El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea

Fecha de Publicación: 31/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Tarde y ante la presión pública por el desastre ecológico que implican los incendios en la patagonia, la Rosada descartó recurrir a una ley y se inclinó por un DNU para combatir el fuego.
Desde los primeros días de enero la patagonia arde por los incendios forestales; después de que el fuego arrasara -hasta ahora- más de 230 mil hectáreas; después de la pérdida irrecuperable en parques nacionales, que son patrimonio de la humanidad, y con la población en serio riesgo de perder lo poco que les queda, el gobierno nacional evalúa hacer algo. A primera hora, en Casa Rosada decían que “quizás” emitan un decreto de Emergencia Ígnea. Poco antes de las 20, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo a través de su cuenta de X que se disponía a firmar el decreto, que oficializado esta mañana.
El impacto de esta tragedia en la población llevó al gobierno libertario a acelerar algún gesto de gobierno y, por caso, publicó ayer en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad. Ahí anuncian que se enviará a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios unos 100.000 mil millones de pesos. Según el texto, ese monto total se distribuirá entre 1.062 asociaciones de bomberos, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una de ellas. Las entidades que agrupan a las federaciones provinciales, en tanto, percibirán $7.754.639.995,93.
Esos recursos, sin embargo, no son suficientes y llegarán tarde. El daño causado, según argumentan distintas agrupaciones ambientales y los propios pobladores, ya es irreparable.
El anuncio del envío de fondos, y la posterior reunión en Casa Rosada, se concretaron porque la cúpula del gobierno analizó que las críticas a Milei por este tema van en aumento. Temen, incluso, que puedan perjudicar su imagen. El fuego, mientras tanto, sigue consumiendo la provincia de Chubut y los que le hacen frente son bomberos y brigadistas precarizados, cansados y sin los recursos necesarios.
“Santilli está discutiendo el formato con los gobernadores, pero sumar lo de la emergencia Ígnea al temario de sesiones extraordinarias va a tardar. Entonces puede que lo hagamos por decreto simple o DNU”, explicó uno de los miembros de la mesa política tras la reunión. Además, desde Balcarce 50 confirmaron que el Presidente no tiene, ni nunca tuvo pensado, viajar a las zonas afectadas.
Javier Milei quedó extenuado después de su visita a Mar del Plata, donde bailó y cantó con su expareja Fátima Flórez y cerró con gritos e insultos el evento “más antizurdo del planeta”. Por eso no estuvo en la reunión del jueves y tampoco volará a Chubut.
El mandatario solo se limitó a compartir en sus redes sociales un flyer que dice: “Histórica lucha contra el fuego: 426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones para los bomberos. Ese es el operativo federal del gobierno nacional en la Patagonia”.
En la reunión que se llevó a cabo en Casa Rosada los funcionarios y asesores debatieron cerca de una hora. Allí estuvieron: El jefe de gabinete Manuel Adorni; el asesor sin cargo Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (vía Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El martes, en tanto, los gobernadores de las provincias afectadas: Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa), se reunieron por primera vez desde que comenzaron los incendios y durante el encuentro se les ocurrió que era buena idea pedir al gobierno que incluya la emergencia ígnea dentro del temario de sesiones extraordinarias.
Los que le están poniendo el cuerpo a la situación son los brigadistas y bomberos que tienen salarios de miseria y escasos recursos por los recortes que los gobiernos nacionales y provinciales hicieron en esas áreas clave para la preservación del patrimonio natural.
Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego en 2025 “marcó un retroceso significativo”. Ellos explicaron que “el mecanismo permitía contar con financiamiento específico, automático y transparente para la prevención y el combate del fuego, a partir de un aporte del sector asegurador”.
La eliminación, añadieron, “redujo aún más las herramientas disponibles para anticiparse a las emergencias y responder ante contingencias cada vez más frecuentes e intensas”.
Para 2026, además, el Presupuesto prevé una caída real del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del 71,6 por ciento en comparación con 2025. La participación del SNMF dentro del Presupuesto total se reduce del 0,032 por ciento en 2023 al 0,014 en 2026, es decir, una reducción del 57 por ciento en términos relativos.
Detrás de esos recortes que desde Casa Rosada dicen que hicieron para cuidar el “superávit fiscal”, lo cierto es que también están los intereses de las empresas mineras extranjeras. Ellas intentan, hace años, avanzar en la extracción de, entre otros, el oro y el uranio que hay debajo de los bosques en Chubut. Para ese fin, los incendios son de extrema utilidad. En tierra arrasada será más sencillo avanzar con el extractivismo.
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Ley de Glaciares: claves de la antesala de un intenso debate en el Congreso 

Fecha de Publicación: 31/01/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El tratamiento en el recinto del Senado sería el miércoles 11 de febrero, antes que la reforma laboral. CAEM y proveedores mineros reforzaron su postura para adecuar la norma. ONG ambientalistas lanzan campaña de presión.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el 18 de diciembre pasado un dictamen favorable al proyecto que propone una adecuación a la ley de Glaciares (Ley 26.639). Luego varias jornadas de exposiciones, se decidió abrir un tiempo análisis tras las fiestas y enero y el tratamiento en el recinto pasó al próximo miércoles 11 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Fuentes parlamentarias anticiparon a Energy Report que el pleno de la Cámara alta podría tratarlo antes que la reforma laboral.
Según pudo saber este medio, la iniciativa laboral se encuentra más "empantanada" y el oficialismo buscaría arrancar la actividad legislativa de febrero con los glaciares. "Las reuniones informales en el Senado están ocurriendo", dijo una alta fuente a Energy Report. La fecha del 11 de febrero confirmaría en las próximas horas.
Otras fuentes mencionaron a este medio la posibilidad de convocar a los senadores para el miércoles 4 de febrero, pero por ahora desde el propio Congreso lo descartan por la dificultad de reunir a todos los legisladores el último fin de semana de enero en Buenos Aires. "Todos los cañones del Gobierno apuntan a la reforma laboral, veremos cuándo se trata la ley de Glaciares, podría ser el mismo día 11", remarcaron los voceros oficiales consultados.

Una adecuación que busca generar certidumbre y seguridad jurídica
Así, el Gobierno busca jugar fuerte en el Congreso durante el verano para defender el proyecto de adecuación, una iniciativa que debería tener los votos suficientes del oficialismo y sus aliados para que luego vaya a Diputados. Esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para la minería, el ambiente y el desarrollo productivo en la Argentina. Más de u$s30.000 millones en inversiones mineras dependen de esta ley.
Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata de una ley nueva ni de una flexibilización ambiental, sino de una corrección técnica y competencial destinada a ordenar la aplicación de una norma que hoy genera incertidumbre e inseguridad jurídica. La propuesta oficial no deroga la ley vigente ni altera sus prohibiciones centrales.
El objetivo declarado es aclarar su alcance, reforzar el rol de las provincias y dar mayor precisión jurídica y operativa a la regulación ambiental, sin afectar proyectos en marcha ni inversiones ya aprobadas, por ejemplo con el RIGI. Tal como anticipó Energy Report, el texto recoge reclamos históricos de las provincias cordilleranas y cuenta con el respaldo político explícito de los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Salta, Catamarca y Jujuy) y la Mesa del Cobre (San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza).

