Dijo entonces que “es una obra necesaria para devolverle a Quequén toda su grandeza”.
El puerto de Quequén tiene una fuerte participación en el movimiento de cereales y aquella obra de extensión de su Escollera Sur contribuyó a la operatoria con buques de mayor magnitud, lo que al mismo tiempo implicó mayor actividad y mayores recursos. De esos ingresos se espera que surjan los fondos para el refulado, si es que se considera esa metodología para dar una primera solución a esta coyuntura. 
LA NACION consultó sobre el estado de avance del estudio de impacto ambiental previsto como primer paso hacia la posibilidad de la obra de refulado. No hubo precisiones debido a urgencias que atravesaba esa terminal con una protesta de camioneros que mantuvo paralizada la operatoria durante las últimas tres semanas y fue foco principal para el directorio que está a cargo de esa administración.
“El proceso de avance del mar está súper acelerado, es exponencial y será cada vez peor”, dice a LA NACION Néstor Diez, ingeniero civil y de los que apuesta a esa siembra artificial de arena como alternativa adecuada. “Es refulado para recuperar superficie y escollerados para retener arena”, explicó. Uno sin lo otro, advierte, implicará cuestión de tiempo para que todo vuelva a ser como hoy. 
Las voces de reclamo se multiplican, pero no tienen tenor de conflicto con la administración portuaria sino de impulso para avanzar en lo que entienden que es un compromiso ya asumido para emprender la obra. “Se ve buena voluntad y se hará en la medida que se pueda”, reconoció Diez a LA NACION.

Avenida desaparecida
El tiempo corre y frente de acantilados retrocede cada vez más, a medida que el mar avanza. Por ejemplo, se perdió definitivamente un tramo de la avenida Costanera o calle 500, que la altura del cruce con la 549 tiene un abrupto final para reaparecer recién varios cientos de metros más adelante.
Verónica Bertoldi hace cuatro años que vive en Bahía de los Vientos. “Cuando llegamos acá los autos paraban delante de nuestro complejo, hoy no quedó nada”, dice. Incluso mucho antes había calle y tenía recorrido una línea de colectivos. Ahora muestra el límite del parque delantero de sus cabañas con un despeñadero que se le viene encima. “Cuando hay sudestada las olas están acá nomás y llegan hasta la propia construcción”, asegura LA NACION.
Quienes por aquí andan hace mucho más tiempo reconocen que la zona se había convertido en un frente de playa virgen que permitía recorrer a pie y sobre arena varios cientos de metros. “Hoy pronto uno se encuentra con las defensas de piedra y en determinados sectores directamente ya no se puede avanzar porque el agua está contra el acantilado”, explica Martín Palleiro, que hace 50 años comenzó a veranear por Quequén y desde hace 26 se radicó, con operatoria vinculada con la comercialización de cereales. 
Bahía de los Vientos luce por estos tiempos nuevas y modernas construcciones con otras pioneras y de estilo marino que asoman al peligro en esa primera línea, como “La mejillonera” o “Viento Norte”, apenas algunas de las que han sido testigos de los viejos buenos tiempos y estos más recientes, de amenaza y un eventual riesgo por desmoronamientos.
Las inversiones por allí se multiplican y también por ello hay preocupación porque el valor del lugar asoma mucho más sólido en la medida en que ofrezca playa cercana y, sobre todo, mantener a distancia el mar que tiene en su ADN esa tendencia en avanzar y ganar terreno.
Algunos de los proyectos en curso empiezan a mostrar edificaciones en altura. El límite que tiene el Código de Ordenamiento Urbano para Bahía de los Vientos se estableció en un máximo de cuatro pisos. Esos departamentos, a algo más de 200 metros de la costa, ofrecen una vista plena al mar. Las casas originales no solo lo ven desde sus ventanales: empiezan a sentirlo cada vez más cerca de sus cimientos.
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Día Internacional de los Anfibios: el proyecto que busca salvar a la rana patagónica de la extinción

Fecha de Publicación: 28/04/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia - Nacional


