El ecocidio continúa de una manera silenciosa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un informe de la UNR alerta sobre el aumento de las quemas en los últimos tres meses y la falta de responsables. Hubo audiencia pública por el tema en el Concejo.
Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en la zona del humedal del Delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se señala la existencia de condiciones climáticas como alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores, que suponen “una barrera para la dispersión de los incendios”. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. “Aún no pudimos resolver, a lo largo de los últimos cinco años, quien enciende el fuego”, cuestionó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la UNR. 
El tema se puso en debate en una audiencia pública en el Concejo, de la que participaron distintos actores y se reclamaron medidas de prevención sobre el humedal. Las organizaciones sociales remarcan que la situación nunca mermó y advierten que los incendios van a seguir ocurriendo. “Los factores siguen siendo los mismos”, sostuvo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.
El estudio arrojó que, desde principio de año, se registraron incendios sobre una superficie aproximada de 30.327 hectáreas, en los humedales que forman parte del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) del Delta del Paraná. Según el informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.976 hectáreas, para luego descender notoriamente: durante los siguientes cuatro meses se registraron 2.618 hectáreas incendiadas. Sin embargo, a partir de julio los incendios retomaron y el cuarto bimestre del año finalizó con 10.929 hectáreas de humedal incendiadas. En septiembre, los incendios registrados encienden las alarmas: en apenas 25 días se detectaron 13.188 hectáreas arrasadas por fuego.
En el relevamiento también se señala que la altura del río Paraná es mejor a la de años atrás, aunque sin recuperar sus niveles promedios. Esas condiciones climáticas (mayor humedad, precipitaciones y nivel del río superior) suponen “una barrera para la dispersión de los incendios” en la zona. 
A pesar de eso, el aumento considerable del fuego durante los últimos tres meses “dejaría en evidencia que están vinculados a la actividad humana”. Además, la mejora hídrica favoreció el crecimiento de la vegetación y, en consecuencia, una mayor cantidad de material “potencialmente combustible” en la zona, lo que deja una alerta encendida para el resto del año.
Además de la cuestión ambiental, el informe también pone el foco en el debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y controlar los incendios. Por ejemplo, la eliminación del fondo fiduciario que alimentaba de recursos al Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF). A eso se le suma la disminución en la asignación del presupuesto desde 2023, que se agrava con la subejecución de esa partida: en 2024 solo se ejecutó un 22% de lo asignado y, en lo que va del 2025, se ejecutó un 30,7%. Con ese trasfondo, desde el Centro de Estudios Territoriales entienden que, sin recursos, la estrategia de manejo del fuego queda reducida a una reacción tardía.
“La magnitud y recurrencia de los incendios en el Delta del Paraná evidencian que ninguna provincia, por sí sola, puede enfrentar de manera eficaz el problema. El carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos entre las provincias involucradas y el Estado nacional, bajo un esquema de cooperación técnica, financiera y operativa”, expresa el informe. “Solo a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta, será posible garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos humedales”, agrega.

¿Quién prende?
Para De Bueno, el informe da cuenta no solo de que la problemática de los incendios nunca cesó, sino que se va a seguir produciendo. “El ecocidio continúa silenciosamente y podemos prever que se van a seguir produciendo incendios. Este año se quemaron más de 30 mil hectáreas, que son doscientas veces el Parque Independencia”, lamentó en diálogo con Rosario/12. “Creemos que podemos tener, por lo menos hasta fin de año, unas 20 mil hectáreas más de incendios. Por eso entendemos que se debería elaborar un plan de trabajo entre los distintos actores, en vistas de resolver esa pregunta: ¿quién prende el fuego?”, añadió.
El dirigente consideró que la ausencia de responsables es una de las grandes deudas de los últimos años. “Aún no pudimos resolver ni quién prende el fuego, ni por qué. Ese es el mayor fracaso que nosotros vemos en la Justicia”, expresó y agregó: “Creemos que se deben destinar los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones, porque actualmente son muy escasos. Están trabajando las jurisdicciones locales, que no dan abasto. Y el poco interés del gobierno nacional en la política ambiental no colabora con esta situación”.
En ese marco, el referente ambiental de la UNR habló de “retrocesos”, más que de avances, desde la temporada de incendios iniciada en 2020. “Hubo un grave retroceso sobre todo desde la jurisdicción federal. Hay menos financiamiento para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la Justicia, en lugar de tener mayores certezas, tenemos las absoluciones de la mayoría de los imputados dentro de los procesos federales, y pocos avances en los juzgados provinciales”, describió. “Nuestra propuesta concreta es que tenemos todavía tres meses por delante y podemos evitar que esto se siga profundizando”, completó.