Glaciares: se espera un debate intenso en el Congreso
Sin embargo, este tema no estará ajeno de los debates intensos. Las ONG ambientalistas alertaron que una modificación a la ley de Glaciares representa un "retroceso significativo" en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamaron que no se introduzcan cambios que debiliten la norma vigente. Es más, Greenpeace lanzó una campaña de presión directa sobre cinco legisladores que, según indicaron, concentran hoy “poder real de decisión” sobre el futuro de la norma.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayan que el sector no impulsa la derogación de la norma vigente y que buscan fortalecer el cumplimiento efectivo de la ley y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin comprometer la protección ambiental.
Los proveedores mineros también expresaron su posición a favor de un cambio en la ley, pero con foco en la cuestión ambiental. "Necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales", afirmaron desde Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares
El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha. Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.
La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.
En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.
Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.
Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú. Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Qué dicen los ambientalistas de la ley de Glaciares
Un amplio frente de organizaciones ambientales -integrado por Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima- advirtieron que la iniciativa representa un retroceso significativo en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamaron que no se introduzcan cambios que debiliten la norma vigente.
Las organizaciones subrayaron que la reforma llega en un contexto de crisis climática e hídrica y pondría en riesgo la seguridad del agua para más de siete millones de personas. Recordaron que Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados, y remarcaron que estos ecosistemas cumplen un rol clave al regular los caudales de los ríos y sostener las cuencas en períodos de sequía.
Además del impacto ambiental, las ONG cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, al considerar que vulnera el artículo 41 de la Constitución, el principio precautorio y el de no regresión ambiental. También advirtieron que trasladar a las provincias la definición de qué glaciares y áreas periglaciales deben protegerse rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y habilitaría criterios desiguales para sistemas hídricos que no reconocen fronteras políticas.
Desde el sector ambientalista insistieron en que el ambiente periglacial no es un “territorio vacío”, sino que alberga biodiversidad y procesos ecológicos esenciales, y señalaron que su degradación implica una pérdida irreversible de agua almacenada en profundidad. En ese sentido, alertaron que dejar el “valor hídrico relevante” a evaluaciones administrativas provinciales carece de sustento científico y podría abrir la puerta a nuevos episodios de contaminación.
Finalmente, las organizaciones recordaron que la ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial, ratificada por la Corte Suprema, que ya permitió frenar más de 40 proyectos extractivos en zonas sensibles. A su entender, debilitarla no promoverá un desarrollo sostenible, sino que aumentará la vulnerabilidad climática, la pérdida de reservas hídricas y los costos sociales y económicos en el mediano y largo plazo.

La postura de las empresas mineras argentinas
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayan que el sector no impulsa la derogación de la ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), sino su adecuación técnica para mejorar su aplicación. La norma establece los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica relevante, considerados reservas estratégicas de agua.
El planteo de la industria apunta a avanzar hacia definiciones más precisas -en particular sobre el ambiente periglacial- con el objetivo de reducir la actual incertidumbre jurídica, fortalecer el cumplimiento efectivo de la ley y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin comprometer la protección ambiental.
CAEM remarca que en Argentina la actividad minera está prohibida sobre glaciares y que ningún proyecto en operación se desarrolla en esas áreas. Además, todos los emprendimientos deben atravesar evaluaciones de impacto ambiental, con controles provinciales, monitoreos periódicos y auditorías, a lo que se suman estándares internacionales de sustentabilidad aplicados por muchas compañías.
El debate técnico se centra en que no todo ambiente periglacial cumple una función hídrica relevante, por lo que se propone una delimitación basada en criterios científicos que permita distinguir con claridad las zonas a preservar de aquellas donde es posible desarrollar actividades productivas responsables.
En ese marco, el sector destaca el carácter federal del régimen: mientras la Nación fija los presupuestos mínimos ambientales, las provincias -propietarias de los recursos naturales según la Constitución- son las encargadas de otorgar permisos, fiscalizar y controlar los proyectos. Una reglamentación más clara, sostienen desde CAEM, permitiría reforzar la protección efectiva de los glaciares, reducir riesgos legales, promover inversiones, generar empleo y dinamizar economías regionales.
Para la entidad que preside Roberto Cacciola, la protección de las reservas hídricas estratégicas y el desarrollo productivo no son objetivos contrapuestos, sino complementarios, siempre que exista diálogo federal, reglas claras y criterios técnicos robustos.

Qué dicen los proveedores mineros
Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), que integra 350 empresas socias y unas 13 cámaras provinciales, destacó en el debate parlamentario de diciembre pasado la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética. "Los proveedores son tres anillos: el primero es la comunidad, el pueblo donde está el proyecto; el segundo es la provincia, que es dueña de los recursos y tiene autonomía para desarrollarse, y el tercero es el país, porque no solo hay minería en la Cordillera de Los Andes, hay minería a lo largo y año del país", dijo Benítez en la presentación de su exposición.
Al opinar sobre la adecuación de la normativa ambiental, Benítez remarcó que los proveedores "somos obsesivos" del cuidado de los glaciares y las zonas periglaciares. "No hay duda porque tenemos deberes con nuestro presente y futuro, con las generaciones que vienen. Lo que sí decimos es que para una ley tenga eficiencia en el cuidado de los glaciares, y como decimos que no puede haber minería sin tecnología y ciencia aplicada al ambiente, la primera ley que salió tiene cuestiones que necesariamente hay que aclarar", enfatizó.
Según el líder de la cámara de proveedores, una misión de la nueva ley es aclarar qué es ambiente periglaciar, además de otorgar más autonomía a las provincias. "Los que estamos todos los días en minería sabemos que inventario que tiene más de 8 años, ha quedado varado en el tiempo, y necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales", afirmó.
Ante las posturas que dicen que no hay capacidad en las provincias para hacer ese trabajo, Benítez aclaró que no solo hay expertos y científicos en las provincias cordilleranas, sino también en Córdoba y la provincia de Buenos Aires, que pueden colaborar para elaborar el Inventario Nacional de Glaciares. "Exportamos tecnología argentina, expertos del interior a Chile y Perú, pero muchos no lo saben", sostuvo.
"Si hablamos de inversiones, el trabajo minero es de los más riesgosos de la economía mundial, después viene la farmacéutica, que prueba medicamentos durante años. La minería se pasa la vida trabajando e invirtiendo, y muchas veces es dinero perdido, por eso un proyecto empieza cuando se empieza a explorar", dijo el titular de CAPMIN, que nuclea a más de 120.000 trabajadores asociados a la minería.

Greenpeace lanzó "campaña de presión" contra los senadores
Desde Greenpeace advirtieron que un eventual avance sobre la ley en el Senado implicaría un "serio retroceso" en la protección de las principales reservas de agua dulce del país. La organización alertó que una modificación de la ley impactaría directamente en el abastecimiento de agua de alrededor de siete millones de personas, en un contexto marcado por la crisis climática, las sequías y el retroceso acelerado de los hielos. “Cambiar la ley solo beneficiaría a sectores corporativos, poniendo en riesgo el abastecimiento de millones de personas”, señalaron.
La organización recordó además que en diciembre pasado el oficialismo debió postergar el debate tras el rechazo social, al considerar que se intentaba avanzar sin audiencias públicas ni participación ciudadana. Fuentes legislativas discreparon y aseguran que pasó a febrero para darle más tiempo al análisis y debate de la norma, tal como ocurrió con la reforma laboral.
La ONG explicó que el proyecto para reformar la ley de Glaciares ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, y lanzó una campaña de presión directa sobre cinco legisladores que, según indicaron, concentran hoy “poder real de decisión” sobre el futuro de la norma.
“Algunos se pronunciaron a favor de cambiarla y otros acompañan esa postura desde los bloques que integran. No son los únicos, pero estos cinco condensan un problema central: el avance político para debilitar una ley que protege las reservas estratégicas de agua dulce, en plena crisis climática e hídrica”, afirmaron.
Como parte de su campaña, Greenpeace invita a la ciudadanía a enviar “mensajes de presión” directos a estos legisladores, con consignas centradas en tres ejes: exigir que no se modifique la Ley de Glaciares, remarcar que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce, y advertir que cualquier debilitamiento de la norma pondría en riesgo el abastecimiento de millones de personas. El mensaje central que promueve la organización es que “la Ley de Glaciares no se toca” y que “negociar con el agua de los argentinos” equivale a comprometer el futuro hídrico del país.
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La Provincia diseña su plan climático y convoca a la ciudadanía

Fecha de Publicación: 30/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente bonaerense abrió una consulta pública para sumar aportes de la ciudadanía y del sector productivo al Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó una consulta pública para enriquecer la elaboración del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, un documento estratégico que busca articular las políticas de adaptación y mitigación frente a la crisis climática, con el horizonte puesto en 2030, un año clave en la agenda ambiental a nivel global desde la firma del Acuerdo de París en 2015.
La iniciativa propone un desarrollo productivo y energético con bajas emisiones, territorialmente equilibrado, socialmente justo e inclusivo, capaz de responder a las realidades locales de los distintos municipios bonaerenses. Para que el plan sea representativo de las diversas perspectivas de la sociedad, el Ministerio de Ambiente convoca tanto al sector productivo como a la ciudadanía en general a aportar visiones, opiniones y propuestas que permitan fortalecer el documento preliminar presentado. La propuesta de política climática aún está en proceso participativo, explican desde la cartera, y los aportes serán tenidos en cuenta para la formulación de una versión final o para futuras decisiones vinculadas a la acción climática provincial.
La consulta se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 20 y 25 de la Ley 27.520, e integra aportes de gobiernos locales, sector productivo, sector científico y académico, comunidades originarias y sociedad civil.