En el marco del Día Internacional de los Anfibios, especialistas trabajan contrarreloj en un proyecto de conservación para evitar la pérdida definitiva de esta especie endémica; su capacidad de adaptación la convierte en un modelo biológico único
En el marco del Día Internacional de los Anfibios, la situación de la biodiversidad argentina cobra especial relevancia. De los 175 taxones identificados en el país, 51 enfrentan riesgos críticos de conservación, siendo los géneros Alsodes, Atelognathus y Telmatobius los más vulnerables. Entre ellos, la rana patagónica (Atelognathus patagonicus) se convirtió en el foco de un proyecto estratégico que busca revertir su posible desaparición mediante la cría profesional y la restauración del hábitat, una iniciativa conjunta entre la Fundación Temaikèn y la Administración de Parques Nacionales (APN).
La importancia de preservar a esta especie trasciende su valor intrínseco. Los anfibios actúan como bioindicadores ambientales fundamentales: su piel permeable y su ciclo de vida dual —acuático y terrestre— los vuelven extremadamente sensibles a la calidad del agua, la contaminación y las alteraciones del entorno. 
Su estado de salud refleja, en consecuencia, el equilibrio de los ecosistemas donde habitan. En el caso de la rana patagónica, su protección resulta vital debido a que presenta una plasticidad fenotípica excepcional; es capaz de expresar dos morfotipos distintos según las condiciones ambientales.
Ante la retracción de los cuerpos de agua provocada por el cambio climático, estos animales pueden adaptar sus características morfológicas y fisiológicas para subsistir en un entorno terrestre, un fenómeno que los convierte en un modelo de estudio científico de gran valor.
Desde 2023, el proyecto busca rescatar individuos de lagunas temporarias en proceso de desecación para trasladarlos al Bioparque. El objetivo central es desarrollar un programa de reproducción bajo cuidado humano que permita crear un nuevo núcleo poblacional para su futura reintroducción en la naturaleza.
Hasta la fecha, los especialistas han recibido 64 ejemplares, de los cuales 34 permanecen bajo observación constante. Según los registros, las bajas iniciales fueron calificadas como esperables, dada la escasez de antecedentes sobre el manejo de esta especie en cautiverio. 
A través de mediciones morfométricas, pesajes periódicos y un sistema de identificación basado en manchas dorsales, el equipo técnico logró avances significativos, tales como la identificación de períodos de reabsorción ovárica en hembras y cambios en la coloración de las callosidades nupciales en machos.
Aunque el conocimiento sobre su fisiología y requerimientos reproductivos sigue siendo limitado, la información recolectada resulta clave para el desarrollo de futuras estrategias de conservación. 
Paralelamente, Parques Nacionales, con el respaldo técnico de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en la restauración de los hábitats naturales, incluyendo el control de especies invasoras. Pese a estos esfuerzos, la reinserción inmediata de los ejemplares en la Laguna Blanca no es viable, debido a que la recuperación del ecosistema es un proceso a largo plazo.
La ciencia argentina mantiene su apuesta por esta especie, entendiendo que cada individuo rescatado representa una pieza fundamental para evitar que la singularidad biológica de la Patagonia se pierda definitivamente frente a los desafíos climáticos actuales.
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Investigan un episodio de contaminación en el Río Salí y buscan determinar su origen

Fecha de Publicación: 28/04/2026
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


El hecho fue detectado en el Canal Troncal tras denuncias de pescadores. Defensoría del Pueblo llevó tranquilidad, aunque continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades.
Un episodio de presunta contaminación en el Río Salí encendió las alertas en la región, luego de que pescadores advirtieran cambios inusuales en el agua y la aparición de peces muertos en el Canal Troncal, dentro de la cuenca Salí-Dulce.
El hecho fue reportado el pasado 22 de abril en la zona de Los Puestos, sobre la Ruta Nacional 9, lo que motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, encabezada por Daniel Escobar Correa.
Según informaron desde el organismo, en las primeras horas del día siguiente se realizó un relevamiento en el lugar, donde se constató que la situación no persistía. Además, se verificó la ausencia de olores extraños y no se registraron nuevos casos de mortandad de fauna ictícola, lo que llevó tranquilidad a la población.
No obstante, desde Defensoría señalaron que el monitoreo sobre la calidad del agua se mantiene de manera permanente desde 2012, con controles diarios en más de treinta puntos, incluyendo afluentes y efluentes industriales que impactan en el Embalse de Río Hondo.
En base a los primeros indicios, se presume que el incidente podría estar vinculado al vertido de residuos en el canal, posiblemente derivados de tareas de limpieza de maquinaria agrícola utilizada durante la zafra azucarera, pertenecientes a empresas o productores del sector.
Frente a este escenario, el organismo confirmó que continuará con las tareas investigativas para determinar el origen del hecho y establecer eventuales sanciones conforme a la normativa ambiental vigente.
Asimismo, se dio intervención a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, cuyos equipos técnicos ya realizaron inspecciones en la zona afectada. Se espera que en las próximas horas se intercambie información entre ambas jurisdicciones para profundizar el análisis del caso.
Finalmente, Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección del ambiente, la salud pública y el control de los recursos naturales, destacando la importancia de actuar con rapidez ante cualquier situación que pueda alterar el equilibrio ecológico en la región.
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Las energías renovables ganan terreno en la generación total de electricidad en la Argentina 

