Histórico: comienza juicio por el daño a la salud que causan las fumigaciones

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Siete empresarios y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las aplicaciones de agrotóxicos que provocaron enfermedades a Sabrina Ortíz y sus dos hijos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan vecinos y diferentes colectivos ante empresarios que, con la supuesta anuencia de las autoridades locales, se enriquecen a costa de la salud de los lugareños. Siete empresarios del sector y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las enfermedades que contrajeron Sabrina Ortiz y sus dos hijos, aunque la cantidad de víctimas podría multiplicarse.
“Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto en ella como en sus hijos”, explica a Tiempo Argentino el abogado Fernando Cabaleiro, quien junto a su colega Carlos María González Quintana y la propia Sabrina, que se recibió de abogada para poder llegar hasta las últimas consecuencias, llevan adelante la querella.
La denunciante sufrió dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo; su hija padece steomielitis crónica que genera quistes dentro de los huesos y se detectó que su hijo tenía un nivel de glifosato en orina 120 veces más de lo tolerable. “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”, le dijo Sabrina a este diario hace unos años atrás, cuando vivía bajo custodia policial por orden de la Justicia.
“Ella empezó con un reclamo constante -añade Cabaleiro- porque asociaba los problemas de salud con la fumigación que se realizaba calle de por medio, a menos de 10 metros de su casa donde estaba el campo de soja que se fumigaba”. La mujer lo planteó en la municipalidad y en 2014 se emitió una ordenanza que “fue a favor del agronegocio, porque se estableció una distancia de 100 metros de prohibición absoluta para las aplicaciones terrestres y de los 100 a 600 metros, solo se podían aplicar productos banda verde. Lo que pasa es que los problemas de salud siguieron y se agravaron inclusive”.
Agua contaminada
En 2018, con la asistencia del abogado, Sabrina denunció la situación ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, por el delito de contaminación. El INTA de Balcarce comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino (sobre todo de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) estaban contaminadas con agrotóxicos y no eran aptas para consumo humano: encontraron 18 principios activos y metabolitos.
La profundización de la investigación determinó que diferentes personas, entre productores y fumigadores, vinculados a tres enormes lotes linderos a la zona urbana donde vivía la familia de Sabrina tuvieron íntima relación con las actividades que le produjeron los daños genéticos a las víctimas. Por si fuera poco, se acreditó que se violó la suspensión preventiva dispuesta por la justicia de aplicar agroquímicos en los campos que rodean a estos barrios afectados. La pesquisa identificó a un total de siete sospechosos.
Además, un desprendimiento de esa causa que quedó al mando del fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, estableció los funcionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini debían ser sometidos a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el ingeniero agrónomo Naranjo, en su calidad de auditor, como el veterinario Tocalini, como titular de la Dirección de Ambiente Rural “fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas”, puntualizaron desde el Ministerio Público.
Para Cabaleiro, los acusados sostienen que “estos productos son inocuos y que se puede fumigar a cero metros respetando las buenas prácticas. Pero quedó claro que ni siquiera eso cumplen. Eso está comprobado en la causa. Esos químicos tóxico terminan en las napas, en los suelos de las casas, en los cuerpos. Es incontrolable”. Al mismo tiempo, el abogado advirtió que “no respetaron ni los 100 metros de la ordenanza, fumigando de noche para que no se entere nadie, inclusive en Navidad, cuando la gente estaba toda reunida en sus casas, en familia”.

«Una financiación colectiva y popular»
“Las víctimas querellantes son tres, pero si hablamos de víctimas son muchas más. Son los vecinos de estos tres barrios y hasta de todo Pergamino porque la contaminación del agua impacta en toda la población”, resume el abogado Fernando Cabaleiro, quien aclara que el impacto en los damnificados va mermando a medida que viven más lejos de los campos en cuestión, ya que el aire es fundamental para propagar los químicos. Un dato a considerar es que en el debate oral se analizarán unas 70 historias clínicas, con lo cual la cantidad de víctimas podría crecer exponencialmente.
Desde la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos apelaron a “la financiación colectiva y popular” para el traslado y las estadías de los testigos, pero también de los peritos, que deberán movilizarse hacia Rosario. Allí prevén que se desarrolle este “emblemático e histórico” juicio que represente para la provincia de Buenos Aires la misma experiencia de las denominadas Madres de Ituzaingó, en Córdoba, donde “por primera vez se puso en el banquillo a la trama cómplice (agronegocio local y funcionarios públicos) que en cada Pueblo Fumigado de la Argentina pone en jaque el ambiente y la salud de la gente”.

Sabrina Ortiz: “Buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados”
«Esta pesadilla comenzó en el 2011, cuando me instalé con mi familia para construir la casa soñada y ver crecer a mis hijos en el lugar que elegí para vivir. Ahí nomas empezamos a ver los problemas de salud y tuvimos el pálpito que los mismos estaban relacionados con los agrotóxicos que se usaban en los campos al frente de casa”, explicó a Tiempo Sabrina Ortiz, a pocos días del inicio del juicio. 
La mujer, que se recibió de abogada tras advertir que estaba siendo contaminada, describió todo el periplo que debió afrontar, luego de que las autoridades locales intentaran por diferentes medios desalentar sus denuncias. “Durante años hicimos reclamos a la municipalidad, y los funcionarios no hacían nada. Los dueños de esos campos que están pegados al barrio que vivo, se creyeron impunes, fumigaban alambrado de por medio, de noche, con viento, no les importaba nada”, insistió. 
“Después de 14 años y tras siete años de proceso penal se va a saber la verdad en un juicio oral y público sobre la complicidad del municipio, sobre la contaminación ambiental con agrotóxicos que generaron los imputados, el daño a la salud de la gente, entre ellos mis hijos, en las voces de decenas de vecinos y vecinas que fueron y son víctimas del obrar doloso de los fumigadores y las omisiones de los funcionarios municipales. Solo buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados de la Argentina”, concluyó la damnificada.
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Denuncian tala indiscriminada de quebrachos en el Chaco

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Portal SoloChaco
Provincia/Región: Chaco