Dos ejes de participación
La convocatoria está abierta en dos instancias: en primer lugar la consulta pública para el sector productivo bonaerense, que busca conocer, reconocer y fortalecer la acción climática en el sector privado. El Ministerio invita a las empresas y organizaciones de la provincia a compartir diagnósticos sobre los riesgos climáticos que enfrentan, las barreras y necesidades para adaptarse, y las estrategias que implementan para mitigar sus efectos, con fecha límite el 10 de febrero. Se puede participar a través del siguiente enlace.
Por otro lado, la Provincia convoca a la ciudadanía a reflexionar sobre su percepción de la crisis climática: cómo perciben los riesgos climáticos, qué impactos observan en sus entornos y qué sugieren para disminuirlos. El objetivo es incorporar la mirada social a la formulación de políticas públicas más efectivas. La fecha límite para participar de la encuesta también es el 10 de febrero, y la participación es a través del siguiente link. 
Todos los aportes serán registrados por la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (DAyMCC) del Ministerio de Ambiente, que garantiza el tratamiento confidencial y anónimo de la información.
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Alerta roja y naranja por cianobacterias tóxicas en seis municipios de la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 30/01/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Debido al aumento de cianobacterias potencialmente peligrosas para la salud, se recomienda evitar el contacto en determinados cuerpos de agua de Buenos Aires. Repasamos dónde rige alerta roja/naranja y está prohibido bañarse.
Como cada verano se vuelve a repetir la presencia y aumento riesgoso de cianobacterias en algunos cuerpos de agua de nuestro país, alentado por un aumento notable de la temperatura (junto a otros factores). En este caso nos ocupamos de la provincia de Buenos Aires, en donde seis municipios se mantienen en alerta roja y naranja por presencia de estos organismos potencialmente peligrosos para la salud.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, continúa trabajando con los municipios que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.

Qué son las cianobacterias y por qué algunas son tóxicas
Las cianobacterias son organismos que viven en el agua y generalmente presentan un color azul verdoso porque contienen clorofila, son específicamente bacterias Gram-negativas que realizan la fotosíntesis. Se pueden dar tanto en agua dulce como salada, salobre y también en zonas de mezcla de estuarios.
Algunas especies (no todas) pueden ser nocivas para la salud y resultan tóxicas. El contacto con ellas puede provocar una amplia variedad de infecciones: neurológicas, digestivas como la gastroenteritis, respiratorias como la rinitis, también otitis y conjuntivitis. Algunos de los síntomas de intoxicación con cianobacterias son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias, irritación en la piel y los ojos, etc. Los síntomas pueden aparecer hasta 24 horas posteriores a la exposición.

Quá es el cianosemáforo
El cianosemáforo es un sistema de alerta temprana de la provincia de Buenos Aires que utiliza cuatro colores para indicar el riesgo por presencia de cianobacterias.
El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias mediante el "cianosemáforo" cuenta con la participación de 50 municipios. El mapa se actualiza regularmente y utiliza el monitoreo visual y satelital para proteger la salud.
El color verde (riesgo bajo, seguro), indica que el agua es segura y no hay cianobacterias visibles. el color amarillo (riesgo bajo/precaución), indica que se ven pequeñas manchas verdes dispersas. Se recomienda no bañarse si hay mucha concentración y lavarse con agua limpia tras el contacto.
El nivel de cuidado debe aumentar cuando hablamos de un.a alerta del cianosemáforo en color naranja (riesgo medio/bandera sanitaria), indica que las personas y mascotas no deben entrar al agua ni consumir alimentos de ellas. Y en el caso del nivel máximo es la alerta roja (alto riesgo/bandera sanitaria), indica que la floración es continua y densa (color verde intenso/azul), por lo que se prohíbe el contacto, deportes náuticos y se debe proteger a niños y mascotas.

Qué significa la bandera sanitaria
La bandera sanitaria indica que existe un riesgo potencial para la salud en el agua, incluso en la playa, si se pueden observar en la arena manchas verdosas, se debe evitar el contacto teniendo especial cuidado con los niños y mascotas. En el caso de sentir un olor particular en el agua u observar el color verdoso, no se debe tomar contacto.
El Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense emitió actualmente, mediante el ‘cianosemáforo’, alertas naranja y roja para algunas lagunas en la provincia de Buenos Aires.

Alerta roja por cianobacterias en Pehuajó
La situación es extrema en Pehuajó en la laguna La Salada, y se mantiene bajo alerta de nivel rojo por presencia de cianobacterias. El agua es visiblemente de color verde intenso, azul o azul verdoso, esto se debe a una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua.
La alerta asciende a nivel rojo debido al riesgo alto para la salud que representa si se toma contacto con el agua de La Salada, Pehuajó. Se ha llegado a acumular una extensa capa continua de color verde azulado, una floración consolidada que por sí sola invita a no sumergirse en sus aguas.
La floración se encuentra consolidada y por eso no se debe usar para consumo de forma directa o para higiene personal. Tampoco se deben consumir alimentos que provengan de este cuerpo de agua. Se le pide a la población alejarse del agua, sobre todo a los niños y mascotas, hasta que la floración desaparezca.
Cinco municipios bonaerenses con bandera sanitaria naranja por cianobacterias
Rige, al momento de redactar este informe (primera mañana del miércoles 28 de enero del 2026), alerta naranja, y bandera sanitaria para cinco municipios: Laguna la Saladita en Avellaneda, Laguna de Lobos en el partido de Lobos, Cuero de Zorro en Rivadavia, Laguna Hinojo en Trenque Lauquen y Laguna Carbón en Gral. Madariaga.
Se mantienen en alerta naranja (riesgo potencialmente moderado para la salud): Avellaneda, Gral. Madariaga, Lobos, Rivadavia y Trenque Lauquen.
En el nivel naranja, al igual que en el rojo, se aplica bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa/agua existe un riesgo potencial para la salud. Si la ves colocada no te bañes y debes consultar al guardavidas o la autoridad del lugar si tenés dudas.
Además, en el Río de La Plata algunos puntos de: Avellaneda, Berisso y Ensenada tienen alerta amarilla (riesgo potencial, es bajo pero se mantiene en alerta y se debe monitorear).
La playa Palo Blanco de Berisso sigue bajo alerta amarilla por cianobacterias y piden extremar precauciones, al igual que en el Parador 4, en Ensenada, y en el Parque del Río, en Avellaneda,.

Por qué aparecen las cianobacterias
El principal motivo de la aparición de cianobacterias en los cuerpos de agua es por el aumento de concentración de nutrientes en el agua (fósforo y nitrógeno, por ejemplo); además el aumento de la temperatura, días sin viento y por lo tanto sin mezcla/oleaje y con escasa luz solar, terminan desencadenando el proceso natural llamado “eutrofización”, el cual se acelera en la actualidad por factores antropogénicos y climáticos.
Se han hecho múltiples trabajos de investigación en donde. el aumento del uso de fertilizantes en la agricultura, el crecimiento urbano, una mayor cantidad de efluentes domiciliarios e industriales y el cambio climático, están acelerando esos procesos en todo el mundo.