Fecha de Publicación: 27/04/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Se confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años. Las energías limpias empiezan a funcionar como un complemento estructural del sistema, especialmente en momentos donde otras fuentes pierden capacidad de generación.
El mercado eléctrico argentino sigue dando señales de transformación estructural, con un crecimiento sostenido de las energías renovables. Los datos de marzo de 2026 confirman que la expansión de fuentes limpias ya no es marginal, sino un componente cada vez más relevante dentro del mix energético.
Durante ese mes, la generación renovable registró un aumento interanual del 5,2%, un dato que cobra mayor relevancia si se lo analiza en un contexto donde otras fuentes, como la nuclear y la hidráulica, mostraron caídas significativas. En ese escenario, las renovables no solo crecieron, sino que cumplieron un rol clave para sostener la oferta total de energía, que avanzó un 2,7% interanual.
 Este desempeño, relevado por la consultora RICSA ALyc, confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: las energías limpias empiezan a funcionar como un complemento estructural del sistema, especialmente en momentos donde otras fuentes pierden capacidad de generación.

Solar y eólica: las protagonistas del cambio
El crecimiento de las renovables tiene dos protagonistas claros: la energía solar y la eólica. En marzo, la generación solar mostró un salto interanual del 42%, alcanzando los 542 GWh y posicionándose como la fuente de mayor expansión dentro del sistema eléctrico.
Este avance no es menor. La energía solar ya representa el 6% del mix total, con una capacidad instalada de 2.574 MW. Más allá del número, lo relevante es la velocidad de crecimiento, que refleja una aceleración en la incorporación de proyectos y una mejora en la eficiencia de esta tecnología.
Por su parte, la energía eólica también consolidó su expansión, con un incremento del 13,2% interanual y una generación de 1.627 GWh. Con 4.559 MW instalados, la eólica aporta el 10% del total y se mantiene como la principal fuente renovable después de la hidráulica.
En conjunto, ambas tecnologías alcanzan el 16% del mix energético, lo que marca un punto de inflexión: las renovables ya no son un complemento marginal, sino un actor relevante dentro del sistema eléctrico argentino.

Un crecimiento que compensa caídas estructurales
El avance de las energías renovables se da en un contexto desafiante para el sistema energético. En marzo, la generación nuclear cayó un 35,5% interanual, mientras que la hidráulica retrocedió un 7,9%.
Frente a ese escenario, el sistema se sostuvo gracias a dos pilares: el aumento de la generación térmica, que creció un 7,2%, y el avance de las renovables. Esta combinación permitió compensar las caídas y evitar un impacto mayor sobre la oferta total de energía.
Sin embargo, el dato deja una lectura más profunda. Mientras las renovables avanzan, la generación térmica sigue siendo el principal recurso de ajuste del sistema, lo que evidencia que la transición energética todavía convive con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

La transición energética, en marcha pero incompleta
El crecimiento de las renovables muestra que la transición energética en Argentina está en marcha, pero también deja en claro sus límites. A pesar del avance de la solar y la eólica, el sistema sigue dependiendo en gran medida de fuentes tradicionales para garantizar estabilidad y cobertura.
En marzo, la demanda total alcanzó los 11.936 GWh, con un crecimiento moderado del 2,4% interanual, lo que indica que el aumento de la generación renovable se da en paralelo a una demanda relativamente estable.
Esto implica que el desafío no es solo aumentar la capacidad instalada, sino también mejorar la integración de las renovables al sistema, optimizando su participación sin comprometer la seguridad energética.

Un rol clave en el futuro del sistema eléctrico
El avance de las energías renovables no solo tiene impacto en la matriz energética, sino también en la estructura de costos y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En un contexto de volatilidad internacional en los precios de la energía, contar con fuentes locales y limpias se vuelve un activo estratégico.
Además, el crecimiento de estas tecnologías permite reducir la dependencia de combustibles importados y mitigar el impacto de factores externos sobre el costo de la energía.
Sin embargo, el informe también deja en evidencia que el proceso de transformación requiere tiempo. La expansión de las renovables, aunque sostenida, todavía no alcanza para reemplazar el peso de las fuentes tradicionales, especialmente en momentos de alta demanda o baja generación hidráulica.