Una grave denuncia encendió las alarmas ambientales: según una investigación publicada por Diario Popular, se estaría realizando un “desmesurado desmonte y deforestación” en el Chaco con el objetivo de extraer tanino del quebracho —tanino que luego abastece a la industria de curtido de cuero de lujo en Europa.
El tanino, conocido como “oro rojizo” por su valor en la curtición de cueros, proviene del interior de los troncos de quebracho colorado, especie nativa del bosque chaqueño que tarda entre 20 y 50 años en madurar.
La explotación intensiva de ese recurso, alertan desde organizaciones ambientalistas, pone en serio riesgo al ecosistema, al patrimonio forestal del gran Chaco y a las comunidades locales.
Desde los puertos del Chaco, la extracción se canaliza hacia el exterior: tanino producido en la provincia se exporta a más de 50 países, alimentando las cadenas de producción de grandes marcas internacionales, al tiempo que deja deforestación, destrucción del hábitat, jornaleros mal pagos e ilegalidades que —aseguran— las autoridades no controlan.
Organismos ambientales advierten que en las últimas décadas la destrucción del bosque chaqueño se aceleró. Aunque el bosque nativo cumple funciones clave para la regulación del agua, la biodiversidad y el clima, la presión extractiva reduce de forma irreversible su cobertura.
El problema excede una cuestión local: pone en juego la soberanía ambiental del Chaco, su responsabilidad con el clima y la calidad de vida de futuras generaciones. Ante este escenario, diversos sectores reclaman controles estrictos de la explotación forestal, el cese del desmontes indiscriminados y una revalorización del patrimonio natural chaqueño por encima de los intereses comerciales extranjeros.
Mientras tanto, la deforestación continúa, y lo que está en juego —alertan ambientalistas y comunidades rurales— no es solo un recurso destinado a la producción de cuero, sino la supervivencia de un ecosistema invaluable.
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En Argentina quedan menos de 250 yaguaretés y, pese a la protección legal, casi todas las causas por caza o tráfico ilegal se archivan

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) –de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025– volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, murió por la acción de cazadores), la Administración de Parques Nacionales valuó el daño ambiental causado por la pérdida de este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación. 
El caso, en tanto, reabrió una pregunta: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena? Una investigación periodística del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reconstruye los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema.
La única excepción a la impunidad -y el único antecedente conocido en nuestro país- ocurrió en agosto de 2025, cuando 4 hombres fueron condenados a 2 años de prisión por cazar y carnear a un felino en un campo de Ibarreta (Formosa). Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. 
Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante. En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea. Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae. En Argentina, según datos de la ONG Fundación Vida Silvestre, quedan menos de 250 yaguaretés.

3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada
Fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que muchos otros hechos nunca llegaron a judicializarse.
Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país -con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza-, mientras que la comercialización de pieles aparece en provincia de Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. 
Otro dato relevante: 3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada. Los motivos: falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción -al menos 2 por tenencia de cueros- fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal.
Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo hace casi 2 décadas el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, dijo a FOPEA en esta investigación.

La trastienda judicial de los delitos ambientales
De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave. 
Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables. 
“Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal. Con plataformas locales, como Mercado Libre, el panorama mejoró: tras la implementación de filtros automáticos, ya no se registran publicaciones vinculadas a fauna silvestre y, en los pocos casos detectados, la empresa colabora con la Justicia para identificar a los involucrados.
Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González. 
Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal.
Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.
¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA. 
Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.

Dónde denunciar delitos vinculados a fauna silvestre
Cualquier persona puede reportar hechos vinculados a la caza, tenencia o tráfico de fauna silvestre ante la UFIMA. Las denuncias pueden realizarse por correo electrónico a ufima@mpf.gov.ar, por teléfono al (011) 7092-6373/74/75, o personalmente en Diagonal Norte 1190, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires. Es importante incluir la mayor cantidad de datos posibles -lugar, fecha, fotografías o nombres- y también se puede solicitar hacerlo con reserva de identidad.
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Los carpinchos ganaron en Nordelta: la Justicia ordenó que el barrio se adecue al humedal

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


El tribunal de San Martín priorizó la fauna autóctona y obligó a revisar rellenos, cercos y “controles” sobre la especie.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dejó sin efecto el levantamiento de la cautelar que había liberado el avance urbanístico en Nordelta. Los jueces Jorge Saúlquin y Luciano Enrici advirtieron que, sin límites, el ecosistema y las especies quedaban “indefensos ante daños irreversibles”. La resolución vuelve a cuestionar el modelo de expansión sobre humedales.
La abogada Nora Nouche, una de las titulares del pedido y representante de la Asociación Vecinal Ecodefensa Nuevo Delta, celebró la decisión judicial. La describió como un freno real al maltrato, después de años de cercos electrificados, golpes, atropellos, ahogamientos y envenenamientos encubiertos. También adelantó que van por más.
En la causa apuntan contra una red completa de actores: la Asociación Vecinal Nordelta S.A., desarrolladoras inmobiliarias, el Municipio, Parques Nacionales y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Para los demandantes, el problema no es un barrio sino una matriz urbanística que convirtió al humedal en un negocio.

Control y maltrato: qué hacía Nordelta con los carpinchos
La Cámara señaló que el barrio privado aplicó “métodos de control” sin sustento científico. Ordenó frenar la castración química con productos no autorizados y cualquier intervención experimental.
Solo se permitirán medidas sanitarias avaladas por la autoridad ambiental provincial, como vasectomías controladas, esterilizaciones bajo protocolo veterinario o vacunas reconocidas en expedientes oficiales. Nada de pruebas sobre fauna viva.
El fallo también prohíbe fumigaciones con agroquímicos que dañen la flora o la fauna del humedal. La única excepción es el uso sanitario por motivos de salud pública y bajo estándares estrictos. El carpincho es una especie protegida en la provincia, por lo que cualquier manejo debe priorizar su bienestar y el equilibrio ecológico.

Urbanismo versus humedal: el límite judicial
La resolución suspende toda obra que altere lagos, costas o vegetación nativa en áreas no consolidadas. Incluye rellenos de tierra, drenajes, muros de tablestacado y cualquier infraestructura diseñada para encerrar o desplazar animales.
Además, prohíbe nuevas etapas del desarrollo inmobiliario sin un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo y sin participación ciudadana. La expansión no puede continuar como si el humedal fuera un terreno vacío.
La Cámara solo habilita intervenciones menores en lotes ya consolidados y corredores biológicos previstos en los planes provinciales, siempre con supervisión técnica. Lo demás queda prohibido.
La convivencia con la fauna no puede resolverse con vallas y cercos electrificados. Los carpinchos estaban antes. Nordelta deberá ajustarse a la ley y a la naturaleza del humedal que eligió ocupar.
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Detienen una operación de desmonte ilegal y secuestran maquinaria en Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El operativo reveló apertura de camino, remoción de especies nativas y presencia de maquinaria pesada en la zona intervenida.
Un operativo realizado por personal de la Unidad Operativa Noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi y efectivos de Gendarmería Nacional confirmó un desmonte no autorizado en el paraje El Rincón, luego de una denuncia por el ingreso de maquinaria pesada y trabajos sin habilitación. La intervención permitió verificar la apertura de un camino interno y el impacto ambiental generado en un sector ubicado al oeste de la Ruta Nacional 231.
En la inspección se constató una traza de entre cuatro y seis metros de ancho y aproximadamente 150 metros de extensión. El área intervenida presentaba remoción de suelo, afectación de vegetación nativa y presencia de ejemplares de coihue cortados de raíz, además de daños sobre arbustos y caña colihue. El personal técnico elaboró un informe preliminar para su incorporación a las actuaciones administrativas que se iniciaron tras la detección de la obra.
El desmonte estaría relacionado con la presencia de maquinaria pesada compuesta por un camión volcador, una minicargadora y una retroexcavadora. Los equipos eran operados por un trabajador de una empresa de servicios y construcción de Bariloche, cuya actividad se encontraba fuera de los parámetros permitidos en jurisdicción del Parque Nacional. El procedimiento derivó en el secuestro del camión volcador, la minicargadora y una motosierra.
El Parque Nacional Nahuel Huapi dispuso la paralización inmediata de los trabajos y realizó la identificación del responsable en el sitio, quien fue notificado de su condición de infractor ante las normativas del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento Forestal. El organismo enfatizó la importancia de la intervención conjunta con Gendarmería Nacional en la etapa de control y verificación.
El área afectada por el desmonte se encuentra dentro de un sector que registra presencia de habitantes legítimos y ocupantes no regularizados, situación que se suma a antecedentes de ventas y subdivisiones ilegales. En este contexto, las autoridades remarcaron que se han detectado avisos inmobiliarios que ofrecen parcelas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional sin validez legal ni posibilidad de escrituración.
Las actuaciones administrativas avanzan con la inclusión de los informes técnicos del operativo y los elementos secuestrados, que quedarán incorporados al expediente formal abierto a partir de la constatación de la intervención no autorizada.
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Los argentinos reciclan cada vez más, pero las empresas y cooperativas atraviesan una profunda crisis y trabajan al 50%