Control sobre el agua
Resulta de vital importancia que los municipios que integran el Programa Integral de Cianobacterias envíen sus reportes territoriales. Estos datos son entrecruzados con el monitoreo satelital desarrollado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA), lo que permite ajustar las alertas con mayor precisión y eficiencia para la comunidad.
En los casos en que no se registra el envío de información local, el Programa toma como referencia exclusiva los valores satelitales para la detección de posibles floraciones.
El objetivo central de mantener este mapa actualizado es garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.
El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, se suma a la iniciativa global "Alerta Temprana para Todos" (EW4All) impulsada por Naciones Unidas y la OMM cumpliendo con los objetivos al ser el primer sistema de alerta temprana por cianobacterias provincial en el país.
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Incendios forestales: ya se quemaron 230.000 hectáreas y gobernadores le reclaman la Emergencia al Congreso

Fecha de Publicación: 29/01/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


Gobernadores patagónicos solicitaron que la Emergencia ígnea se trate en sesiones extraordinarias para destrabar fondos y reforzar la coordinación con la Nación
Tras los incendios forestales que azotan al país desde principios de diciembre, los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este lunes al Congreso que trate con carácter de “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias.
Del encuentro, que se realizó de manera virtual, participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes coincidieron en advertir sobre la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses.

Casi 230.000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales
Según detallaron, en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.
Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, remarcaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia exigen recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.
En ese marco, informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar este planteo ante el Congreso con el objetivo de lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado.
La eventual aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Investigan a funcionarios por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces
Mientras el fuego avanza en Chubut, con dos incendios en los alrededores de Cholila, en la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel informó que se encuentra en curso una investigación federal para determinar la actuación y eventual responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego.
La causa es en relación con los incendios forestales detectados el pasado 9 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces.
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Varamiento de delfines en la costa de Río Negro: dónde aparecieron y qué explican los especialistas

Fecha de Publicación: 29/01/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los varamientos se registraron en distintos puntos de la Bahía de San Antonio. Especialistas explicaron las causas posibles y brindaron recomendaciones a la comunidad. 
En distintos sectores de la Bahía de San Antonio se registró en los últimos días el varamiento de delfines comunes (Delphinus delphis), una situación que activó operativos de asistencia, monitoreo y retiro sanitario por parte de organismos provinciales, fuerzas de seguridad y personal especializado en fauna silvestre.
Según explicó el  integrante del área de Guardas Ambientales, Sebastián Ortega, hasta el momento se encuentran registrados siete ejemplares, hallados en Península Villarino, El Sótano y playas aledañas a Bahía Creek. Además, indicó que no se descarta la aparición de nuevos animales, motivo por el cual se intensificaron los rastrillajes y recorridos preventivos en la zona.
El primer aviso se produjo el 21 de enero, cuando un delfín común fue encontrado encallado en la Península Villarino. El animal no lograba regresar al mar por sus propios medios y presentaba un marcado estado de agotamiento. Ortega indicó que, tras la intervención del personal técnico y la aplicación de los protocolos vigentes, el ejemplar pudo ser devuelto al agua y nadó mar adentro, aunque la situación continuó siendo monitoreada.
En los días siguientes comenzaron a registrarse hallazgos de animales muertos en distintos puntos de la bahía. El 22 de enero se reportaron dos delfines sin vida, uno en playas del Puerto del Este y otro en El Sótano, mientras que el 23 de enero se notificó la aparición de otro ejemplar en Playa Acantilados, una zona balnearia de alta concurrencia durante el verano.
En estos casos, se activaron operativos de extracción debido al riesgo sanitario, ya que los mamíferos marinos muertos pueden portar parásitos y enfermedades, entre ellas afecciones de la piel e incluso viruela. Los animales retirados fueron trasladados al Centro de Investigación de Mamíferos Marinos (CIMAS) para su análisis.
El 24 de enero, cerca del mediodía, se reportó un nuevo delfín común muerto en playas de Punta Villarino, lo que elevó a seis el total de ejemplares muertos registrados hasta el momento. De acuerdo a lo informado por el guarda ambiental, los delfines analizados resultaron ser hembras, y en dos de ellas se detectó presencia de leche en las mamas, un dato que podría indicar la existencia de crías en período de lactancia.

Qué especie es y por qué aparece en la costa
Respecto a la especie, Ortega detalló que se trata del delfín común (Delphinus delphis), un mamífero marino oceánico, que no suele habitar zonas cercanas a la costa. «Es una especie pelágica, que vive en mar abierto, se desplaza grandes distancias y se alimenta principalmente de peces y calamares», señaló.
Consultado sobre la frecuencia de este tipo de episodios, Ortega indicó que los varamientos de delfines y ballenas no son hechos aislados en la provincia. En los últimos cinco años se registraron al menos ocho eventos, principalmente en San Antonio Oeste y en sectores del Área Natural Protegida Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón. Desde 2021, estos episodios se repiten de manera anual, incluyendo el varamiento masivo de casi 400 delfines ocurrido en abril de 2023 en Puerto del Este.
En cuanto a las posibles causas, el guarda ambiental explicó que pueden estar asociadas a factores naturales, como ataques de orcas, que generan pánico y desorientación en los delfines, llevándolos a encallar en zonas con bancos de arena o bajantes de marea.


Los canales habilitados para reportar estos casos son:
- 911 Emergencias.
- 101 Policía de Río Negro.
- 106 Prefectura Naval Argentina.
- 2920 612000 – Subsecretaría de Fauna Silvestre.
En cuanto al rol de la comunidad, el guarda ambiental remarcó que «una buena intención no siempre es una buena acción» y advirtió que intentar ayudar a un animal sin el conocimiento adecuado puede perjudicarlo. Ante la presencia de un delfín varado, recomendó no tocarlo ni manipularlo y comunicarse de inmediato con las autoridades.
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Argentina ante el mundo: el costo de una NDC sin definición

Fecha de Publicación: 28/01/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