Una tendencia que llegó para quedarse
Los datos de marzo confirman que las energías renovables están ganando terreno de manera sostenida en la Argentina. El fuerte crecimiento de la solar y la consolidación de la eólica muestran que el cambio en la matriz energética ya está en marcha.
El desafío hacia adelante será sostener ese ritmo de expansión, mejorar la infraestructura y avanzar en una integración más eficiente al sistema eléctrico. Porque, si bien las renovables ya son una pieza clave, todavía tienen margen para crecer y convertirse en el eje central del modelo energético argentino.
En ese camino, su evolución no solo definirá la estructura del sistema eléctrico, sino también la competitividad y la sustentabilidad de la economía en los próximos años.
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El Gobierno promulgó la ley de Glaciares y la sociedad sale a la calle

Fecha de Publicación: 27/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La justicia federal le dio lugar a un reclamo colectivo y suspendió la aplicación de la norma en Santa Cruz. 
El Gobierno de Javier Milei promulgó hoy la nueva Ley de Glaciares mientras crece el rechazo a la reforma que habilita la explotación minera en zonas que ponen en riesgo las reservas de agua dulce. Es por eso que hoy habrá una marcha de antorchas en el centro porteño que unirá ese reclamo con el del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno ultraderechista se niega a aplicar pese a la ratificación del Congreso. Por otra parte, la justicia federal de Río Gallegos hizo lugar a un pedido de amparo colectivo que suspende la aplicación de la ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz.
Sin objeción ni observación alguna, el Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley N° 27.804 que introduce modificaciones al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. Entre ellas, la transferencia de competencias hacia las provincias donde --a partir de ahora-- cada una establecerá sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos. O por el contrario, sometidas a la práctica extractivista favorecida por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Antorchas
A pesar de la decisión de la Casa Rosada, la norma genera resistencia de parte de organizaciones ambientalistas y movimientos ecologistas así como del ámbito académico y científico. Este sábado por la tarde-noche se llevará a cabo una nueva marcha de antorchas en contra de la reforma. La convocatoria está prevista para este sábado las 18.30 horas en la esquina de Callao y Corrientes.
Las organizaciones ambientales han advertido del riesgo ecológico, ya que se trata de un cambio sustancial respecto de la ley original. Sancionada en 2010, la norma establecía la protección de esas áreas por tratarse de reservas únicas y, por lo tanto, restringía la posibilidad de su explotación. Especialmente, porque de habilitarse ahora la actividad minera en las zonas protegidas se pondría en peligro de contaminación a las reservas de agua potable, cuyos cursos atraviesan varias provincias y alcanzan a millones de personas por fuera del territorio de la jurisdicción provincial que habilite el proceso extractivista.
Entre los organizadores también está la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires porque la protesta también unirá el reclamo por la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la preocupante situación económica que atraviesan las universidades públicas nacionales, profesores y personal no docente. Una normativa que el Gobierno libertario se niega a cumplir a pesar de ser aprobada y ratificada por el Congreso nacional y del emplazamiento judicial para aplicarla.

Amparo en Santa Cruz
Tras su promulgación, la reforma a la Ley de Glaciares sufrió ayer su primer revés en los tribunales. La Justicia Federal de Río Gallegos, a través del magistrado Claudio Vázquez, dictó una medida cautelar en el marco de un amparo colectivo ambiental presentado por autoridades de El Calafate (Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo, Diputados/as) que ordena al Estado Nacional a abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar actos que afecten glaciares o el ambiente periglacial, en el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esa causa.
La demanda plantea que la aplicación de la reforma implicaría una modificación sustancial del régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en tanto reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría el desarrollo de actividades actualmente prohibidas en dichas zonas. Ello se señala como una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639, afectando el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, toda vez que se trasladan a las provincias facultades que corresponden al Congreso de la Nación.
En tanto, la decisión cautelar expone primero la relevancia que reviste la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, tanto a nivel global como en el ámbito nacional, regional y local. Asimismo, se realiza un repaso por las distintas actividades económicas que se vinculan, en tanto su regulación y eventual modificación proyectan efectos directos sobre los modelos de desarrollo de las regiones involucradas.
Luego del repaso por los principios constitucionales y ambientales, concluye que los recaudos de la decisión cautelar se encuentran cumplidos, señalando especialmente que “la demora en el dictado de una sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección pretendida, en caso de verificarse la realización de actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente”.
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Cambio climático: el SMN anticipa meses con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país 