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, cada vez se separan y recuperan una mayor proporción de residuos reciclables. Pero el volumen total de reciclado se redujo en los últimos dos años, debido a una caída general de la producción y el consumo. Al mismo tiempo, la industria del reciclado local colapsa por falta de demanda y bajos precios.
Según el Índice de Reciclado en Argentina 2025, realizado por la empresa Ecoplas y la consultora Opinaia, el 82 % de la población en separa sus residuos reciclables al menos de manera ocasional, lo que refleja un cambio cultural en ascenso frente a los anteriores resultados: 64% en 2022 y 60% en 2019. A su vez, 9 de cada 10 argentinos cree que las marcas deberían contribuir para lograr que los materiales vuelvan al circuito productivo.
El estudio señala que el 63% de los argentinos se interesa por el destino final de los productos que consume y entiende que los plásticos cumplen funciones esenciales en ámbitos como la salud, la higiene y la seguridad alimentaria. Y también indica que el 52% pagaría más por productos hechos con plástico reciclado, superando la predisposición registrada en 2022. Este interés fortalece el valor de certificaciones, ecodiseño y trazabilidad como sellos de confianza para el consumidor. De hecho, el 45 % considera que la presencia de una etiqueta o sello ambiental es un factor importante al momento de elegir un producto.
Desde el lado de las empresas, el reciclado genera una cadena productiva con más de 190 empresas y cooperativas recicladoras en todo el país y emplea a más de 50.000 personas en forma directa e indirecta, según datos de la Cámara de Industrias Plásticas CAIP. Sin embargo, “la industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la caída en la producción y el consumo en general, y a la entrada de material reciclado importado”, apuntó Sergio Hilbrecht, Gerente de CAIP.

Recicladores en jaque
Si bien la actividad de reciclado -partiendo de una base muy baja-, se multiplicó por cinco durante los últimos 20 años, actualmente atraviesa un momento crítico por la menor demanda de materiales, la caída de los precios y el repliegue del Estado.
“El reciclado de plásticos cayó 85 mil toneladas entre 2022 y 2024, y en sólo dos años pasó de 318 mil toneladas a 233 mil”, indicó José Luis Picone, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas), en el marco del Congreso y Exposición Mundial de Residuos Sólidos de ISWA (International Solid Waste Association) que se realizó a fin de octubre en Buenos Aires. “Sin demanda de material reciclado, no hay reciclado industrial; y sin reciclado industrial, no hay economía circular”, advirtió el especialista.
Picone explicó que esta crisis no es sólo local. El precio del petróleo cayó y el PET virgen se volvió más barato que el reciclado. “Cuando el plástico nuevo cuesta menos que el recuperado, la industria elige importar antes que comprar localmente”, señaló. La consecuencia directa es una contracción del mercado, con empresas que reducen operaciones y pérdida de empleos.

El impacto social del reciclado
Del otro lado de la cadena, Matías Capobianco, de la cooperativa Recicladores Unidos de La Matanza, señaló: “Los precios del cartón, del plástico y del vidrio se desplomaron. Ya no alcanza para parar la olla”, graficó. Y contó la realidad que viven muchos cartoneros: “Con la apertura de importaciones y la baja del precio del cartón, la rentabilidad cayó drásticamente. En 2023 vendíamos a 360 pesos el kilo, hoy a 100. Y en muchos barrios no llega ni a eso”.
“El reciclado genera trabajo e inclusión social en los barrios”, sostuvo Alicia Montoya, una de las fundadoras de la cooperativa El Álamo. Y advirtió: “Sin un sistema que garantice precios justos y acompañamiento estatal, se pierden no solo materiales, sino también oportunidades de inclusión y de trabajo digno”.
Por su parte, Giselle Baiguera, de la Fundación Avina, insistió en la necesidad de contar con una Ley de “reciclaje inclusivo”, que integre a las cooperativas y reconozca formalmente el rol de los recuperadores urbanos como parte del sistema público de gestión de residuos.
La entidad impulsa junto a la plataforma Latitud R y con apoyo del BID un programa de Reciclado con Inclusión social que trabaja desde hace una década fortaleciendo cooperativas en más de 30 ciudades argentinas.
Mientras tanto, un proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social presentado en 2021 perdió estado parlamentario. La iniciativa, impulsada por distintas organizaciones sociales y cooperativas de recicladores, incluía la Responsabilidad Extendida a lo largo de toda la cadena de producción, venta y posconsumo; establecía directivas para generar menos residuos, eliminar la producción de envases no reciclables y el uso de sustancias tóxicas. También proponía una tasa o impuesto por la generación de cada nuevo envase, destinado a programas de educación, y a mejorar las condiciones de trabajo en las cooperativas de recicladores.

Una segunda oportunidad
Finalmente, Carlos Méndez, presidente de la cooperativa Reciclando Conciencia de Pinamar, mostró durante el Congreso de ISWA 2025 que el trabajo conjunto entre municipios, políticas públicas y organizaciones puede sostenerse en el tiempo.
Nacida en 2010 desde el activismo ambiental, la cooperativa se formalizó en 2014 y hoy cuenta con 46 socios. En 2025 procesará más de 2.100 toneladas de residuos, frente a las 320 que manejaba en 2016. “Logramos mantener la planta funcionando gracias a convenios con el municipio y a normativas como la resolución 317, que permite cobrar un servicio a los grandes generadores”, explicó Méndez. La cooperativa también impulsa programas de educación ambiental y visitas escolares que ya alcanzaron a más de 10.000 alumnos.
“Cuando hay apoyo institucional y reglas de juego claras, el reciclado puede ser un motor de empleo y conciencia socioambiental”, afirmó.
En este esquema son necesarias las políticas públicas. “Estamos viendo el cierre de programas clave como Argentina Recicla y la no ejecución de fondos internacionales que ya estaban aprobados”, apuntó.
El especialista insistió en que el desafío es global y no admite dilaciones. “La contaminación por plásticos, los microplásticos en el mar, los basurales a cielo abierto son temas que no se pueden seguir postergando”, advirtió.
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¿Qué queda detrás del humo en Ezeiza? Apuntes para discutir el aire que respiramos