Demoras, críticas y falta de definiciones marcan la nueva NDC, un compromiso clave para su inserción internacional y el acceso al financiamiento climático.
 La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) es el compromiso formal que asume un país en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). No son solo metas técnicas ni compromisos abstractos ante la ONU en el marco del Acuerdo de París (2015), sino que es la señal que se envía al mundo sobre hacia dónde se dirige la matriz productiva de un país, qué tipo de desarrollo promueve y en qué medida tiene en cuenta la transición hacia un futuro bajo en emisiones de carbono.
Cada país define allí sus compromisos de mitigación, adaptación y su abordaje de pérdidas y daños. Estas contribuciones deben actualizarse cada cinco años y elevar progresivamente su nivel de ambición, en un mecanismo pensado para acercar las promesas nacionales al objetivo global de limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2 °C. 
 En febrero del 2025 venció el plazo para presentar la nueva actualización de la NDC, con posibilidad de extenderse hasta diciembre. En el último ciclo, numerosos países cumplieron con ese mandato. Economías desarrolladas y emergentes presentaron o actualizaron sus NDC con metas más exigentes, incorporando mejoras metodológicas, nuevos sectores y señales claras hacia el financiamiento verde. En ese contexto, la expectativa sobre la posición argentina era alta, especialmente luego de los avances recientes en la firma de los acuerdos comerciales del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA. Esos tratados, que buscan posicionar a la Argentina y la región en el comercio global, tienen al cuidado del ambiente como uno de sus ejes transversales. Una NDC actualizada y ambiciosa no sólo es coherente con esa estrategia, es casi una condición necesaria para que funcione.
Sin embargo, el proceso argentino estuvo lejos de ser lineal. En las semanas previas a la COP30 -la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-, realizada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, la Subsecretaría de Ambiente convocó a dos espacios de presentación de las metas a nivel nacional: el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. En ambos ámbitos se anticipó la presentación de la NDC 3.0 en el marco de la COP, pero esa presentación formal nunca ocurrió durante la conferencia.
De manera simultánea a la NDC 3.0, se dio a conocer la Tercera Comunicación de Adaptación (ADCOM 3), elaborada conforme a los lineamientos internacionales. Este informe detalla los principales riesgos y exposiciones frente al cambio climático, define las prioridades estratégicas del país y reconoce de forma explícita a las pérdidas y daños como el tercer eje de la política climática nacional.
Por otro lado, uno de los cambios más relevantes de esta nueva versión es el reconocimiento explícito de los mercados de carbono como una fuente adicional de financiamiento climático. En línea con el Artículo 6 del Acuerdo de París, Argentina manifiesta su intención de participar en mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales de cooperación voluntaria, siempre que se garantice la integridad ambiental, social y económica. Este giro es clave, ya que habilita la venta de créditos de carbono a precios internacionales, superiores a los del mercado voluntario local, y puede mejorar la viabilidad financiera de proyectos de gran escala, con fuerte participación del sector privado.
En este marco, un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se posicionó en un comunicado argumentando que, pese a las instancias mencionadas, el proceso careció de participación real, transparencia y enfoque federal. Según estos actores los encuentros se realizaron de manera virtual, con limitada posibilidad de intercambio, y sin convocar al Consejo Asesor Externo previsto en la Ley 27.520. En lugar de un documento oficial, se difundieron “resultados preliminares” y lineamientos generales de un compromiso climático que aún no fue comunicado formalmente a nivel internacional. Además, estas organizaciones criticaron las metas propuestas, y es que lejos de aumentar la ambición, la nueva versión flexibiliza los compromisos: el tope de emisiones se eleva de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe), fijado en 2021, a 375 millones para 2030 y 2035.
Desde el gobierno, la lectura es distinta. Según explicaron, la nueva contribución es “más ambiciosa” en términos metodológicos y de calidad de la información. Incorpora mejoras sustanciales, ya que amplía la cobertura territorial del 65 al 79 %, aumenta las categorías de emisiones reportadas de 146 a 162 y adopta nuevas métricas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estas modificaciones, sostienen, permiten una medición más completa y transparente. “Nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. La ambición debe ser siempre lo posible”, afirmó el Subsecretario de Ambiente Fernando Brom durante la presentación, que contó con más de 220 participantes de distintos sectores.
Sin embargo, el Círculo de Políticas Ambientales calificó la nueva NDC como un retroceso, señalando que elevar el techo de emisiones “corrompe un principio básico del Acuerdo de París: la buena fe”. Según el análisis de la organización, la nueva meta no solo es menos ambiciosa, sino que congela el nivel de compromiso entre 2030 y 2035, contradiciendo la lógica de revisión progresiva. En términos concretos, implica un aumento del 7,5% respecto de las metas anteriores.
A estas críticas se sumó una declaración institucional de peso: la del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El organismo que reúne a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, expresó su preocupación por la falta de una presentación oficial de la NDC. En una declaración formal, el COFEMA solicitó al gobierno nacional que comunique el documento correspondiente al ciclo 2025 para dar previsibilidad al federalismo climático y garantizar una representación técnica y ambientalmente sólida en las negociaciones internacionales.
Este documento condensa una preocupación común. Y es que, más allá de las diferencias partidarias que existen entre los gobiernos provinciales, hay un punto de consenso difícil de ignorar: la NDC no es un mero compromiso ambiental, sino que es la llave de acceso al financiamiento climático internacional. Este último es necesario para poder concretar proyectos de políticas públicas en cartera de los distintos gobiernos subnacionales. Fondos de organismos internacionales utilizan las NDC como referencia central para evaluar si los proyectos presentados están alineados con las prioridades nacionales. Sin una NDC clara, oficial y consensuada, se debilita la capacidad del país para atraer recursos, inversiones y cooperación internacional.
En un contexto en el que la Argentina busca posicionarse globalmente, avanzar en acuerdos comerciales estratégicos y recuperar credibilidad, la definición de su compromiso climático no puede quedar en una zona gris. La presentación formal de las Contribuciones y su coherencia con una estrategia de desarrollo sostenible serán determinantes para demostrar la voluntad de estar a la altura de las exigencias globales. Solo así podrá insertarse en el mundo bajo reglas claras, previsibilidad y una visión de desarrollo acorde a los desafíos del siglo XXI.
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El Gobierno de Mendoza desmintió desbordes y negó contaminación del agua tras la tormenta en San Rafael

Fecha de Publicación: 28/01/2026
Fuente: Portal MendozaToday
Provincia/Región: Mendoza


El Ministerio de Energía y Ambiente y el Departamento General de Irrigación informaron que no se registraron desbordes ni situaciones de riesgo en el arroyo El Tigre ni en los reservorios del complejo Sierra Pintada, y confirmaron controles preventivos sobre el sistema hídrico.
Luego de la tormenta que afectó a San Rafael durante las últimas horas, el Gobierno de Mendoza desmintió las versiones que alertaban sobre un presunto desborde del arroyo El Tigre y de los reservorios del complejo Sierra Pintada, así como supuestos episodios de contaminación del agua potable.
Las aclaraciones oficiales llegaron luego de la difusión de videos y publicaciones en redes sociales que vinculaban las crecidas con un eventual contacto del agua con instalaciones vinculadas a la planta de uranio. Desde el Ejecutivo provincial descartaron de plano esas versiones y aseguraron que no existe ningún riesgo para la población.
A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con el Departamento General de Irrigación, informó que no se registraron desbordes del arroyo El Tigre ni de ninguno de los reservorios que integran el complejo Sierra Pintada.
Según detallaron, durante la jornada personal del Ministerio realizó inspecciones en el lugar, donde se constató que los niveles de agua en los reservorios eran bajos y que las obras de contención funcionaban con normalidad. En ese marco, señalaron que no se detectaron desbordes ni situaciones de riesgo asociadas al fenómeno meteorológico.
Indicaron además que se mantiene una comunicación permanente con el Departamento General de Irrigación, organismo que también confirmó que no se produjeron desbordes en ninguno de los reservorios del complejo.
De manera preventiva, el Ministerio informó que se están llevando adelante maniobras para disminuir los niveles de la Represa II, cuya función es contener las escorrentías pluviales internas del complejo, ante la posibilidad de nuevas tormentas durante la jornada.
Paralelamente, se continúa con la toma sistematizada de muestras durante las crecidas del río Diamante, así como del agua que ingresa al sistema de distribución, como parte de los controles habituales. También se dispuso la conformación de una guardia de contingencia destinada a realizar inspecciones de control ante eventos hidrometeorológicos extraordinarios, con monitoreo permanente de la situación y aplicación de medidas preventivas.
En relación con la difusión de versiones sobre una supuesta contaminación del agua, el ministro Natalio Mema, se expresó en términos contundentes a través de su cuenta en la red social X. Allí advirtió que generar temor en la población mediante información falsa sobre los servicios básicos puede tener consecuencias legales.
“Atemorizar a la población tiene consecuencias jurídicas. Difundir que no se puede tomar agua de la red domiciliaria por contaminación, en el marco de una tormenta torrencial, es un delito. Vamos a denunciar penalmente a quienes infunden temor en la población con falsas noticias sobre los servicios básicos. No vamos a permitir que un grupo de personas con intereses políticos y económicos alteren la tranquilidad de los mendocinos”.
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Alerta ambiental en la Antártida: investigan prácticas prohibidas en una base argentina 

Fecha de Publicación: 27/01/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Antártida


El COCOANTAR investiga al jefe de la base Petrel por incumplimientos reiterados de la normativa ambiental y por denuncias de maltrato al personal durante la Campaña Antártica 2025.
El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) a cargo del contralmirante Maximiliano Mangiaterra encargado de la logística y el funcionamiento permanente de las bases, bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto recibió una grave denuncia de contaminación ambiental ocurrida en la base antártica conjunta Petrel.
Esta base en plena recuperación con el desarrollo de sus pistas de aterrizaje será el nodo estratégico de movilización de personal y cargas con medios navales y aéreos y conectividad hacia el interior profundo de la Antártida.
El segundo jefe de la base Petrel redactó el memorando ME-20226-03490366-APN-COCOANTAR#EMCO fechado el 10 de enero e informó a sus superiores del Estado Mayor Conjunto: “irregularidades acaecidas, durante el transcurso de la Campaña Antártica 2025 en la Base Antártica Conjunta Petrel; originadas por las conductas ejercidas por el jefe de Base, capitán de fragata de Infantería de Marina (CFIM) Cristian Gabriel De Gregori”, lo acusa de “incumplimiento reiterado a la normativa ambiental vigente y maltrato sistemático al personal de la dotación a su cargo”.
El punto de mayor gravedad ambiental se atribuye a “reiteradas órdenes directas verbales emitidas por el capitán De Gregori de: “Eliminación de remanentes de combustible (JP1-combustible para aeronaves, nafta super, GOA) y/o aceites (lubricantes, aceites 15w40 originados como residuo del recambio efectuado en generadores y automotores); todo ello se efectuó mediante vertido y/o quema en una batea metálica; causando un riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica” (conforme se acredita con las fotografías adjuntas al presente como archivo embebido), dice el informe.
También, “Disposición final mediante incineración no controlada de residuos que incluyeron: víveres vencidos (latas de conservas, cajas, bolsas plásticas conteniendo alimentos a granel), goma, materiales de construcción y residuos plásticos varios”.
Es cierto que antes de que existieran instrumentos como la Recomendación XV-3 (1989) del Comité Científico para la Investigación Antártica, la gestión de residuos en las instalaciones antárticas solía llevarse a cabo mediante la quema al aire libre y la eliminación de residuos en vertederos.
Aquella Recomendación sumó mayores exigencias; la prohibición de quema a cielo abierto; plasmadas en el Anexo III del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid; firmado en 1991 y rige desde 1998.
La práctica ordenada por el capitán De Grégori, de comprobarse cierta, expone al país representado por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería y a la autoridad superior; el comandante Conjunto Antártico a un reproche internacional de los miembros del sistema antártico.