Fecha de Publicación: 25/04/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé una mayor probabilidad de registros térmicos superiores al promedio histórico entre abril y junio de 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su Pronóstico Climático Trimestral y mantuvo una señal térmica que atraviesa buena parte de la Argentina: entre abril, mayo y junio de 2026 predominan las probabilidades de temperaturas normales o superiores a las normales, con focos donde la chance de registros más altos que el promedio aparece más marcada.
De acuerdo con el organismo, la señal más definida se concentra sobre sectores del Litoral, además de áreas de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde el trimestre se perfila con una categoría superior a la normal.
En otras zonas del país, como el NOA, Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico se ubica entre normal y superior a la normal, lo que también deja abierta la posibilidad de un período más cálido de lo habitual.

Qué implica el pronóstico del SMN para el otoño y el inicio del invierno
El informe no constituye un pronóstico diario ni asegura que cada jornada vaya a ser cálida, sino que marca una tendencia climática para el trimestre. En ese marco, el dato saliente es que el mapa oficial no muestra regiones del país con predominio de temperaturas por debajo de los valores históricos, una señal que refuerza el sesgo cálido para el cierre del otoño y el arranque del invierno.
Este tipo de escenario puede tener impacto en distintas actividades, desde la demanda energética hasta la producción agropecuaria, además de modificar hábitos de consumo y planificación cotidiana.
Por eso, desde el organismo recomiendan seguir las próximas actualizaciones del pronóstico trimestral y los reportes de corto plazo, ya que dentro de una tendencia general más cálida igualmente pueden darse eventos puntuales de frío o variaciones bruscas.
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Vecinos de Villa Allende denuncian el cierre de acceso a un arroyo por minera

Fecha de Publicación: 25/04/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Córdoba


La situación fue reportada por residentes de Villa Allende, quienes viralizaron un video mostrando el bloqueo del acceso a un arroyo, utilizado por la comunidad y turistas.
Un grupo de vecinos de Villa Allende ha denunciado que una minera ha cerrado el acceso a un arroyo local, generando un gran revuelo en las redes sociales tras la difusión de un video grabado por un habitante de la zona.
De acuerdo a la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, los residentes afirman que la cantera El Gran Ombú ha alterado la ubicación de uno de sus portones, lo que ha resultado en el bloqueo del acceso a un arroyo en la región.
El video que ha circulado en las redes muestra un cierre en el camino que conducía al curso de agua. Según los denunciantes, el portón ha sido desplazado, lo que imposibilita el ingreso a un área que tradicionalmente era utilizada tanto por los vecinos como por turistas que visitan las Sierras Chicas.
Los habitantes de la ciudad han expresado su descontento y preocupación, resaltando que el camino existía desde hacía varios años y permitía el acceso al arroyo sin necesidad de atravesar terrenos privados o restringidos.
La situación ha provocado enojo en la comunidad, ya que se trata de un espacio natural muy apreciado por los residentes. El video revela que el portón se encuentra ahora en un tramo que anteriormente estaba libre, cerrando así el paso hacia el arroyo.
Por otro lado, se ha informado que desde hace tiempo, tanto vecinos como organizaciones ambientales han cuestionado el avance de la explotación minera en áreas cercanas a bosques nativos, reservas y cursos de agua. Han surgido denuncias sobre el posible cierre de caminos históricos, y los habitantes advierten que la expansión de la cantera podría tener un impacto negativo en zonas de alto valor ambiental.
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Amparo contra la minería en Palma Sola