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El sector conocido como "el Polígono de Spegazzini", ubicado en cercanías de la Autopista Ezeiza–Cañuelas (en el sur del conurbano bonaerense) fue noticia en todo el país. Una explosión, en la noche del 14 de noviembre, y el incendio posterior en el lugar donde operan unas 25 empresas de acopio y abastecimiento de materiales y productos químicos se observó en vivo por todos los canales de noticias.
Debajo de una densa columna de humo, en un predio abierto de 130 hectáreas, estaban varias de las empresas instaladas en ese polígono industrial: Logischem, Plásticos Lago, Aditivos Alimentarios "El Bahiense", Iron Mountain, Larocca Minería, Flamia, Almacén de Frío y Parnor. Otras de las compañías que funcionan dentro del predio, pero no sufrieron daños, fueron Sinteplast, Marblock, Vesprini, Bull-Vial, Distri Ahorro y Pinturerías Proxecto.
De acuerdo con las pericias iniciales, en la investigación que lleva adelante la titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 1 de Ezeiza, Florencia Belloc, el fuego se inició en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Los trabajadores volvían del descanso cuando vieron una luz amarilla en el fondo, seguido por varias explosiones.
Según detalló Pablo Celabe, presidente y responsable de Logischem, la empresa contaba con depósitos en el predio. Dos de estos espacios destinados al almacenamiento de materiales y productos químicos como hidrosulfito de sodio, aluminio en polvo, bromuro de metilo, fósforo sólido, cianuro, tambores contenedores de 200 litros, garrafas de 200 de gas butano y productos farmacéuticos. Más de 20 dotaciones de bomberos intervinieron aquella noche y extinguir el incendio llevó varios días.
La explosión generó una onda expansiva muy amplia que dejó daños en hogares, en los que se rompieron vidrios y techos, incluso a kilómetros de distancia. Se reportaron, según el Ministerio de Salud bonaerense, 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores). También se ingresó en los centros de salud cercanos a una persona con un infarto y una mujer embarazada con dificultades respiratorias. En el lugar del incendio se registraron 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales locales.

Un antecedente en el aire y los mecanismos de prevención 
Lo ocurrido en Ezeiza no resulta un episodio menor. La contaminación del aire es un riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedades en todo el mundo. El 92 por ciento de la población está expuesta a un aire con niveles peligrosos de contaminación, un problema que causa siete millones de muertes prematuras cada año. Además, es responsable de una gran cantidad de casos de discapacidad entre las personas que sufren estas enfermedades, según la Organización Mundial de Salud (OMS).  
También afecta significativamente los ecosistemas, la biodiversidad, la calidad de los suelos y los cultivos, las fuentes de provisión de agua de consumo, aumenta la corrosión de los materiales, provoca la acidificación de ecosistemas lacustres y contribuye al cambio climático.
En agosto del 2000, con una diferencia de ocho días, se produjeron dos escapes de gases altamente tóxicos (cloro y amoníaco) en el polo petroquímico de Ingeniero White (Bahía Blanca). Esto marcó un quiebre en la relación entre las personas que habitan en las proximidades del predio industrial y la convivencia con el riesgo a la salud y al ambiente, generalmente las familias de los trabajadores y comunidades de alta vulnerabilidad social y económica.
Luego de estos hechos, las autoridades gubernamentales reformaron y desarrollaron mecanismos de seguridad como la capacitación e implementación del “Proceso de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local” (Apell) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que tiene como objetivo crear una comunidad cohesionada y resiliente frente a riesgos tecnológicos (especialmente cuando hay involucrados productos químicos) y las emergencias ambientales, mediante la concienciación y el acuerdo coordinado entre la industria, el gobierno y la comunidad local, en caso de que eventos inesperados pongan en peligro la vida, bienes materiales y el ambiente.
Para el caso del Polígono de Spegazzini está la normativa sobre Habilitación y Funcionamiento de las Industrias, Límites de Emisiones de Sustancias Contaminantes y Calidad de Aire, cuya aplicación está coordinada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dado que el lugar del incidente se ubica dentro de esa cuenca.
Las acciones de planificación para la prevención y actuación ante la emergencia que involucre Productos Químicos Peligrosos deben tomar en consideración de manera prioritaria lo siguiente:
- El Principio Precautorio establecido como “Principio 15” en la Declaración Política de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Río 92 y adoptado por la Ley General del Ambiente (25.675) que expresa que “cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente”.
- El Derecho a la Información de la Comunidad basado en la mejor ciencia disponible establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831).
Frente a lo ocurrido en Ezeiza observamos en el debate público una disociación entre los discursos gubernamentales, de la comunidad y de la ciencia consolidada en materia de química y salud ambiental, que se aleja de la posibilidad de garantizar el cuidado y protección de la población, sobre todo si ésta es vulnerable por las condiciones socioeconómicas y la cercanía a predios industriales, y de los ecosistemas y bienes naturales, que es responsabilidad ineludible de las administraciones gubernamentales.

La respuesta oficial y las voces de la comunidad
La cartera de Salud bonaerense activó el “código rojo” en clínicas y hospitales de la región para que reciban a las personas afectadas. Además, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.
En las primeras horas se recomendó a las y los vecinos de Ezeiza, y zonas aledañas, que permanezcan dentro de sus casas por la posible toxicidad del humo. “Permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”, fue el mensaje del Ministerio de Ambiente bonaerense aquella noche. 
El director de Defensa Civil de Buenos Aires, Fabián García, confirmó que "la primera empresa que hizo explosión es de logística química" e informó que las mediciones de calidad del aire realizadas en la zona no detectaron gases peligrosos: "Los valores registrados corresponden únicamente a material particulado". El "material particulado" es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, por esta razón es uno de los más usados en el mundo. Estas partículas pueden ser de diferentes tamaños, pero las más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
El sábado, cuando el incendio continuaba activo, el ministro de Salud de Buenos Aires , Nicolás Kreplak, explicó que la combustión del incendio estaba compuesta por “partículas grandes, por lo que no cuentan con tanta toxicidad” y compartió los resultados del estudio del Ministerio de Ambiente provincial: “Concluimos en que no es una nube tóxica, es humo por elementos que fueron quemados, sobre todo caucho (pertenecientes al depósito de Minera La Roca). Tiene la particularidad de ser poco patogénico. Hemos tenido muy pocos casos denunciados en el Centro de Toxicología. La nube se va a terminar de disipar en el transcurso del día (sábado 15), no esperamos que sea perjudicial para la salud pública ni para el ambiente”. 
De todas maneras, la recomendación oficial fue que las personas sensibles al humo —niños, adultos mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias— eviten la exposición directa hasta que el material en suspensión se haya disipado completamente. “Debido a la explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en Ezeiza, recomendamos no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”, fue también la recomendación que emitieron los municipios del Conurbano como La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza horas después del incendio. 
Entre los vecinos de los barrios afectados, que hablaron ante los medios que cubrieron en cadena el hecho, la preocupación por la salud fue el denominador común: “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató una vecina. Entre la columna de un humo negro y el fuerte olor a plástico quemado los vecinos reportaron las horas que pasaron entre cenizas en suspensión y una neblina espesa que se extendía entre sus casas.
"Era una bomba de tiempo, cuando iban a sacar muestras se ponían toda una protección estilo buzo de la marina. Y todo eso se quemó, está todo en el aire. Y por eso no puedo creer que hayan dicho que no era tóxico, es una locura que hayan dicho eso a la población", alertó un ex empleado de Logischem.