Cuál es el tratamiento de los residuos en la Antártida
Los residuos antárticos se clasifican en 4 grupos: el Grupo 1 se compone de madera, papeles y restos de comida; el Grupo 2 de caucho, polietileno y envases metalizados, el Grupo 3 de lubricantes, pinturas ácidas y otros líquidos o sólidos peligrosos y, finalmente, el Grupo 5 está compuesto de vidrios, alambres y hormigón.
De acuerdo con las características de los materiales, cada grupo recibe un tratamiento específico para su evacuación. Los sólidos, plásticos, combustibles, chatarra y restos de material de construcción una vez clasificados se embarcan en tambores de 200 litros y contenedores que traslada el rompehielos ARA Almirante Irizar para su disposición final a la llegada al continente. Las aguas de baños y cocinas pueden verterse al mar previo tratamiento en plantas de depuración. 
Se sabe que la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la base Petrel; un proyecto iniciado en 2022-2023; aún está inconcluso a pesar de que contó en 2024 con una partida cercana a los 100 millones de pesos. En ese trabajo participaron el Centro de Tecnología del Uso del Agua del INA (SCTUA), la empresa Grupo IFES, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).
Sólo algunos tipos de residuos son tratados en suelo antártico, los orgánicos, como alimentos, papeles y cartones. Pueden ser incinerados en equipos especiales que filtran las emisiones contaminantes, pero está prohibido la quema a cielo abierto.
Incinerar desechos de hidrocarburos encuadrados en el grupo de “Residuos Peligrosos” a cielo abierto es una grave contravención a las normas de conservación del ecosistema antártico.

Los ejes de la investigación disciplinaria
¿Impericia del jefe de Base para conducir la instalación? o ¿desgastada relación entre los involucrados?, son parte de los ejes que tendrá que desarrollar la investigación para esclarecer los hechos y establecer las consecuencias disciplinarias.
Meses de tensión por diferencias de criterio y malos tratos del capitán de fragata De Grégori hacia algunos miembros de la base entre ellos el médico sumado a decisiones contrarias a la preservación del ecosistema antártico parece haber sido el detonante del informe que elevó el subjefe de Petrel al Comando Conjunto Antártico.
La base alberga una dotación estable de personal militar, entre ellos un médico y algunos científicos que permanece durante el invierno antártico, y se refuerza con más investigadores del Instituto Antártico para las tareas científicas que se cumplen en el verano.
El memo del subjefe de Petrel describe “el uso de lenguaje hostil, descalificante, intimidante y soez; concomitantes con amenazas, intimidaciones y humillaciones verbales ejercidas hacia sus subalternos frente al resto de la dotación” por parte del CFIM De Gregori, que “vulneraron la dignidad del personal bajo su mando”.
Las actividades antárticas con duras condiciones climáticas que exigen pasar mucho tiempo en un espacio interior confinado ponen a prueba la convivencia que depende de las cualidades de liderazgo, equilibrio emocional y trabajo en equipo que manifieste el jefe de la base hacia los integrantes de la dotación aspectos que al parecer no reuniría el mencionado capitán De Grégori.
Psicólogos consultados por Ámbito señalan el efecto que puede tener el aislamiento en el comportamiento humano. "Algo que sabemos de estos casos es que en aislamiento forzado como el que se vive en bases antárticas, las diferencias graves o pequeñas pueden desatar un conflicto”.
Por eso, “los problemas sobre jerarquía, sobre la distribución de la carga de trabajo, el tiempo libre, las raciones o las porciones de comida suelen eclosionar en algo de mayor envergadura si el líder no sabe gestionarlas”.
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ESTEPPA: la Patagonia busca regenerar 10 millones de hectáreas y mitigar 5,5 millones de toneladas de CO₂

Fecha de Publicación: 27/01/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Patagonia


La Patagonia enfrenta desafíos crecientes para sostener su futuro rural y ambiental. Con más de 50 millones de hectáreas de praderas templadas, la región constituye uno de los ecosistemas más valiosos del país. Sin embargo, la variabilidad climática, las sequías, los incendios y la degradación de los suelos amenazan la productividad y la vida rural.
Los productores necesitan herramientas prácticas y accesibles para mantener el campo y adaptarse al cambio climático.

El programa ESTEPPA
The Nature Conservancy (TNC) y Halkis lanzaron el Programa ESTEPPA (Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica), una iniciativa binacional en Argentina y Chile que impulsa:
- Ganadería regenerativa como aliada en la conservación y restauración de pastizales.
- Mejora de la salud del suelo, biodiversidad y resiliencia ecosistémica.
- Créditos de carbono de alta integridad, bajo estándares internacionales.
- Capacitación técnica e intercambio entre productores.
- Apoyo financiero e infraestructura clave.
- Trabajo colaborativo con asociaciones rurales, universidades y actores locales.

Relevancia para la región
La degradación de pastizales y la variabilidad climática afectan cada vez más la productividad. La adopción de prácticas regenerativas permite:
- Mitigar el cambio climático mediante captura de carbono en suelos.
- Acceder a incentivos económicos a través de la venta de créditos de carbono.
- Fortalecer la vida rural con manejos adaptativos basados en ciencia.

Etapas de implementación
El programa se encuentra en fase de co-diseño con productores y actores locales. Sus pasos incluyen:
- Relevamiento técnico y análisis de factibilidad (ya completado).
- Mesas participativas para definir prácticas y gobernanza.
- Inicio del manejo regenerativo en abril de 2026.
- Mediciones de carbono en suelo con línea de base en primavera de 2026.
- Validación y emisión de créditos de carbono, generando ingresos para productores.
Todo el proceso se acompaña con asistencia técnica personalizada en cada establecimiento.

Potencial de impacto
La Patagonia posee gran capacidad de almacenamiento de carbono en sus suelos. El programa busca:
- Regenerar 10 millones de hectáreas de pastizales bajo manejo sostenible para 2030.
- Mitigar más de 5,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año.
- Escalar acciones regenerativas mediante colaboración con productores e instituciones.
Como primer paso, el Cluster 1 implementará prácticas regenerativas en 200.000 hectáreas para 2026, sentando las bases para la expansión del modelo en toda la región.