Audiencia pública
Los resultados del informe se presentaron el pasado jueves, en una audiencia pública que puso el foco en el estado de las causas judiciales que investigan a los responsables de los incendios en las islas. La actividad fue impulsada por el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que además preside la Comisión de Ecología en el Concejo. Uno de los convocados a exponer en la jornada fue el fiscal federal Claudio Kishimoto, con el fin de brindar los detalles de las causas en curso. Para el edil se trató de un “hecho histórico e inédito” para la ciudad.
“No es muy habitual que un fiscal acuda al Concejo para explicarle a la gente y la ciudadanía cuál es el estado de avance de las causas y mucho menos cuando se trata de causas que revisten esta complejidad, con tantos intereses en juego, e incluso problemas jurisdiccionales”, describió Ferrero a Rosario/12. 
“Fue una jornada para discutir en conjunto. Son pocas las veces en que podemos reunirnos todos los actores en un lugar, independientemente de nuestros pensamientos o trayectorias. Desde funcionarios, vecinales, la universidad, la militancia socioambiental y también los sectores ganaderos, que expresaron su posición sobre el tema”, añadió.
El concejal remarcó que la importancia de la jornada también radica en visualizar que los incendios continúan ocurriendo. “Las islas siguen siendo un territorio en disputa y los niveles de protección son muy bajos. Hoy en la isla casi que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se respeten algunos parámetros. Es importante controlar lo que se puede hacer en un ecosistema que es vital para la región”, expresó.
“Hoy son tímidas las políticas públicas o acciones que implementa tanto el gobierno de Santa Fe como Entre Ríos. Siempre lo fueron. Cuesta ver un gobierno, independientemente de la fuerza política a cargo, que tenga voluntad de asignar recursos específicos a este tema. Y a nivel nacional el desfinanciamiento de políticas orientadas a la conservación de los ecosistemas es absoluto”.

Las organizaciones
En la audiencia se hicieron presentes distintas organizaciones ambientales, que desde años vienen monitoreando lo que sucede en las islas y peleando por la sanción de una ley que proteja los humedales del país. “La conclusión que sacamos es que los incendios se van a seguir repitiendo, es algo que nunca dejó de pasar. Los factores siguen siendo los mismos”, dijo Martínez a Rosario/12. 
“Hay una realidad que todos reconocen y es la ausencia de control estatal. Victoria detenta la jurisdicción de un enorme territorio sobre el que no garantiza el cumplimiento de la ley. Es un Estado que ni siquiera llega tarde, nunca llega”, cuestionó.
Para el integrante de la Multisectorial Humedales, uno de los principales aspectos sigue siendo la falta de presencia del Estado respecto al ordenamiento territorial, productivo y ambiental en la zona. “No se trabaja con drones, hay pocas lanchas. Vemos que no hay nunca una reacción rápida del Estado para que esto no suceda”, expresó y agregó: “Siempre se pone como excusa la falta de recursos. Podemos empezar por cobrarles multas a quienes hacen los terraplenes ilegales, porque si no tenemos un estado bobo que absorbe todas las pérdidas sin dar ninguna respuesta. Por eso, creemos que esto va a seguir sucediendo”.
Por último, el dirigente consideró que la sociedad sigue acompañando el reclamo ambiental y aseguró que la militancia ambiental en los últimos años deja aprendizajes: “El apoyo a la causa está vigente. Hoy todos sabemos lo que es un humedal y como sociedad fuimos aprendiendo mucho en el camino. A la gente le importa lo que está pasando y se supone que son los funcionarios quienes deben resolver esto. En ese tiempo las organizaciones hemos institucionalizado algunos procesos más locales y eso es positivo. A nivel nacional tenemos un gobierno que es negacionista en la materia y eso es una novedad. Por eso es importante mantener una militancia presente en estos temas”. 
.

El Soberbio: operativo ambiental ante denuncias de tala no autorizada de madera nativa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables investiga una presunta extracción ilegal de madera nativa en el municipio de El Soberbio, tras un operativo de control forestal realizado este sábado en zonas aledañas a la Reserva de Biósfera Yabotí.
El procedimiento fue encabezado por el ministro Martín Recamán, junto a personal de la Dirección General de Bosques y la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de San Vicente.
La intervención se concretó a partir de denuncias e indicios de infracciones vinculadas a planes de aprovechamiento forestal. Durante la inspección, el equipo técnico recorrió el terreno, tomó coordenadas, registró trayectorias GPS e identificó planchadas de acopio, caminos de extracción y áreas de aprovechamiento no declaradas.
Los investigadores detectaron además un movimiento inusual de camiones de gran porte que transportaban rollos de madera. Si bien parte del cargamento correspondería a planes autorizados, se presume que existirían lotes no declarados involucrados, lo que motivó la intervención inmediata.
Como resultado del operativo, se labró un acta donde se detallaron los hallazgos y se recabó información técnica del lugar. Estos registros serán contrastados con imágenes satelitales, guías de transporte y permisos vigentes, a fin de determinar el alcance de las posibles irregularidades detectadas.
.