Fecha de Publicación: 24/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La acción es contra el Estado de Jujuy y la empresa Mom Mining, que explota cobre en las Serranías de Santa Bárbara. Los habitantes de Palma Sola aseguran que hubo irregularidades en el proceso de autorización de la mina, que el proyecto se emplaza en una zona de bosque nativo protegido y que nunca fueron consultados ni informados del emprendimiento. 
El 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, presentó una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, contra la que también va el amparo.
La acción, ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, es impulsada por 13 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos sectores: campesinado, docentes, trabajadores de la salud, comerciantes y jubilados. Todos coinciden en que dependen del bosque, el agua y la tierra para su vida, su cultura y su subsistencia.
Todos estos bienes serían afectados por el proyecto minero, que se ubica en una zona de alta biodiversidad y bosques nativos protegidos, en los que “ya se han constatado desmontes, daños a cursos de agua y afectación de especies en peligro, con impactos actuales y potencialmente irreversibles”.
Además de la afectación ambiental, vecinos y vecinas denunciaron que “las autorizaciones fueron otorgadas con graves irregularidades, sin participación ciudadana real, sin audiencias públicas y con información incompleta o desactualizada”.
Asimismo, en el amparo, con representación de las abogadas Samanta Jimena Delgado y María José Castillo, se planteó la inconstitucionalidad de los decretos 5772/2010 (de reglamentación de la ley general de ambiente de Jujuy) y 7551/2023 (que derogó al primero) “por limitar el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales”.
El amparo sostiene además que "la naturaleza debe ser reconocida como sujeto de derechos, lo que implica su protección integral frente a actividades que la destruyen". Y solicita como medida urgente, cautelar, la "suspensión inmediata del proyecto, la prohibición de desmontes y la protección efectiva del ambiente“.
La acción judicial fue el resultado de un largo proceso iniciado a finales de 2025, cuando los habitantes de Palma Sola advirtieron que se estaba instalando una planta de lavado de minerales en el barrio Agua Negra de ese pueblo. La preocupación por la posibilidad de que las sustancias químicas que se usan para la lixiviación afectara su salud les llevó a indagar más y así se enteraron de que desde 2013 estaba en marcha un proyecto minero en su propio territorio, contó a Salta/12 Vanesa Méndez, una de las amparistas.
Vanesa dijo que hasta entonces creían que era una ripiera. En 2020 comenzaron a ver camiones cargados con lo que creían que era ripio, pero después supieron que “era roca que llevaban a Chile para lavarla”.
Vanesa resumió en una frase la cuestión central sobre la explotación minera: “Nosotros no recibimos ningún beneficio y nos perjudica”.
El proyecto minero se encuentra a unos 25 kilómetros de Palma Sola, en las Serranías de Santa Bárbara, un cerro sagrado para los palmasoleños, porque de él se nutren de agua. A su pie, en el paraje Siete Aguas, hay una comunidad criolla dedicada a la cría de animales y la agricultura.

“Ese cerro nos da la vida”
Después de varios reclamos, en diciembre del año pasado directivos de Mom Mining participaron de dos reuniones en el Consorcio de Riego. Varios vecinos y vecinas mostraron su bronca.
“No metan mano en ese cerro porque es el que nos da la vida. La fuente de trabajo está generada por ese cerro que nos da el agua, que nos da la vida”, sostuvo una vecina que también tuvo reproches para el jefe comunal, Francisco Baquera, que había hablado de beneficios a través de las regalías: “No necesitamos regalías”, concluyó la vecina tras mencionar los dones del cerro, que permite el trabajo y el sustento.
Méndez dijo que los directivos afirmaron que estaba todo en regla y que iban a dar trabajo en la zona.
Ante la insistencia de las vecinas y vecinos el municipio constituyó una Mesa del Cobre, en cuyo marco hubo nuevas reuniones con directivos de la minera, de las que participaron funcionarios de las áreas de Minería y Ambiente de la provincia. Finalmente, la empresa desistió de instalar su planta de lavado en el barrio Agua Negra. Pero ya la atención se había fijado también en la mina. 
“(Los directivos de MOM) dijeron que venían a ayudarnos, que querían ser buenos vecinos”, contó Vanesa antes de señalar que rápidamente surgieron contradicciones. Mencionó dos: los representantes de la firma aseguraron que no iban a usar ácido sulfúrico pero en un escrito que les entregó la misma empresa afirma que los minerales serán lavados con esta sustancia química; los directivos dijeron que el emprendimiento iba a generar 162 puestos de trabajo, pero en el escrito se habla de solo 16.
La búsqueda de información y su difusión se topó con otras barreras. El único medio de comunicación local, la radio, es del municipio y al principio negó a los vecinos la posibilidad de hablar en ella. Entonces recurrieron a la vieja práctica de la visita casa por casa, así reunieron más de mil firmas en un escrito en el que reclamaron que les dieran explicaciones sobre el proyecto minero.