ESTEPPA en la Expo Rural de Neuquén
El programa será presentado en la 83° Exposición Rural de Neuquén, los días 23 y 24 de enero de 2026, donde equipos de TNC y Halkis compartirán información sobre ganadería regenerativa y mercados de carbono, respondiendo preguntas y mostrando experiencias concretas.
ESTEPPA representa un cambio de paradigma para la Patagonia: integrar producción ganadera, conservación y acción climática en un modelo regenerativo que fortalezca la economía rural y contribuya a la lucha contra el cambio climático.
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Argentina tiene una nueva lista roja de mamíferos amenazados: cuáles son y qué zonas son las más complicadas

Fecha de Publicación: 26/01/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


“Muchas de las especies que ingresan a categorías de amenaza son poco visibles para el público general, pero enfrentan riesgos elevados”. La cita pertenece al investigador del Conicet Javier Pereira, quien participó, junto a unas 450 personas, de la actualización de la categorización del listado de mamíferos en peligro que existen en el país y que llevó a cabo la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem). La mayoría de las especies que fueron reconsideradas como amenazadas solo existen en Argentina, por lo que su desaparición significaría su extinción global.
La actualización llegó tras el primer trabajo, desarrollado en 2019, con el que se categorizó a los mamíferos del país y a través del cual se pudo establecer la primera Lista Roja nacional, siguiendo los criterios globales de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El primer trabajo permitió categorizar a 395 especies de mamíferos nativos, cifra que se incrementó a 417 en el nuevo estudio. Participaron más de 450 personas, entre científicos, técnicos, gestores, guardaparques y naturalistas de todo el país. Una de las cuestiones a resaltar fue la mayor precisión de datos, que permiten identificar claras señales de que muchas especies siguen enfrentando presiones considerables.
La categorización de las especies en los grupos “vulnerable”, “en peligro” y “en peligro crítico” tiene en cuenta una serie de pautas. Algunas de ellas son la cantidad de ejemplares que desaparecieron en los últimos diez años o tres generaciones y los motivos por los cuales se dan esas pérdidas.
Ahí es cuando entran en juego diversos factores, como el avance de la frontera agropecuaria o la deforestación, que deriva en la pérdida de territorios para el desarrollo de estas especies.
Si bien los autores del proyecto señalaron que aún es pronto para magnificar si hay más o menos especies en peligro, resaltaron que la gran cantidad de nuevos datos, incluso si derivan en la recategorización de animales y que estos pasen a clasificarse como en peligro, es positivo ya que permite elaborar políticas públicas para su preservación.
“Por su naturaleza, esta herramienta es útil mientras sea actualizada, ya que la información disponible, las amenazas, las políticas o el contexto en el que viven las especies es de por sí dinámico”, explicó Pereira a TN, quien también es el coordinador general de la Categorización del Estado de Conservación de los Mamíferos de Argentina 2025 de la Sarem.
El trabajo, al que calificó como “titánico”, consistió en revisar y volver a evaluar el estado de conservación de todas las especies de mamíferos de Argentina.

Nuevas especies en peligro
Una vez que se actualizó la cantidad de especies, el paso siguiente fue actualizar sus estados de conservación.
Una de las novedades más relevantes de la nueva actualización fue la evaluación de los impactos ambientales ocasionados por las especies exóticas que fueron introducidas en el país. “Por primera vez, se usó un protocolo internacional de la UICN para clasificar la magnitud de los daños que causan las especies introducidas a la biodiversidad nativa”, explicó Pereira. Los resultados de estos estudios permitirán abordar correctamente a las especies invasoras para reducir esos impactos.
Pereira adelantó que “fueron muchas las especies que cambiaron de categoría”, pero que esto se debió a un incremento en la cantidad de información nueva, los cambios de clasificación y hasta una modificación en las interpretaciones de los datos disponibles.
“Técnicamente, dichos cambios se conocen como ‘no genuinos’ porque no reflejan un cambio real en el estado de conservación de la especie en el terreno, sino en la propia evaluación”, explicó. De todos modos, marcó que esto es positivo y ejemplificó: “Si una especie que no estaba en una categoría de amenaza ahora lo está, eso implica que la nueva información permitió ajustar lo que conocíamos de esa especie para evaluarla mejor. Su nueva situación de conservación es ahora peor, pero eso permite priorizar su tratamiento o gestión y tomar decisiones mejor informadas para intentar revertir su estado de amenaza”.
Teniendo en cuenta este punto, el investigador marcó que varios felinos silvestres pequeños incrementaron su grado de amenaza. En ese grupo, se encuentran el gato huiña de los bosques patagónicos, el gato tirica de las Yungas y “algunas especies nuevas de felinos que antes se consideraban como una sola especie, conocida como el gato del pajonal”.
“Otros grupos de mamíferos también tienen representantes que ahora se consideran amenazados, como el chinchillón anaranjado de la Patagonia, el falso vampiro orejón del norte argentino y varios roedores pequeños de hábitos cavadores conocidos como los tuco-tucos, que fueron categorizados como En Peligro debido a su distribución geográfica muy restringida y a la presión creciente sobre los ambientes que habitan”, agregó.
A su vez, remarcó que “la mayoría de estas especies existen solamente en la Argentina, por lo que su pérdida representaría su extinción a nivel global”.
También hay una contrapartida: las especies que mejoraron y tienen un grado de amenaza menor. En este grupo se encuentra el ciervo de los pantanos (declarado monumento natural en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos), que pasó de Vulnerable a “casi amenazado”. Además, también se contemplan el oso melero, el hurón mayor y el huroncito patagónico, que figuraban como “casi amenazadas” y, con las nuevas evaluaciones, pasaron a la categoría de “preocupación menor”.
En este caso, Pereira también recordó que las mejoras no se deben exclusivamente a una recuperación poblacional, sino a mejor información disponible y ajustes metodológicos.

Regiones más complicadas
Consultado sobre los motivos por los que las especies pueden ingresar a categorías en las que puedan considerarse amenazadas, el investigador detalló: “En la mayoría de los casos, los mamíferos comparten distribución geográfica muy restringida, alta especialización ecológica y una fuerte exposición a la pérdida y degradación de hábitat”.
A esos factores, se agrega el avance de la frontera agropecuaria que consume los territorios donde estos animales viven, algo que también ocurre con las urbanizaciones, los incendios y la caza.
En tanto, señaló que hay una concentración importante de especies amenazadas en el Gran Chaco, el Bosque Atlántico (comprendido por regiones de Argentina, Brasil y Paraguay, y que en el país incluye a la selva misionera), los pastizales pampeanos y diversos sectores de la Patagonia, principalmente en el centro-oeste de la región: “Estas regiones combinan alta biodiversidad y fuertes transformaciones recientes del uso del suelo, lo que las convierte en áreas prioritarias para la conservación”.
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«Cambio de régimen climático»: el fenómeno que está secando los campos de Neuquén y Río Negro

Fecha de Publicación: 26/01/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


Investigadores del INTA Bariloche y Conicet informaron sobre un marcado cambio de tendencia en el clima de la región, con precipitaciones hasta 25% inferiores que el promedio histórico. La ganadería en secano, entre las actividades más afectadas. 
La merma de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas en el norte de la Patagonia, puntualmente en Neuquén y Río Negro, fueron motivo de estudio para un grupo de investigadores del INTA Bariloche y Conicet, quienes publicaron un estudio informando que la región está pasando por un “cambio de régimen climático”.
Ese documento fue utilizado por los gobiernos de ambas provincias como insumo para analizar y finalmente declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía en sus territorios, ante el impacto de la falta de humedad, tanto a nivel ambiental como productivo.

Caudales de enero, pero en marzo
Dos de los cuatro autores del informe, elaborado a mediados del año pasado, hablaron con Diario RÍO NEGRO e indicaron que los ríos y lagos de la región, lejos de recuperar sus volúmenes, presentan en enero los niveles que deberían tener a fines de febrero y principios de marzo, cuando los caudales y las cotas suelen marcar sus mínimos anuales.
Manuela Fernández y Martín Calianno, ambos doctores en ciencias ambientales, explicaron que la región está pasando por un periodo «muy seco», derivado de lo que llamaron un «cambio de régimen climático».
De acuerdo a los investigadores, que trabajan en la sede del INTA en la ciudad cordillerana, el punto de quiebre se dio alrededor de 2007, con un paulatino pero marcado descenso de las precipitaciones.
Desde entonces, los acumulados anuales empezaron a ubicarse entre un 15% y un 25% abajo respecto al anterior periodo histórico, entre la década de los 90 y mediados de los 2000.
«Esto se puede ver, por ejemplo, con el cerro Catedral, que el último año tuvo muy poca nieve. Y los ríos y los lagos son dependientes de esa nieve para su alimentación. «Aun en verano se veían cubres blancas y ahora no está pasando», indicó Calianno.
El panorama, señalaron, se anticipaba complejo desde la salida del invierno. «Sabíamos que íbamos a tener problemas y desde el invierno hasta ahora casi no tuvimos lluvias«, agregó el investigador.