¿Qué dice la ciencia sobre los impactos a la salud y al ambiente? 
Los procesos de combustión son la principal fuente de los contaminantes atmosféricos como ser monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), ozono (O3), contaminantes orgánicos volátiles (VOCs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), material particulado (PM2.5 y PM10), a lo que se suman los generados por las reacciones químicas en el ambiente y por otros compuestos químicos presentes en los materiales de combustión como cloruro de hidrógeno (ClH), sustancias cloradas aromáticas persistentes, ácido sulfúrico (SO4H2), ácido nítrico (NO3H) y ácido cianhídrico (CNH), entre otros.
Sabemos a través de los últimos trabajos científicos y de revisiones sistemáticas de datos que los contaminantes del aire son causantes importantes de enfermedades no transmisibles, como el asma, los trastornos del desarrollo neurológico, los defectos de nacimiento en los niños; y en adultos: enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer.
Entre los efectos de salud inmediatos de la exposición a la contaminación atmosférica figuran la irritación de ojos, nariz y garganta; dificultad respiratoria, tos y el empeoramiento de las enfermedades preexistentes, como los ataques de asma. La edad, las enfermedades preexistentes y otros factores de riesgo de enfermedad y las alergias a los contaminantes pueden afectar al tipo de reacción que una persona experimenta ante un agente contaminante.
Como marcamos anteriormente, el “material particulado” es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, y las partículas más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
Las partículas PM10 entran a las vías respiratorias y pueden llegar a instalarse en los pulmones, de forma que pueden generar graves enfermedades. Las partículas PM 2,5 se consideran las más dañinas de todas: por su tamaño pueden ingresar en el torrente sanguíneo y son capaces incluso de llegar al cerebro, de acuerdo con la investigación “Exposición a corto plazo a partículas (PM 10 y PM 2,5)”, publicada en 2020.
La exposición a la contaminación por partículas tiende a afectar en su mayoría a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños, niñas y adultos mayores.
Con el fin de ayudar a los países a lograr un aire más limpio y reducir el riesgo para la salud, la OMS ha establecido una serie de valores guía para los principales contaminantes atmosféricos con las Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire, que países como Argentina han adoptado, como son niveles límites de exposición en su Normativa sobre Calidad de Aire. 
La Organización Mundial de Meteorología (OMM), el Pnuma y la OMS han desarrollado en forma conjunta Plataformas Interactivas de Calidad de Aire de Ciudades (IQAir) con los datos de mediciones reportados de Estaciones de Monitoreo Fijas y Satelitales que son de acceso público. Se basan en el Índice de Contaminación del Aire (ICA), que incorpora los valores guía de la OMS y se visualiza como una grilla de colores para permitir conocer si el aire puede afectar la salud.
En los gráficos se pueden observan los registros de datos de ICA y PM 2,5 obtenidos de la plataforma IQAir, correspondiente a la Estación de Monitoreo de La Matanza (Acumar), la más cercana al lugar del hecho, entre las 13 horas del 14 de noviembre hasta las 7 de la mañana del 15 de noviembre. Durante el horario de ocurrencia del evento y horas posteriores las barras naranjas nos indican que la calidad de aire no era saludable para los grupos mas sensibles de la población (niños, niñas, bebes y adultos mayores) y el PM 2.5 —de 141microgramos por metro cúbicos (µg/m3)— sobrepasaba ampliamente el valor de 15 µg/m3 establecidos por la OMS en 2021.

Cómo seguir después del humo
La proximidad de la población a los polos industriales es de un gran riesgo para su salud. En el caso de Ezeiza está determinada por una compleja realidad socioeconómica, que persiste desde hace décadas en región de la Cuenca Matanza Riachuelo y que fue reconocida por la Corte Suprema en el "fallo Mendoza".
La relocalización de establecimientos de alta peligrosidad debiera ser prioridad, pero en el mientras tanto, para minimizar, los impactos la población debiera participar de la planificación de los planes de emergencia y estar informada con la mejor ciencia disponible porque es su derecho.
De acuerdo con los antecedentes científicos y directrices de la OMS mencionados, la población expuesta durante el siniestro requiere tener un seguimiento de su estado de salud para verificar la posible existencia de los efectos sobre la salud descriptos, y conjuntamente un monitoreo del suelo, los ecosistemas cercanos y las fuentes de provisión de agua. En ambos casos deberán estar garantizados por el Estado provincial. En tiempos donde el negacionismo y el discurso anticientífico intentan imponerse como “verdad” debemos anteponer el conocimiento y la sensibilidad humana para proteger la vida y el hogar que habitamos.

Por Silvia Oliviero Ghietto
Magister en Química y Ambiente. Docente en UNDAV y UTN. Ex Responsable de Ambiente del Centro de Contaminantes Orgánicos INTI y Ex Profesional Especializado de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR.
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Denuncian que censuraron en el Conicet un informe crítico sobre la explotación minera en Mendoza 

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Mendoza


Un documento expone graves fallas en el estudio ambiental del proyecto minero San Jorge, que ayer avanzó en la Legislatura provincial. Fue desactivado de la web oficial del organismo. Lanzan una campaña de firmas para defender la autonomía científica.
La publicación de un documento crítico sobre la explotación minera en Mendoza desató un conflicto interno en el Conicet, el organismo científico más importante del país. Investigadores y becarios denuncian que las autoridades censuraron un informe publicado en las últimas horas que ponía en discusión el avance del emprendimiento minero San Jorge, que avanzó este miércoles en la Legislatura local. 
El documento titulado Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino llegó a publicarse en la web pocas horas hasta que su link de acceso fue desactivado. El texto reúne observaciones técnicas sobre el emprendimiento minero San Jorge y había sido consensuado por especialistas de múltiples institutos y aprobado por los equipos técnicos del centro científico.
La acusación es que se trató de un intento de censura en medio del fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei sobre la ciencia, además de que revela la connivencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la Nación. Ayer el mandatario provincial festejó que la Cámara de Diputados local aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata. 

