San Jorge: durísimo documento de las Asambleas del Agua denuncia fraude en el proceso de aprobación

Fecha de Publicación: 18/11/2025
Fuente: Portal ElEditorMendoza
Provincia/Región: Mendoza


Un documento revelado en las últimas horas por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (AVAU), las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), la Fundación Cullunche, la Asamblea del Este, Arte por el Agua, Asamblea Popular por el Agua y Asamblea por el Agua de San Rafael denunció en las últimas horas que el gobierno de Mendoza habría manipulado el proceso de participación ciudadana y ocultado informes técnicos críticos para acelerar la aprobación del proyecto San Jorge, rebautizado PSJ Cobre Mendocino. Denunciaron falsedad ideológica y abuso de autoridad.

Un apoyo social inflado
Según las denuncias, la Autoridad Ambiental Minera desplegó una logística monumental para simular un respaldo mayoritario al proyecto. Funcionarios del Senado provincial, cámaras mineras, sindicatos aliados y empresas proveedoras de insumos estratégicos fueron convocados para recolectar firmas de apoyo.
Las asambleas detectaron planillas duplicadas y triplicadas, firmas apócrifas, correos electrónicos repetidos, registros digitalizados sin firma y apoyos provenientes de otras provincias. En total, unas 2.000 rúbricas cuestionadas que, de comprobarse mediante peritajes caligráficos, configurarían delitos de la función pública. El señalamiento es grave: funcionarios habrían utilizado información adulterada para favorecer a un tercero interesado, engañando a la opinión pública sobre la verdadera licencia social del proyecto.
Los firmantes del documento indicaron que aportarán las pruebas en sede judicial.

La información pública, inaccesible
Existe un expediente “oficial” del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero solo puede ser consultado por quienes poseen usuario, contraseña y rango jerárquico. Para la ciudadanía se habilitó un expediente “público” en la web, aunque con serias limitaciones: archivos duplicados, vacíos de información y documentos eliminados.
Entre los documentos ausentes se encuentra el informe de la Facultad de Medicina, que advierte sobre la nocividad de las sustancias que utilizaría la empresa y recomienda sustituir tres de las cuatro involucradas. También falta el informe de la Facultad de Ingeniería, que señala la incertidumbre científica del proyecto y sugiere aplicar el principio precautorio.
Aunque el dictamen técnico de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo menciona haber considerado estos informes, las conclusiones más disruptivas fueron suavizadas, permitiendo al Gobierno avanzar.

El futuro del agua y un informe clave
Tampoco se difundió como parte del expediente el informe del geólogo José María Cortés, que demuestra la conexión entre las cuencas de Uspallata y Yalguaraz. Este dato es crucial: en caso de contaminación del agua subterránea, el riesgo ambiental se multiplicaría y afectaría a más municipios de los convocados.
Las asambleas sostienen que esta omisión favoreció a la empresa al evitarle mayores costos de estudios y le permitió presentar el proyecto dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en 2026.

Una audiencia pública cuestionada
La audiencia pública se realizó en el sitio de la mina, contraviniendo la Ley provincial 8051/09, que exige que estos encuentros se lleven a cabo en poblaciones cercanas con acceso a transporte público.
El evento se organizó con fuerte operativo de seguridad, pulseras de control y listas cerradas de oradores. Por primera vez en la historia de Mendoza, no se permitió la participación espontánea.
El Gobierno difundió cifras que buscaban legitimar el proceso: 3.836 inscriptos, 2.269 oradores y un 67% de expresiones a favor del proyecto. Sin embargo, el análisis posterior reveló inconsistencias: expedientes duplicados, planillas repetidas, firmas apócrifas, correos enviados más de una vez y listados de personas de otras provincias.
Incluso se detectó una fuerte actividad de búsqueda de apoyos desde el Senado provincial, "con planillas presentadas por funcionarios cercanos a la vicegobernadora Hebe Casado y a Pablo Priore", señala el documento. Las asambleas estiman que entre 2.500 y 2.900 firmas son cuestionables y anunciaron denuncias formales ante la justicia.

Los delitos identificados
Según las asambleas, los hechos podrían encuadrarse en varios artículos del Código Penal argentino:
- Falsedad ideológica (art. 293): insertar información falsa en un expediente oficial.
- Incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248): omitir controles o negar información relevante.
- Abuso de autoridad (arts. 248 y 249): dictar resoluciones contrarias a la Constitución o ejercer funciones que no corresponden.
- Fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5): participar en un ardid para obtener beneficios económicos o políticos mediante engaño.
- Delitos contra la fe pública (arts. 292 a 296): falsificación de documentos públicos o privados.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265): beneficiar a terceros mediante omisión de control o participación activa.

Conclusiones
El accionar del Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad Ambiental Minera, permitió que la empresa obtuviera la Declaración de Impacto Ambiental sin presentar toda la documentación exigida. Se manipuló información clave, se evitó convocar a todos los municipios potencialmente afectados y se suavizaron los cuestionamientos técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo.
La audiencia pública se organizó en condiciones restrictivas, con cifras manipuladas y firmas apócrifas. Todo ello, según las asambleas, constituye un ardid de enormes proporciones destinado a acallar la oposición social y construir la idea falsa de que el proyecto posee licencia social.
La hipótesis es contundente: detrás de la aprobación del PSJ Cobre Mendocino podría haber responsabilidades penales para funcionarios y colaboradores externos. Lo que está en juego no es solo la viabilidad de un emprendimiento minero, sino la confianza en las instituciones, el respeto a la ley y el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de su territorio y sus recursos.
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