“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país

Fecha de Publicación: 30/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Hay veces en que la riqueza de animales silvestres de determinada aérea es tan alta que se empieza a considerar que vale la pena construir un “paso de fauna”. Las primeras preguntas que se hacen quienes piensan y proyectan estos pasos, cada vez más comunes en el mundo, son: las tasas de accidentes de tránsito, las especies en peligro de extinción e investigaciones para saber –antes de hacer nada– por dónde pasarían naturalmente los individuos.
En la Isla de Navidad, un territorio australiano en el Océano Índico, millones de cangrejos rojos realizan un viaje anual desde la selva, adonde viven, hacia el mar con el fin de reproducirse. Treinta pasos de fauna construidos especialmente para protegerlos los ayudan a que lleguen a la costa sin ser atropellados. El espectáculo de los cangrejos rojos tiñendo la isla es considerado uno de los eventos naturales más impresionantes del mundo y seguramente el paso de fauna más conmovedor.
La cantidad de muertes de animales por atropellamiento en nuestro país es cada vez más alta. Con frecuencia las noticias se hacen eco de un yaguareté arrollado; pero cientos de especies, grandes y pequeñas, en vías de extinción o no, pierden la vida en las rutas a lo largo de todo el territorio argentino, sin que se tomen medidas para paliar este flagelo. 
Los pasos de fauna –también llamados puentes verdes o ecoductos– son estructuras como túneles o puentes construidos para permitir el cruce seguro de animales silvestres sobre o bajo carreteras, trenes u otras infraestructuras, garantizando la conectividad de sus ambientes y reduciendo tanto los atropellamientos como la fragmentación de los ecosistemas. 
Cuando existen áreas naturales divididas a causa de una ruta, otro de los problemas que se produce, al no poder cruzar y circular libremente, es la endogamia y pérdida genética. Los pasos de fauna pueden ayudar a la convivencia entre dos hábitats totalmente diferentes y a la conectividad. No es necesaria la invasión ni la perturbación de la fauna, algo tan importante para el ecosistema de una región.
Diego Varela trabaja para el Conicet en el Instituto de Biología Subtropical de Puerto Iguazú y forma parte de la ONG Ceiba, muy activa en Misiones y el norte de la Argentina. Coordina el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico. Se especializa en ecología de mamíferos y biología de la conservación. Tiene más de 15 años de investigación en monitoreo y gestión, principalmente enfocado en pasos de fauna. 
Varela dirige además la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) y es el principal responsable del primer ecoducto construido en América Latina y en el país, sobre la ruta nacional 101 en la localidad de Andresito, Misiones. Se trata de un puente que imita la vegetación selvática para que la fauna se sienta cómoda al cruzar. Tuvo su inicio hace casi veinte años, cuando en el corredor biológico Urugua-í-Foerster se empezó a pavimentar en 2006 la ruta 101, hasta quedar inaugurado en 2013. Hoy, tiene una cobertura de bosque desarrollada.
“El paso tiene 40 metros de ancho; para poder captar los animales que pasan, se utilizan dos cámaras trampa en el centro y se limpia un área central de modo de poder verlos cuando cruzan de un lado hacia el otro. En los pasos subviales, que sirven como medidas de apoyo, también hay recuperación de vegetación, sin embargo esta solo está asociada a la entrada del paso y no al interior”, detalla Varela. 
El artífice del paso continúa: “Tenemos identificadas 28 especies de mamíferos medianos y grandes, 17 de los cuales tienen un grado de amenaza a nivel nacional. Tapires, pecarí de collar, venados, dos especies de corzuela típica del bosque atlántico, la paca que usaba muchísimo este paso. En los pasos subviales tenemos un gran registro de puma, ocelote y corzuela colorada. Hoy pasan muchos más animales que al principio y más especies dependientes de bosque nativo”.
Actualmente, con otros miembros de Ceiba y junto a la Fundación Vida Silvestre dedica horas a ofrecer una solución de pasos para el Canal de la Patria, en la provincia de Santiago del Estero. El ducto, inaugurado hace dos años, tiene un recorrido de 200 kilómetros hormigonados –paralelo a un canal de tierra existente de los años 70– y lleva agua desde Amamá hasta Quimilí, y desde allí hasta la localidad de Tintina. Desgarradoras imágenes de osos hormigueros, pecaríes de collar, animales domésticos, tortugas, serpientes y mucho más atrapados o ahogados en su interior se viralizaron en redes. Resulta urgente frenar las muertes, ante la inactividad del gobierno de esa provincia. 
“Otra de las zonas comprometidas en la provincia de Misiones –aclara Varela– son las de acceso al Parque Nacional Iguazú, a las Cataratas y al aeropuerto, con una incidencia altísima de atropellamientos. A partir de 2022 y 2023, junto a Fundación Vida Silvestre y Parques Nacionales, empezamos un proyecto para monitorear alcantarillas. Muchas de ellas están tapadas, tienen 50 años". 
“Pero ante la ausencia de otras estructuras posibles y la urgencia, decidimos evaluar cómo las usaban los animales. De 24 potenciales estructuras, en 21 de ellas colocamos entre una y dos cámaras, más otras 36 cámaras en lugares adicionales para controlar alrededor de las alcantarillas”, agrega. 
Una de las preguntas principales fue cuántas especies usan las alcantarillas. Y detectaron 35 especies de mamíferos que cruzaron rutas a través de estas estructuras, es decir, el 65% de las registradas en esas aéreas; siete de ellas, amenazadas a nivel nacional. “La gran sorpresa fue que encontramos al yaguareté cruzando las alcantarillas secas y al oso hormiguero. Como resultado estamos adaptando las alcantarillas existentes y proponiendo nuevos pasos específicos, además de un cercado de conducción en el tramo cercano al aeropuerto para que la fauna no ingrese a la calzada y se potencie el tránsito por los pasos que existen”, concluye. 
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el barrio cerrado Nordelta, partido de Tigre, los carpinchos siguen dando qué hablar. Silvia Soto, en representación de los vecinos autoconvocados en “La Voz de los Carpinchos”, afirma: “No existe un paso de fauna en las avenidas troncales, por las que la gente va muy rápido. Y es allí adonde han ocurrido todos los atropellamientos. Solo en el primer semestre de 2025 fueron 43. No se hizo nada”. 
Y detalla: “En la conectividad agua-tierra, que compete también a las tortugas y muchísimos animales con la ayuda de los vecinos, hicimos rampas de madera de pino que colocamos nosotros con la ayuda de la comunidad. Empieza la época de parición, estamos plantando, haciendo todo lo que podemos. Es fundamental crear un corredor biológico para que puedan circular. Seguimos sin tener respuestas para una convivencia natural con ellos, como se hace en otros lugares”.
.