Qué dice el comunicado que quisieron frenar
El documento, finalmente publicado por vías alternativas, advierte que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre los puntos más importantes, el Conicet Mendoza señaló en su comunicado que:
• Existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.
• En términos generales, la información utilizada en el Informe de Impacto Ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta.
• En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados.
• La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado.
• Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario.
• Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.
• Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia. 

La denuncia de censura
Según recogió elDiarioAR de trabajadores del Conicet Mendoza, la dirección del organismo habría ordenado bajar la publicación y así evitar conflictos con el gobierno provincial. El episodio generó malestar y una reacción inmediata dentro de la comunidad científica, que interpretó la maniobra como un intento de disciplinamiento político en un área donde la independencia técnica es un principio básico.
Para robustecer la denuncia de censura, investigadores y becarios lanzaron un formulario de adhesión pública donde reclaman:
- respeto a la autonomía técnica del Conicet,
- cese de presiones políticas sobre equipos científicos,
- garantías para que los informes críticos puedan publicarse sin interferencia,
- protección laboral y académica para quienes participan en evaluaciones ambientales.
El formulario —abierto a firmas de la comunidad científica y la ciudadanía— busca reforzar la legitimidad del comunicado y evitar que situaciones similares se repitan en próximos dictámenes vinculados al ambiente, un área especialmente sensible en Mendoza tras décadas de movilización social contra la megaminería. 
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Tras el ataque a la yaguareté Acaí, cómo sigue el trabajo para recuperar el hábitat de estos felinos en el país

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Chaco


La hembra que era monitoreada desapareció y encontraron su collar en el río Bermejo. Mientras tanto, la Fundación Rewilding continúa con las tareas para reintroducir a la especie en dos regiones clave y la lucha contra la caza furtiva
El próximo 29 de noviembre, el país conmemora el Día Mundial del Yaguareté, a la espera de saber qué fue lo que pasó con Acaí, la hembra que desapareció a principio de mes y de la que estiman fue víctima de cazadores furtivos en El Impenetrable.
Mientras tanto, siguen las tareas en dos regiones claves con estrategias para revertir la casi extinción de su mayor felino de América del Sur. El regreso de estos ejemplares a las provincias de Corrientes y Chaco apunta a conservar una especie que perdió más del 95% de su área de distribución y cuenta con apenas entre 200 y 250 ejemplares en el territorio nacional.
Según la Fundación Rewilding Argentina, la disminución del mamífero responde a factores acumulados: caza furtiva, transformación de hábitats y fragmentación de las poblaciones. Su presencia mantiene el equilibrio en los ecosistemas, ya que al ubicarse en la cima de la cadena trófica influye en la regulación de numerosas especies. De acuerdo a la organización, la reducción de su rango geográfico lo dejó aislado en pequeñas áreas protegidas.
En ese sentido, los profesionales estiman que la hembra Acaí "fue cazada y su collar arrojado al río“. ”El collar de monitoreo fue clave para determinar de manera casi inmediata que Acaí había sido asesinada. Y se espera que la información del collar ayude a encontrar a los culpables para que reciban su castigo. La Administración de Parques Nacionales ya radicó la denuncia ante la justicia y la Fundación Rewilding Argentina se constituirá como querellante”, agregaron.
Uno de los epicentros del esfuerzo de recuperación es Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. En 2012, la provincia se unió a la Administración de Parques Nacionales y a Rewilding Argentina para crear el Centro de Reintroducción del Yaguareté. En ese entonces, la región llevaba siete décadas sin registros de ejemplares en libertad. Instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron a trabajar con una población fundacional para comenzar con el proceso de reintroducción.
Ya en 2021, la iniciativa superó un hito: los primeros individuos criados fueron reinsertados en el parque. El proceso involucró una coordinación internacional y seguimiento científico continuo. Hoy, un censo estima que más de 40 yaguaretés viven libres en Iberá, cantidad que representa alrededor del 15% de la población nacional.
La presencia del yaguareté ya muestra impactos ecológicos. “Con 40 yaguaretés viviendo libres en Iberá, algunos de los impactos esperados comienzan a evidenciarse”, afirma la entidad. El monitoreo, realizado junto a CONICET, el Proyecto Yaguareté y con el apoyo de National Geographic Society, analiza sus efectos en presas, vegetación y comportamiento de otras especies. Los resultados preliminares surgen de estudios de campo robustos, diseñados para evaluar la dinámica ecológica tras el regreso del depredador tope.
A partir de la experiencia correntina, Parques Nacionales y Rewilding Argentina impulsaron una réplica en la vecina provincia de Chaco, dentro del Parque Nacional El Impenetrable. La región chaqueña evidenciaba una situación más crítica que Corrientes: menos de diez yaguaretés sobrevivieron allí en los últimos años, todos machos. Dado este panorama, la recuperación natural de la especie carecía de chances mientras no se sumaran hembras.
En el inicio, hubo un episodio inédito. En 2018, un guardaparque descubrió huellas de un ejemplar macho, luego identificado como Qaramta. Equipado con un collar GPS, fue monitoreado para estudiar su desplazamiento. Ante la ausencia de hembras, se decidió transferir desde Iberá a hembras criadas en el centro correntino, logrando una cruzada sin antecedentes entre un macho silvestre y hembras de cautiverio. De estos apareamientos surgieron cachorros liberados posteriormente.
El año 2024 marcó una nueva etapa. Rewilding Argentina, la provincia de Chaco y la Administración de Parques Nacionales liberaron cinco hembras en El Impenetrable para propiciar la recuperación del felino. Aunque una de ellas, identificada como Acaí, fue víctima de cazadores.
A pesar de este episodio, el hallazgo del primer cachorro nacido en libertad -hijo de la yaguareté Nalá- sacudió la escena conservacionista.
La apuesta por reforzar la población con hembras busca restaurar el equilibrio ecológico en el Gran Chaco, un bioma que abarca un millón de kilómetros cuadrados en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Según los relevamientos, esta zona conforma el segundo bosque más extenso y diverso de Sudamérica, después del Amazonas, aunque enfrenta altas tasas de deforestación y su conservación continúa siendo un desafío.
En el plano global, el programa argentino es el primer intento en el mundo de restablecer al yaguareté -el depredador tope de Sudamérica- en regiones de las que se había extinguido. Rewilding subraya que los avances locales lo transforman en un caso testigo para iniciativas análogas que se proyectan en la Mata Atlántica de Brasil y el sur de los Estados Unidos.
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Vaca Muerta: comunidad mapuche denuncia contaminación y la justicia ordena terminar con la protesta

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


En Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación. Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto “bloqueo” en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos. 
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: “la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar”, denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera “tierra de nadie”. Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. “Decime que no sirve luchar por nuestros derechos”, cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del “desarrollo energético”, la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
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"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Fecha de Publicación: 26/11/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe - Entre Ríos