El impacto en la producción
La información recolectada por los especialistas fue utilizada más tarde por la secretaría de Producción e Industria de Neuquén, que había solicitado la redacción del informe a la estación experimental para obtener datos actualizados y eventualmente declarar el estado de emergencia.
La declaración se realizó a nivel provincial en septiembre y sobre el final de año fue reconocida por Nación, que esta semana hizo lo propio con Río Negro.
«Con los insumos que brinda el INTA, se puede evaluar la pertinencia de la declaración de emergencia a nivel local y, con esa información, gestionar posteriormente su reconocimiento con el gobierno nacional, bajo el encuadre de la ley 26.509», señaló Fernández.
Al repasar el estudio, la especialista dijo que se tuvieron en cuenta variables hídricas, con mediciones de los ríos Limay y Neuquén, y el impacto sobre el estado de los pastizales naturales, base de la dieta forrajera de buena parte de los establecimientos que realizan ganadería en secano.
Sostuvo que, con las actuales condiciones de humedad, resultará difícil que alcance el alimento sin estrategias de eficiencia y conservación. “Según el informe elaborado que integra datos de SENASA,  el stock bovino de Neuquén se ha incrementado levemente entre los periodos 2023-2024. En este sentido, es difícil que esta tendencia se pueda mantener con la actual disponibilidad de pastizales y agua», detalló. 
Una de las posibles consecuencias, dijo, es que se observe una disminución del stock de cabezas de la provincia. También podría ocurrir que, de no regular la carga animal, se vea comprometida la condición del ganado, con menos peso que el ideal.
«Es esperable que si los animales están en una condición mala o regular, el índice reproductivo también baje o que el destete sea menor«, añadió Fernández.
Para mitigar esos efectos y sostener el acompañamiento al sector ganadero, desde INTA asesoran a cooperativas, empresas y gobiernos locales, con la finalidad de llevar adelante técnicas de manejo de rodeos acordes al contexto climático.
El pico de preocupación por parte de los productores se dio a la salida de la primavera. En ese momento, ya se observaba que la nieve no era la habitual en alta montaña y que los ríos no iban a contar con agua suficiente durante los meses posteriores.
«Hay que tomar acciones, la gente está viendo que sus arroyos traen cada vez menos agua y que los pastizales están cada vez más secos. Año tras año tienen que comprar más forraje, porque lo que proveen los pastizales no alcanza«, resumió.

«Ya no tenemos nieve en stock»
Sobre las perspectivas a nivel climático, Calianno dijo que, de momento, nada hace pensar que el nuevo régimen se marche. Indicó que ya no se trata de una sequía más, que puede ser descrita como un evento puntual, sino de una modificación sustancial de las condiciones del clima.
El cambio involucra también a las temperaturas de la región, recordó el doctor en ciencias ambientales. En promedio, dijo que la temperatura media se elevó entre 0,5°C y 1°C en la Patagonia norte.
Según explicó, ese fenómeno incrementó durante el invierno la ocurrencia de la lluvia por sobre la nieve, que es la forma de humedad que se necesita para recargar las montañas de la cordillera y garantizar el agua que luego baja por los ríos y arroyos en la primavera. “Ya no tenemos esa nieve como stock”, relató.
Hacia adelante, indicaron que «es de esperar» que las estrategias destinadas a mitigar esta situación, ideadas por organismos como INTA junto a gobiernos provinciales, se sostengan en el tiempo, ya que todo indica que el cambio de régimen climático llegó para quedarse.
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Denuncias y fuego fuera de control: el Gobierno intervino el parque nacional Los Alerces

Fecha de Publicación: 24/01/2026
Fuente: Perfil 
Provincia/Región: Nacional - Chubut 


Más de 20.000 hectáreas quemadas en Chubut y una investigación penal en curso marcan el escenario en el parque reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La emergencia ígnea expuso fallas operativas, reclamos de pobladores y tensiones entre gestión ambiental y respuesta estatal. 
En medio de los incendios que azotan a la provincia de Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo descentralizado que depende de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, resolvió este viernes intervenir el Parque Nacional Los Alerces y apartó de sus cargos a las autoridades locales, en un contexto marcado por las tareas para contener el avance del fuego que ya consumió más de 20.000 hectáreas de bosques nativos, plantaciones y decenas de viviendas.
A partir de la medida, la gestión del área protegida —reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde julio de 2017— será asumida de manera provisoria por un "Comité de Intervención", órgano que concentrará de forma transitoria la totalidad de las competencias de la Intendencia hasta tanto se restablezca el normal desenvolvimiento institucional y administrativo.
La decisión fue comunicada oficialmente por la APN a través de un comunicado. Según precisó el organismo, “la medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales” y responde a “la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional en el Parque Nacional Los Alerces”.
En ese sentido, el texto oficial detalló que la resolución fue adoptada luego de una revisión exhaustiva del escenario en el terreno. “En ese marco, se realizó una evaluación integral de la situación por parte de la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el 6 de enero”, proceso que estuvo encabezado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

La Administración de Parque Nacionales decidió "adoptar medidas inmediatas”
De acuerdo con el comunicado, “como resultado de dicha evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional”, con el objetivo de “asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces”, al que se define como un área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
El texto también hace referencia al contexto judicial que rodea la situación. En ese punto, la APN señaló que, “ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut, y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Judicial”, el organismo resolvió “extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas que resulten conducentes dentro del ámbito de sus competencias”, con el propósito de “preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”.
Finalmente, el comunicado fundamenta la intervención como una herramienta para reforzar la conducción del parque en un escenario excepcional. “En ese contexto, y con el objeto de garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público previstos por la Ley N° 22.351”, la medida apunta a “fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso”.

Denuncias por irregularidades en el control del fuego en el Parque Nacional Los Alerces
En paralelo al avance del incendio forestal, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en la conducción del operativo frente al fuego iniciado en diciembre de 2025 dentro del parque nacional Los Alerces, que al momento de la presentación judicial permanecía fuera de control.
La acusación alcanza al intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño; a la jefa del cuerpo de Guardaparques, María Laura Fenoglio; al jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas; y a otros responsables de la cadena jerárquica vinculada a las decisiones operativas.
De acuerdo con el escrito, la propagación del incendio habría estado asociada a la ausencia de respuestas tempranas y a deficiencias en la planificación, lo que permitió que las llamas avanzaran sobre sectores intangibles de máxima protección ambiental, que afectaron tanto patrimonio estatal como bienes de pobladores de la zona.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la limitada dotación de personal desplegada en el ataque inicial del incendio. Según testimonios de vecinos y registros públicos citados en la presentación, en las primeras horas sólo habrían sido enviados alrededor de 30 brigadistas, mientras se descartó la participación de guardaparques con formación específica que se encontraban disponibles para intervenir.
Incluso, cerca de un mes después del inicio del siniestro, se reconoció públicamente que el operativo contaba con aproximadamente 40 combatientes, una cifra que los denunciantes consideran claramente insuficiente frente a la magnitud del fuego.
En ese contexto, sostienen que, pese a la existencia de personal capacitado en otras provincias, se optó por no convocarlo por “razones operativas” que califican como ilógicas e injustificadas.
La denuncia también pone el foco en la falta de tareas preventivas estructurales. Entre los señalamientos figuran la ausencia de medios acuáticos propios, la inexistencia de bases operativas permanentes, helipuertos y protocolos adecuados para una región que arrastra antecedentes reiterados de incendios forestales.
Otro de los aspectos cuestionados refiere a las dificultades logísticas durante las primeras etapas del combate. Según el escrito, los brigadistas debieron recurrir al apoyo de una empresa turística privada para poder acceder al foco inicial del incendio.
Asimismo, se mencionan demoras atribuibles a decisiones administrativas, como la suspensión transitoria de la navegación en la zona y el retraso en la intervención aérea por supuestas disposiciones sanitarias.
La presentación judicial también cuestiona la prohibición del uso de retardantes químicos en el combate del fuego. De acuerdo con la denuncia, esa restricción se habría justificado en criterios de preservación ambiental que, lejos de proteger el área, habrían contribuido a la propagación del incendio y a la destrucción de amplias superficies de bosque nativo.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que la Fiscalía Federal lleve adelante una investigación detallada día por día sobre el accionar de las autoridades involucradas, la cantidad de brigadistas desplegados, la existencia y aplicación de protocolos, el estado del equipamiento disponible, las decisiones operativas adoptadas y la eventual configuración de conductas negligentes o de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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