Por ley quieren prohibir que se contaminen los ríos con residuos cloacales en Neuquén ¿se pueden usar para regar?

Fecha de Publicación: 30/09/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


En la Legislatura neuquina debaten el proyecto de vertido cero de líquidos cloacales. Toman como ejemplo los proyectos en Río Negro que, en cuatro ciudades los reutilizan para poner bajo riego especies forestales y también cultivos industriales. 
La Legislatura neuquina analiza un proyecto del diputado Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) para eliminar progresivamente el vertido de líquidos cloacales e industriales en los cursos de agua.
El debate se apoya en antecedentes de la vecina Río Negro, donde el reúso de efluentes tratados para forestación y riego industrial ya muestra resultados positivos.
Monzani sostuvo que el agua es el recurso estratégico más valioso de la provincia, incluso por encima del gas y el petróleo.
Recordó que la cuenca del Limay y del Neuquén es la segunda más importante del país, después del Paraná, y advirtió que no se puede continuar con un esquema de vuelco que degrada los ríos.
Señaló además que estudios recientes del CONICET y del CEAN confirmaron altos niveles de contaminación en el río Chimehuín, un santuario de la pesca deportiva y atractivo turístico de Neuquén.
El legislador explicó que la iniciativa de vertido cero se aplicará de forma progresiva, ya que gran parte de los sistemas actuales están diseñados para derivar los líquidos tratados a los cursos de agua.
Planteó que, con planificación y recursos, es posible reconvertirlos y mencionó que varias localidades de Río Negro ya lo implementan de manera exitosa.
Resaltó que el proyecto no pretende imponer soluciones inmediatas sino construir un régimen gradual que permita a los municipios adaptarse.

El frustrado sueño del balneario en Urmenio Figueroa
La propuesta también se fundamenta en antecedentes locales.
Recordó que en gestiones anteriores se intentó habilitar un balneario en la calle Urmenio Figueroa, pero el plan fracasó debido a la mala calidad del agua.
“La discusión sobre el agua debe estar en el centro de la agenda pública, no solo como un tema ambiental, sino también de salud y de desarrollo económico”, afirmó.
El modelo de Río Negro aparece como referencia concreta.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) impulsa desde 2015 experiencias de reúso de líquidos cloacales tratados.
El ingeniero forestal Santiago Magnin detalló que en Ingeniero Jacobacci, una zona de extrema aridez, los efluentes se aplican en el riego de pasturas y forestaciones destinadas a la producción de leña. 
Más tarde, en 2018, se inauguró en Choele Choel la primera planta de tratamiento con vuelco cero al río Negro, que hoy riega 20 hectáreas de sauces.
Además, existen casos privados como el de un productor olivícola en Las Grutas que irriga 28 hectáreas con efluentes tratados, logrando una producción rentable de aceitunas y aceite de oliva.
Magnin subrayó que el líquido cloacal tratado es rico en nitrógeno y fósforo, lo que permite convertirlo en un “fertirriego” natural con altos rendimientos productivos, aunque con restricciones de uso sanitario.
Mientras en Río Negro aún no se cuenta con una ley específica y las iniciativas se respaldan en resoluciones del DPA, Neuquén avanza en darle un marco legal a la cuestión.
Para Monzani, esa normativa permitirá ordenar la transición hacia el vertido cero, consolidar políticas de protección ambiental y transformar un pasivo en un recurso productivo.
El debate legislativo se plantea, así, como una oportunidad para redefinir la relación de la provincia con sus ríos: de ejes de contaminación a motores de desarrollo sostenible.
En 2020 hubo un debate en Puerto Madryn sobre el riego de espacios públicos con agua cloacal tratada, luego de que el radicalismo local advirtiera posibles riesgos para la salud. 
Sin embargo, funcionarios municipales defendieron el uso de agua tratada para el riego, aclarando que no se trataba de agua cloacal sin tratar, sino de un recurso que se utilizaba tras haber pasado un proceso de saneamiento. 