Un proceso irregular
Después de mucho andar, las vecinas y vecinos pudieron acceder al expediente administrativo del proyecto minero, y advirtieron irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental, sostiene el amparo.
La presentación judicial asegura que las resoluciones administrativas 125/2021 y 89/2024, de la Dirección Provincial de Minería, que autorizan la puesta en marcha del proyecto Martín Bronce, “son contrarias al régimen de protección del bosque nativo y han sido dictadas sin cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana exigidos por la normativa ambiental", por lo que pidieron “se dicte la nulidad absoluta e insanable” de ambas resoluciones y de las demás decisiones administrativas derivadas de ellas.
Sobre el pedido de que se dicte una medida de no innovar, en el amparo se destaca que ya el “daño ambiental resulta notorio, y el peligro de su agravamiento y profundización es actual e inminente, en razón de las actividades extractivas que se llevan adelante en el marco del proyecto”.
Es que esas actividades se desarrollan “en una zona boscosa de particular fragilidad ecológica”, lo que surge de los propios informes de impacto ambiental presentados por la empresa y que “ha sido expresamente reconocida por la provincia de Jujuy al aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que categoriza las áreas involucradas como de alto y mediano valor de conservación (categorías I y II)”.
Asimismo, en el amparo se advierte que “resulta imperiosa la adopción de medidas de protección reforzada en favor de los amparistas, en atención a su condición de población en situación de vulnerabilidad” porque residen “en proximidad inmediata al emprendimiento minero cuestionado, circunstancia que los expone de manera directa a los riesgos e impactos ambientales derivados de dicha actividad”.
Se señala también que el Acuerdo de Escazú, adoptado por el país, “impone a los Estados la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar amenazas, hostigamientos o cualquier tipo de riesgo en su contra”. Como confirmando esta aseveración, anteayer el conductor de una camioneta de la minera chocó al marido de una de las amparistas. Si bien el hombre está fuera de peligro, el hecho será denunciado en el Juzgado Ambiental.

Un proyecto en expansión
En el amparo se afirma además que el proyecto de explotación a cielo abierto de cobre “pretendía en un primer momento abarcar 27 has, con explotación directa de 8 has”. El informe de impacto ambiental se hizo sobre esta propuesta original.
Pero “el área efectivamente intervenida se ha ampliado de manera notoria, alcanzando actualmente miles de hectáreas y localizándose en zonas categorizadas como roja y amarilla" en el OTBN.
Además, el proyecto obtuvo factibilidad “únicamente respecto de 2,7 hectáreas, lo que evidencia una significativa discrepancia entre lo autorizado y lo ejecutado".
Y en ninguna de las etapas de aprobación se garantizó el “acceso previo a la información, ni se promovieron mecanismos efectivos de consulta y participación, tales como la realización de audiencias públicas”. Además, el proyecto se sitúa en una zona de bosque nativo de alto y mediano valor de conservación.
Los amparistas afirman que en este marco, estas actividades extractivas “configuran, en rigor, un supuesto de ilegalidad, en tanto se ejecutan en abierta contradicción con las limitaciones y prohibiciones establecidas para la protección de dichos bosques nativos”. En efecto, el artículo 14 de la ley 26.331 establece que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo ) y II (amarillo)”.
Esta región fitogeográfica próxima al ecosistema de las Yungas integra el Gran Chaco, de elevada biodiversidad. En el amparo se afirma que el “área involucrada constituye uno de los últimos remanentes de bosque nativo que aseguran la conectividad ecológica entre las Yungas" y la ecorregión chaqueña.
El área alberga “una notable diversidad de flora y fauna representativa”, y también “reviste una importancia estratégica para la protección de cuencas hídricas”.
En su portal web, el grupo Mom Mining se presenta como “una empresa minera jujeña enfocada en el desarrollo, exploración, potenciación y operación de proyectos mineros" e informa que surgió en 2020 para “la puesta en marcha de la Mina Martín Bronce”.
La firma detalla que forma parte del Grupo Villanueva, constituido por las empresas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros, y que actualmente “cuenta con tres proyectos mineros radicados en la provincia de Jujuy: Martín Bronce, La Auxiliadora y Lupe”. Estos dos últimos son yacimientos de oro aluvional. Además, generó “un Joint Venture (una asociación temporal) con la Planta Serranías ubicada en Iquique", Chile.
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Carne de ciervo axis y chancho salvaje: Corrientes proyecta un frigorífico para industrializar fauna exótica

Fecha de Publicación: 24/04/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Corrientes


El Gobierno provincial avanza firmemente en una estrategia para mitigar el impacto de las especies invasoras mediante su aprovechamiento comercial. El director de Recursos Naturales de Corrientes, Agustín Portela, anunció que se encuentra en marcha un proyecto para la instalación de un frigorífico multiespecies destinado al procesamiento de ciervo axis y chancho salvaje.
"Tenemos todo previsto para un sistema de matadero completo. Pienso que en el transcurso de este año lo vamos a poder habilitar o instalar", adelantó el funcionario. La iniciativa surge como respuesta a la superpoblación de estas especies en el territorio correntino, buscando transformar un problema ambiental y productivo en una oportunidad de negocio para el sector rural.