Las columnas de humo que se ven todos los años provenientes de las islas producto de los incendios son un registro visible de la destrucción que causa el fuego en los humedales. Pero hay otro factor que se viene extendiendo hace años, producto del avance la agricultura, la ganadería intensiva y los emprendimientos inmobiliarios, que no se divisa desde este lado y que también es muy perjudicial: la construcción de terraplenes y endicamientos que alteran las funciones de estos ecosistemas al punto de anular su capacidad de reguladores hídricos.
En el informe "Áreas endicadas, terraplenes y urbanizaciones cerradas en el Delta del Paraná - Actualización 2025", la Fundación Humedales/Wetlands International remarcó que sobre el delta inferior del Paraná, que se extiende desde Diamante (Entre Ríos) hasta San Fernando (Buenos Aires), crecieron los terraplenes y endicamientos. Se contabilizan 8.938 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 kilómetros cuadrados de endicamientos en una región que comparten las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según estimaron desde la organización, el 14,04% de la superficie de la región del delta se encuentra fragmentada por estas construcciones. El relevamiento se hace con imágenes satelitales y busca actualizarse cada cinco años, detalló a La Capital la coordinadora nacional para Argentina del Programa Corredor Azul de la fundación, Nadia Boscarol.
Un terraplén es una estructura lineal, una elevación de tierra que puede ser de varios metros. Si esa estructura se cierra formando un polígono, se denomina endicamiento y deja un área de la isla dentro que suele ser drenada. Para construir terraplenes se usan dragas y siempre hay canales a ambos lados, de donde se saca la tierra.
Estas estructuras se construyen, generalmente, para destinar zonas de humedales a la explotación agropecuaria, ya sea para agricultura o para ganadería intensiva, o para rellenar el territorio y llevar adelante allí mismo desarrollos inmobiliarios.
En un contexto de fenómenos meteorológicos más intensos producto de la crisis climática y el calentamiento global, la existencia de estas estructuras, que en muchos casos se desarrollan sin planificaciones, cobra otra relevancia.
Para el abogado ambientalista Fabián Maggi, "la verdadera destrucción del delta del Paraná” son los terraplenes: “Muchísimo más que los incendios, que impactan por el humo y es lo que más percibe la gente".
Secar un humedal no es tarea difícil en caso de contar con un terraplén o un endicamiento. Estos muros de tierra impiden el paso del agua, en un entorno en el que la vida entera depende de los pulsos de las crecidas.

Pérdida de identidad
Los humedales son ecosistemas en los que el agua marca tanto la dinámica de su estructura como el funcionamiento del mismo, explicó a La Capital la directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo. Y sumó: “Para que siga funcionando como tal, necesitamos que el agua puede estar presente. Con un terraplén, se interrumpe el flujo natural del agua y pierde sus características propias”.
“De ahí, hay que pensar para qué se hacen endicamientos y, generalmente, siempre tiene que ver con que los humedales pierdan sus características propias. Si el agua no está presente, el humedal pierde su valor identitario propio”, remarcó.
La pérdida de identidad de un humedal, como graficó la especialista, marca además un déficit de sus capacidades ecosistémicas. Entre ellas, las más importantes son regular inundaciones, amortiguar crecidas y tener agua disponible para captar y procesar en los centros de tratamiento que la potabilizan. Este último punto es un problema recurrente, por ejemplo, en Victoria. “Tienen muchos problemas (de captación) por los endicamientos aguas arriba, en la zona del delta”, detalló Klekailo.

Asimetrías de poder
“En muchos casos, los terraplenes se hacen sin regulación ni planificación para los humedales. En particular, generan la pérdida de biodiversidad y la degradación de los humedales”, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Natalia Morandeira, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
La investigadora realizó su trabajo de campo para su Doctorado en Ciencias Biológicas a principios de la década pasada, precisamente en la zona del delta que se extiende desde Rosario/Victoria hasta Ramallo, en la zona de las Islas de las Lechiguanas. Recuerda que no había tantos terraplenes y que, ocasionalmente, se podía encontrar alguno “que se usaba para tránsito de ganado”.
Pero el panorama cambió. Actualmente, el 14,04% del delta del Paraná está endicado y se registró un aumento del 5% de la cantidad de terraplenes y endicamientos, “sobre todo para ganadería”: “Siempre que hay períodos muy secos, se intensifican los usos pampeanos del delta. Y en épocas de inundación, los endicamientos están drenados, lo que hace que se pierda la función de amortiguación de las inundaciones y que las áreas habitadas (por isleños) se inunden”.
Esta alteración en el desempeño de los humedales deriva en la pérdida de la variedad en el ecosistema y en su transformación, que da paso a un territorio homogéneo y uniforme con muy poca de la biodiversidad original.
La biodiversidad no es la única afectada por la existencia de desvíos no planificados. También sufren las actividades y los pobladores locales por las “asimetrías de poder”, como las denominó la investigadora: “Un terrateniente realiza un terraplén o endicamiento sin planificación del entorno para que su área no se inunde, pero está afectando a los pobladores. En los últimos años, muchos de los endicamientos se hicieron para ganadería intensiva y otros para agricultura con uso de agroquímicos, que suma otra amenaza porque su filtración afecta los cuerpos de agua”.
Otros terraplenes se desarrollaron para albergar a emprendimientos inmobiliarios, modificando por completo los humedales. El suelo se impermeabiliza y la naturaleza del ecosistema se pierde: pasa de absorber y contener agua a rechazarla por su alto grado de compactación.

Desarrollo frenado, daño hecho
El daño, en esos casos, es casi irreversible. A modo de ejemplo, Morandeira citó el caso del desarrollo inmobiliario Colony Park, un barrio en el delta del Paraná, a la altura de San Fernando, en el que se tenía previsto construir una pequeña nueva ciudad con calles, avenidas, casas, condominios y hasta un túnel subacuático para conectar la provincia de Buenos Aires con las islas.
El emprendimiento llegó a trazar varias calles y, previamente, se niveló el suelo para evitar inundaciones. Las obras arrancaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, ordenó la clausura preventiva del desarrollo tras una denuncia por daños ambientales.
A pesar de que el proyecto no avanzó nunca más, el daño se consumó: el relleno del territorio para levantar encima la nueva ciudad ya estaba hecho, así como el daño al ambiente.

Judicialización por terraplenes
En el plano judicial, Maggi remarcó que existen dos causas, una en el fuero civil y otra en el penal, contra un empresario que construyó endicamientos en el delta, a la altura de Ramallo.
“El empresario agropecuario Fabio Di Fonzo hizo endicamientos en 5.000 hectáreas en campos que compró a quien es dueño de Cardón, Gabriel Nazar. La causa civil ambiental la inició Upva (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) en Entre Ríos y motivó que se dicte una medida cautelar para prohibir la fumigación sobre las Islas de las Lechiguanas”, detalló el abogado, que es parte del proceso judicial.
Y agregó: “Di Fonzo no sólo sembró sino que, además, cosechó en esa zona. Esa cosecha estaba embargada e inmovilizada porque no podía entrar maquinaria pesada a donde se encuentran los campos y el juez (federal de Victoria, Federico) Martín las liberó y permitió que se comercialice un producto originado en un delito. Esto lo advirtió al propio juez la UIF (Unidad de Información Financiera), que interviene como querellante en la causa”.
Respecto al avance de los procesos judiciales, el abogado marcó que en la causa penal no se llamó a indagatoria a los implicados, pero que la causa civil “está para dictar sentencia”: “En la causa penal, hubo medidas del fiscal (Leandro) Ardoy, que indicó a Entre Ríos que haga descripciones complementarias de los terraplenes que están construidos en las islas. Incluso, hay indicios de que se extralimitaron con los terraplenes y se pasaron a espacio público”.