Mendoza es el caso testigo
El ingeniero forestal Santiago Magnin, del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, señaló que la gran diferencia entre su provincia y Mendoza radica en la motivación que impulsa el reúso de aguas tratadas.
Mientras en Río Negro y Neuquén la prioridad es preservar la calidad de los ríos, en Mendoza la práctica se volvió estratégica por la escasez hídrica en un territorio semidesértico.
Mendoza fue una de las primeras provincias en implementar el reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola.
Marco legal: Cuenta con proyectos legislativos que regulan y promueven el uso de aguas cloacales y grises con fines productivos.
Beneficios: Ahorra agua dulce, aporta nutrientes que funcionan como fertilizantes naturales y contribuye a la sostenibilidad del recurso hídrico.
Desafíos: Requiere control estricto de la calidad del agua, enfrenta problemas de contaminación cuando no hay tratamiento adecuado y debe superar la desconfianza social en cultivos de consumo humano.
Magnin destacó que Mendoza se adelantó en esta agenda, apoyada en su necesidad de optimizar cada gota de agua disponible, mientras que en la Patagonia el objetivo es evitar que los ríos se transformen en receptores de contaminación con el vertido de líquidos cloacales.
.

Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
.

Villa Urquiza. Allanaron una casa con más de 200 prendas de piel de animales exóticos y amenazados

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal


Había productos confeccionados con partes de yaguaretés, ocelotes, boas, yacarés y de especies asiáticas
Hace apenas un día se encontraron en un PH de Villa Urquiza pieles, cinturones, tapados y carteras elaborados con partes de 227 animales, muchos de ellos protegidos, en peligro de extinción o cuyo tráfico es ilegal en gran parte del mundo.
Entre las fotografías se muestran carteras que portan la cabeza de un yacaré o abrigos hechos de piel de yaguareté. La lista incluye además, ocelotes, nutrias, visones, serpientes y aves exóticas que permanecían en la terraza del edificio allanado. Según los cálculos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), el valor asciende a 600.000 dólares.
El hallazgo ocurrió el miércoles a la mañana, tras meses de investigación de la PFA y la Brigada de Control Ambiental. Aunque no está del todo claro cómo se llegó a la propiedad localizada en la calle Iberá, fuentes cercanas a la causa señalaron que los productos estaban publicados para su venta en internet y que entre las fotos aparecían tapados de piel, aunque sin precisar las especies. Sin embargo, el allanamiento reveló cientos de prendas confeccionadas con animales cuyo comercio está prohibido. “Hay incluso un tapado de yaguareté en el que usaron la cabeza para fabricar las mangas”, resaltó una fuente cercana a la causa.
Entre los productos se identificaron pieles de especies nativas argentinas: 11 de yaguareté y 30 de gato montés. También había restos de ejemplares provenientes de otros continentes, como una pieza de leopardo, una de cobra y dos de tahr del Himalaya. Entre las más numerosas se contaron 34 de zorro, 29 de visón, 12 de ocelote y 11 de nutria. Además, se hallaron restos de lagartos, armadillos, boas y aves del paraíso originarias de Asia.
“Pensamos que podrían ir o venir de Europa, porque acá es difícil que alguien use esto en público”, opinaron fuentes cercanas a la causa, aunque todavía faltaría determinar si esto se trata de un articulado complejo. Vale resaltar que el dueño de la propiedad se encuentra actualmente de viaje en Europa.
La investigación preliminar fue iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González. El expediente ahora está radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, bajo la subrogancia de Daniel Rafecas. Consultados por LA NACION, tanto la fiscalía como el juzgado señalaron que por el momento no darían más información.

“Un caso gigantesco”
Mariano Burundarena, especialista en derecho ambiental y animal del Poder Judicial de la ciudad, no está vinculado a la causa, pero explicó que se trata de un caso gigantesco. “No es para nada habitual. En las causas que vi, como mucho aparece un ejemplar en medio de varios que no están prohibidos, pero aquí la cantidad es enorme”, indicó.Según Burundarena, los objetos no necesariamente provienen de animales cazados recientemente, ya que las prendas podrían haber sido confeccionadas hace años. De hecho, entre las imágenes del anuncio de la vivienda había también artículos de colección como máquinas de juegos de la década del ochenta y radios antiguas. De todas formas, aclaró que esto no exime al propietario de responsabilidad: la ley de Protección de la Fauna (22.421) prevé penas de dos meses a dos años de prisión por comerciar con especies prohibidas. “En el caso del yaguareté, la sanción es mayor porque además es Monumento Nacional”, recordaron fuentes cercanas al caso.
Gran parte de los ejemplares hallados están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), de la que la Argentina es parte, que prohíbe expresamente la comercialización de animales como el yaguareté, el ocelote o la boa. Por la magnitud y sensibilidad del caso, existe un fuerte hermetismo en Comodoro Py.
Burundarena explicó además que gran parte del tráfico de especies prohibidas funciona en internet, como parece haber ocurrido en este caso. “Al igual que con los animales vivos, se usan redes sociales o aplicaciones con grupos y cuentas anónimas. Les resulta muy fácil concretar contactos internacionales y gran parte de las operaciones se hacen por encargo. Incluso hemos visto que utilizan Mercado Pago para cerrar las transacciones”, detalló.
.