Valor agregado y salud alimentaria
El objetivo central de la medida es el aprovechamiento integral de las carnes bajo estrictos controles sanitarios. Portela destacó el potencial nutricional de estos animales, comparándolos favorablemente con otros alimentos de consumo masivo: "Es mucho más positivo consumir un kilo de carne de ciervo axis que consumir un kilo de harina. Es un recurso proteico disponible que es una pena que desperdiciemos".
El funcionario citó el ejemplo de países como China, donde el ciervo axis se cría específicamente para la comercialización, y remarcó la necesidad de darle valor agregado a lo que hoy es considerado una plaga para la producción agropecuaria tradicional.

Inversión privada y apoyo municipal
La puesta en marcha del frigorífico dependerá de la articulación con el sector privado, con el cual ya existen conversaciones avanzadas. Según Portela, municipios del sur provincial como Sauce y Perugorría han manifestado un marcado interés en el proyecto, dado que sus campos albergan un porcentaje de reproducción altísimo de estas especies.
“El proyecto está hecho para el privado. Nosotros vamos a dar el ejemplo de cómo tiene que ser el frigorífico y el que quiera hacerlo, que lo haga. Es un negocio rentable”, explicó el director, subrayando que la intervención estatal busca sentar las bases técnicas y normativas para la actividad.

Del mercado interno a la exportación
En una primera etapa, la producción estará orientada al mercado interno provincial. Sin embargo, el plan contempla una expansión gradual: “A medida que cumplimentemos los requisitos de Senasa, vamos a poder sacar la carne de la provincia y, si hay posibilidad de exportar, por supuesto se va a exportar”, aseguró Portela a radio Continental Corrientes.
Con esta planta, Corrientes busca liderar un modelo de gestión de fauna exótica que combine la preservación del ecosistema —amenazado por la competencia del axis con especies nativas— con la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales del interior.
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Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Córdoba crea un Observatorio Climático en medio del ajuste nacional al sistema meteorológico

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal DataDiario
Provincia/Región: Córdoba


La Provincia puso en marcha el Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC) para generar información estratégica y fortalecer políticas públicas, en un contexto de recortes al Servicio Meteorológico Nacional.
En un contexto de cuestionamientos por el recorte de recursos al sistema meteorológico nacional, el Gobierno de Córdoba puso en marcha el Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC), un espacio orientado a producir información estratégica y fortalecer la toma de decisiones frente al cambio climático.
La iniciativa fue impulsada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, que encabezó el primer encuentro del organismo, concebido como un ámbito de articulación entre el sector público, el sistema científico y distintos actores vinculados a la agenda ambiental.
El observatorio tendrá funciones de monitoreo, evaluación y asesoramiento, además de promover políticas públicas en línea con el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático y compromisos internacionales asumidos por la provincia.
Del OPAC participan siete universidades públicas y privadas de Córdoba, junto al Observatorio Hidro-Meteorológico provincial, en una estructura que busca consolidar el trabajo interdisciplinario y el respaldo científico en la gestión climática.
Durante la reunión inaugural, autoridades provinciales destacaron la importancia de poner el conocimiento científico al servicio de las políticas públicas, en un escenario donde la disponibilidad de información técnica resulta clave para anticipar riesgos y planificar respuestas.
El encuentro permitió además que las instituciones compartieran sus líneas de trabajo y acordaran ejes comunes para la agenda climática 2026, en una instancia de intercambio técnico orientada a definir prioridades y fortalecer la coordinación interinstitucional.
La creación del observatorio se da en paralelo a un escenario nacional marcado por el vaciamiento de áreas vinculadas al monitoreo climático, lo que refuerza el rol de las provincias en la generación de datos y en el diseño de estrategias propias frente a fenómenos cada vez más complejos.
Con esta herramienta, Córdoba busca consolidar un espacio permanente que permita integrar información, mejorar la planificación y sostener políticas basadas en evidencia, en un contexto donde la crisis climática exige respuestas articuladas y de largo plazo.
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