Causa local: el litigio por el Legado Deliot
Actualmente hay otro litigio en curso, con los terraplenes como protagonistas, que concierne a Rosario: la remediación ambiental del Legado Deliot luego de que en mayo del año pasado, el empresario Enzo Mariani se quedara sin instancias para reclamar 807 hectáreas que fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la Municipalidad la década de 1940.
A finales de octubre, el titular del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Luis Márquez Chada, se pronunció contra el reclamo de Mariani para conservar el territorio. También lo consideró responsable de daño ambiental por la construcción de terraplenes y otras obras que alteraron las condiciones naturales del lugar.
El juez hizo lugar a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización: Mariani debe abonar 486 mil dólares por la privación del uso del inmueble, un monto a actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco Nación hasta que los terrenos sean restituidos; y 66.840.000 pesos por remoción y recomposición ambiental. En este caso, también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.
Márquez Chada también hizo lugar a una demanda por perjuicio ambiental impulsada por los abogados Pablo Bonato y Gastón Rosenberg Jantzon. En este sentido, señaló que las obras ilegales alteraron la topografía natural y el régimen hidrológico, en un fallo que reconoce la pérdida de la biodiversidad y la eliminación de los seres vivos.

¿Se puede desarmar un terraplén?
El daño que provocan los terraplenes es casi irreversible, aunque todo depende del tiempo que pase desde que se levantó la estructura.
Si bien cualquier terraplén se puede destruir, lo importante es determinar si el agua vuelve a correr por la zona endicada y si ese territorio puede llegar a recuperar su condición de humedal.
A modo de ejemplo, Klekailo dijo: “Si se construye un terraplén en 2015 para desviar un arroyo, ese lugar se seca con el tiempo y ahí crece vegetación. Si hoy se destruye ese terraplén, es difícil que el agua vuelva a abrirse paso y que el humedal vuelva a serlo porque cambia por completo la fisonomía del paisaje”.
En consonancia, Boscarol señaló que remover un terraplén es posible aunque resaltó: "Eso implica movimiento, pero también genera un nuevo disturbio al ecosistema". A su vez, consideró que por los tiempos que necesita para recomponerse, "es imposible saber si volverá a su verdadero estado original".
Morandeira, por su parte, contrastó ciertas estructuras existentes en el delta. Si bien explicó que los endicamientos ilegales son perjudiciales, también existen otros “históricos” que se desarrollaron en el sector del bajo delta y que funcionan como defensas en una zona que se destinó a la forestación de distintas especies, como sauce o álamo, y que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
“En la visión de «pampeanizar» el delta, se expandió la agricultura intensiva de soja en las tierras altas, lo que conllevó a que la ganadería, que antes se hacía en tierras altas, se traslade a zonas más bajas no tan productivas para la agricultura. Es el efecto dominó que se da por el aumento de las producciones de commodities en la zona”, dijo, y finalizó mencionando que todo forma parte de una “falta de regulación, de planificación y de presencia del Estado en ver qué se hace con el uso del suelo”.
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Denuncian que un pesquero chino mapea la Plataforma Continental Argentina

Fecha de Publicación: 25/11/2025
Fuente: Diario La Jornada
Provincia/Región: Nacional


El barco Lu Qing Yuan Yu 205 repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El buque chino Lu Qing Yuan Yu 205, perteneciente a una flota subsidiada por el Estado chino, fue detectado nuevamente realizando maniobras compatibles con tareas de prospección dentro de la Plataforma Continental Argentina, un área donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos.
La denuncia, impulsada por el especialista Milko Schvartzman y el Círculo de Políticas Ambientales, señala que el barco repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El caso reabre el debate sobre la vigilancia en el Atlántico Sur, la falta de información oficial y los antecedentes conflictivos de la flota china en la región. La gravedad del episodio que ya no es un hecho aislado es que se detectan trayectorias lentas, rectilíneas y sistemáticas, idénticas a los patrones utilizados para estudios biológicos o geológicos.

Espionaje científico
En un artículo publicado por la agencia ArgenPorts se menciona que “en aquella primera detección, el Círculo de Políticas Ambientales analizó datos satelitales de Global Fishing Watch y concluyó que el buque chino había cubierto miles de kilómetros cuadrados sobre la plataforma argentina, en maniobras que excedían la actividad pesquera habitual”.
Ese informe alertó sobre la posible realización de “trabajos científicos sin autorización del Estado argentino, un requisito obligatorio en la Plataforma Continental”. Ahora, con el regreso del mismo patrón de navegación, las sospechas vuelven a intensificarse. Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales, platea inquietudes:
“¿Quién autorizó a un pesquero chino (Lu Qing Yuan Yu 205) a prospectar la Plataforma Continental Argentina? En 2022 lo detectamos mapeando; en 2025, otra vez más al norte. ¿Es legal? ¿Y la soberanía? ¿Se ha pedido explicaciones a la Embajada de China?”.

Falta de información oficial
La Plataforma Continental Argentina, ampliada y reconocida por la ONU, otorga al país derechos soberanos sobre la exploración y explotación de recursos naturales.
“Ningún buque extranjero puede realizar estudios sin autorización previa. Sin embargo, la nueva operatoria del Lu Qing Yuan Yu 205 deja abiertos interrogantes que aún no tienen respuesta”, plantea el reporte de ArgenPorts. ¿Hubo un reclamo formal ante la Embajada de China? ¿Se activaron mecanismos de control de Cancillería o Prefectura? ¿Existe algún tipo de permiso otorgado que no haya sido informado? Hasta ahora, no se registraron comunicaciones públicas de organismos oficiales sobre la actividad del barco.

Soberanía en riesgo
El comportamiento del pesquero se suma a un historial problemático de parte de la flota china que opera en el Atlántico Sur. La región ha sido escenario de múltiples denuncias por pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada, capturas de especies protegidas y graves violaciones laborales.
Para Schvartzman y para organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales, permitir que un buque con ese perfil realice tareas presuntamente científicas sin control local implica un riesgo directo para la defensa de la soberanía y la protección de los recursos estratégicos.

Fragilidad de controles
La nueva detección del Lu Qing Yuan Yu 205 reavivó los pedidos para fortalecer la vigilancia satelital y el monitoreo integrado entre organismos argentinos, así como para elevar el nivel de presión diplomática sobre flotas extranjeras. “Mientras tanto, el episodio vuelve a exponer la fragilidad del control en una zona clave para la pesca, la biodiversidad y el futuro energético de Argentina”, concluye el informe. 
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