Agenda 2030 a bajo costo: Desde la cartera ambiental piden que se reconozcan a los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) dentro de esas metas

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es “alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación”.
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados “bonos verdes”, el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible”, aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
.

Amparo ambiental por la tala del último monte de chañar del departamento Colón

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Portal EraVerde
Provincia/Región: Entre Ríos


El pasado 23 de diciembre de 2023, ERA Verde dio cuenta de la denuncia por un desmonte ilegal de un campo ubicado sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del puente sobre el arroyo Perucho Verna. El accionar desaprensivo se produjo por el nuevo dueño del lote con el fin de instalar una cantera de piedras, según trascendió. Pero el lugar donde arrasó con la vegetación y se realizó un importante movimiento de suelo se encuentra dentro de un área natural protegida provincial. Esto derivó en una presentación en la Justicia por la Asociación Arroyo Perucho Salvaje, de San José. A raíz de este pedido, el juez de Paz Facundo Ramat, dictó una “medida precautelar” para evitar que se altere el territorio intervenido, ordenando cesar la “destrucción de la flora y la fauna en dicho terreno”.
Este 23 de septiembre, el juez de Paz interino de San José, Facundo Manuel Ramat, resolvió disponer que el Francisco Rossier, propietario del campo donde se denunció la tala y nivelación de un terreno ubicado dentro del área natural provincial Arroyo Perucho Verna “deberá retirar o disponer el retiro de la totalidad de implementos, maquinarias y herramientas existentes en el lugar”. Esta directiva forma parte de la precautelar dictada en el marco de la solicitud de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Arroyo Peruho Salvaje, que preside Gustavo Velzi.
El magistrado también mandó que “se abstenga de adoptar cualquier decisión, acto y/o comportamiento que implique alterar la situación fáctico jurídica del territorio”, así como quedó “prohibido ejercer actos de turbación o ocupación del mismo”, se lee en la resolución a la que accedió ERA Verde. Además del cese de movimientos de sueldo y “destrucción de la flor y fauna”, se requirió a la autoridad policial pueda asegurar la medida, por lo que se le dio intervención a la comisaría de San José, hasta tanto se resuelva el fondo.
De acuerdo a lo relevado por la organización ambiental, en ese terreno a la altura del Puente del Barrio Perucho Verna se han destruido parte del bosque y especies nativas entre las cuales se encuentran “los últimos árboles de chañar que fueron arrancados en diciembre del año 2023, al igual que quebrachos blancos, coronillos, existente en la parte más alta y en la parte baja”. Se trata de “un ecosistema alimentado por el humedal, de juncos y totoras, pajonal, sauces, entre otras. Este daño lo provocó este vecino de la ciudad de Villa Elisa”, comentó el letrado y titular de la entidad ecologista, Gustavo Velzi.
Se precisó a ERA Verde que el comprador de lugar, empresario dedicado a la extracción y comercialización de áridos, recientemente reingresó al sector y “arrasó con todo”, sin contemplar los cuidados que amerita siendo que se encuentra dentro de una reserva provincial por ley N ° 11.011, que crea el “Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples”. Asimismo, realizó los trabajos sin ningún tipo de autorización municipal, ni provincial, se precisó.
El lugar donde se pretende poner una cantera de lavado de piedras se ubica en el lado oeste de la Autovía Gervasio Artigas, antes del puente que cruza el arroyo Perucho Salvaje, jurisdicción de la ciudad de San José, departamento Colón.
.

Javier Milei redobló su rechazo a la Agenda 2030 ante la Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En su intervención en la Asamblea General, el presidente además cuestionó la autoridad del organismo como ente supranacional. Eduardo Sartelli, Sixto Cristiani y Daniel Lipovetzky debatieron en "Comunistas" cómo diseñar una política ambiental que no conspire contra el desarrollo nacional. 
"Los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", expresó este miércoles el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Oficialmente conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 17 desafíos globales que la componen interconectan metas en términos de erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente contra el cambio climático y garantizar prosperidad para todas las naciones. En esa línea, Milei aseguró que tales metas no deben imponerse por encima de la libertad individual, y denunció que la ONU ha derivado hacia un gobierno supranacional de burócratas que “pretenden decidir qué debe hacer cada Estado”.
La tensión que subyace en la Agenda 2030 criticada por el mandatario fue abordada por los integrantes de la mesa en "Comunistas". El historiador Eduardo Sartelli planteó que la agenda ambiental —y en general las dimensiones ecológicas del desarrollo— no pueden pensarse por separado de las estructuras económicas. Citó como ejemplo las políticas ambientales de Francia, que en su visión también responden a la protección de su sector agrícola contra las importaciones de otros países productores de sus mismas materias primas provenientes del campo.
Para Sartelli, el problema ambiental más urgente en Argentina no es "salvar ballenas", sino enfrentar realidades concretas como las que sufren diariamente las millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. “Se soluciona con un plan de desarrollo que diga ‘no’ a la destrucción innecesaria, y que avance hacia paradigmas eléctricos”, afirmó, criticando severamente lo que calificó como un "ambientalismo cínico” que, según él, protege fronteras externas pero deja al país sin cambios necesarios para la población.​
También invitado al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional y licenciado en Administración de Empresas, asumió un giro doctrinal: “Si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía hacia una de matriz ecológica”, apuntó. Advirtió que China ya está avanzando en la transición energética que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que, de no transformarse,  Argentina perderá los "empleos del siglo XXI". No obstante, propuso que el país exporte recursos fósiles como petróleo o gas mientras que a nivel doméstico evolucione hacia energías renovables, ambivalencia por la que Sartelli le salió al cruce y la criticó.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, candidato a diputado nacional y abogado con experiencia en comercio internacional, sostuvo que el cambio climático no puede utilizarse como un “obstáculo” para el desarrollo, sino como una materia que permitra articular la defensa de los recursos con la equidad. Según Lipovetzky, el desafío argentino radica en no caer en extremos: ni negar el problema ni quedar atrapado en regulaciones que paralicen la actividad productiva.
El debate encendido en "Comunistas" a partir de la crítica ensayada por Milei mantiene relevancia internacional en un contexto donde el alza de las temperaturas globales no se detiene, al tiempo que a nivel geopolítico se produce un reordenamiento de fuerzas donde las naciones buscan posicionarse política y comercialmente de la manera más favorable a sus propios intereses.
.

Política ausente, futuro incierto: el ocaso de la ley que impulsó las energías limpias en Argentina

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más de 80 % del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.
En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas 16 % de la generación proviene de fuentes limpias, lejos de 20 % fijado por la ley.
Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.
Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera
En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta 20 % de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.
La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable.
Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
“en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”, afirma.
Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos.
También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.
En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la institucionalidad de las renovables se debilitó. El Foder quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación.
En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos.
Una lógica que, para Álvarez,  es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado».
«La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”, añadió.
En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.
Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el Foder continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa.
Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.
Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.
A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno.
Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. E
El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de Cammesa, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.
Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral.
Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.
En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden
Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.
Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de 420 000 millones de pesos (310 millones de dólares) a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas 2889 millones (2,13 millones de dólares) asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.
Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene.
El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino.
Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura. 
En ese sentido, Möhle aclara, además, que, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques.
Pero, añade, «el Rigi no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.
Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político.
En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida
Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil.
Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.
En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales.
Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados.
Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.
Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich.
El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios.
A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, esta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año.
“Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,
El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios.
“La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich.
Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza.  Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.
Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas.
Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
“El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”, asegura.

¿El camino es la descentralización?
Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?
“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”, agrega.
Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”, dice.
A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia.
“No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene.
Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.
Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional.
“Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde Farn] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.
Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.
En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables.
Respecto a las expectativas,  Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional».
«Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”, considera.
.

Lluvias extremas en Buenos Aires dejan a productores aislados y 3 millones de hectáreas afectadas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Las entidades de productores advierten sobre el impacto humano y productivo de las inundaciones. Denuncian que la paralización de las obras del Salado mantiene a millones de hectáreas expuestas al agua.
La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las peores emergencias hídricas de las últimas décadas. Según un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), ya son más de 3 millones de hectáreas las que presentan algún tipo de afectación, desde suelos encharcados hasta campos completamente bajo agua.
La crisis impacta en la economía productiva, pero también en la vida cotidiana de miles de familias rurales. Hay parajes donde los chicos no pueden asistir a la escuela, donde una ambulancia no logra llegar si alguien se enferma y donde la conexión con los pueblos se volvió una odisea.

El mapa de la emergencia
El epicentro de las inundaciones se ubica en el partido de 9 de Julio, con 162.474 hectáreas afectadas. Allí se combinan 61.731 hectáreas inundadas, 52.408 muy anegadas y 48.335 en anegamiento total.
Le siguen Lincoln, con 150.587 hectáreas comprometidas, y Bolívar, con otras 140.528. El panorama se agravó en los últimos dos meses, cuando las lluvias acumuladas expandieron la crisis hacia la cuenca del Salado, donde más de dos millones de hectáreas permanecen comprometidas.
El problema no es nuevo y la ruralidad insiste en que no se trata solo de fenómenos climáticos extraordinarios. Para CARBAP, el retraso en las obras hídricas y la falta de un plan integral agravan cada episodio de lluvias intensas y convierten a la provincia en un escenario de desastre repetido.
“Detrás de cada campo inundado hay una familia que sueña con seguir viviendo en el lugar donde nació. No estamos hablando solo de agua, estamos hablando de vidas”, alertó la entidad en su comunicado.

Un plan inconcluso
En medio del reclamo por financiamiento y aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria, emergió con fuerza la voz de Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado. El dirigente cuestionó la paralización de tramos claves de la obra y recordó que más de 20 años después de su lanzamiento, el proyecto sigue inconcluso.
“Hace más de 20 años que se proyectó la canalización del Salado, pero los retrasos y la paralización de tramos claves hicieron que hoy millones de hectáreas sigan expuestas a las inundaciones. En diálogo con Meteored, Larrañaga brindó detalles acerca de la magnitud de las zonas afectadas y del impacto negativo que tiene la falta de obras.
La Cuenca del Salado abarca 17 millones de hectáreas, es el corazón productivo de Buenos Aires, donde conviven la ganadería de cría, la agricultura extensiva y comunidades rurales enteras.
El punto más crítico es el tramo IV.2, un sector de apenas 30 kilómetros entre Ernestina y Elvira. Larrañaga lo describió como un “tapón hidráulico” que frena el escurrimiento del río y provoca desbordes aguas arriba, anulando los beneficios de más de 400 kilómetros ya dragados.
La paradoja, según el dirigente, es que los fondos existen. El Fondo Hídrico Nacional cuenta con más de 175 mil millones de pesos depositados en el Banco Nación, dinero que debería financiar la continuidad del plan.
Según Larrañaga "la plata está, los productores la aportan todos los años, pero las obras no avanzan". El reclamo apunta a que se reactive de inmediato el tramo IV.2 y se inicie el tramo V, junto con canales secundarios que permitan ampliar el efecto del dragado hacia los sectores más deprimidos de la cuenca.

En qué consiste el Plan Maestro del Salado
El Plan Maestro del Salado se lanzó en 2003 con la meta de completarse en 15 años. Diseñado como una de las canalizaciones de llanura más extensas del mundo, implicaba un movimiento de suelos comparable a megaproyectos internacionales como el Canal de Panamá.
Sin embargo, dos décadas después, la obra solo se ejecutó de manera parcial. Licitaciones demoradas, pagos incumplidos y cambios de prioridades políticas frenaron un proyecto que debía proteger a la región más productiva de Argentina de las recurrentes inundaciones.
Cada tramo inconcluso se transformó en un cuello de botella que multiplica los problemas. “Cada año de demora implica dos años más para completar la obra. Y mientras tanto, hay gente que no da más. Esto no es un reclamo sectorial, es una emergencia que golpea a toda la ruralidad bonaerense”, remarcó Larrañaga.

Impacto social y productivo
El avance del agua paralizó tambos que no pueden sacar la leche, afectó cosechas de maíz y trigo y obligó a vender hacienda de manera forzada por la falta de pasturas. Las pérdidas millonarias se combinan con el deterioro de la vida cotidiana en las comunidades rurales.
En muchos pueblos, los caminos rurales se transformaron en trampas de barro, las recaudaciones municipales cayeron en picada y las familias quedaron atrapadas en un círculo de aislamiento e incertidumbre. Para los productores, se trata de un escenario repetido que desnuda la falta de infraestructura y la ausencia de respuestas oficiales.
La situación recuerda otros episodios críticos de inundaciones en la provincia, como las de 2017, cuando la falta de obras y la saturación de la cuenca generaron daños millonarios. Hoy, ocho años después, los reclamos se repiten con la misma urgencia.
La ruralidad bonaerense enfrenta así un presente marcado por la incertidumbre. Miles de familias viven con el temor de que la próxima lluvia desborde otra vez los campos y corte los caminos, mientras esperan que el Estado cumpla con una deuda estructural que lleva dos décadas sin saldarse.
.

Publican imágenes “desoladoras” de la contaminación en arroyos entrerrianos. Crean Comité para sanearlos

Fecha de Publicación: 25/09/2025
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Un demorado organismo multisectorial buscará revertir desde este miércoles la contaminación grave y creciente de arroyos históricos del Gran Paraná, empezando por Las Tunas, que limita con los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito. Días previos a la integración del Comité de Cuenca de Las Tunas caminamos el arroyo para certificar y mostrar la situación de colapso que padece. Lo que salta a la vista es impactante, por los fluidos industriales, agropecuarios, cloacales, domiciliarios, y lo más grave está en sus aguas y sus barros que impiden la vida y producen malformaciones.
La famosa Batalla del Saucesito, en la que Francisco Ramírez derrotó en 1818 una invasión porteña al mando de Marcos Balcarce mandada para destruir el sistema confederal artiguista; y la famosa Batalla de Las Tunas, que marcó en 1820 el fin del federalismo original, con el mismo Ramírez enfrentando a José Artigas hasta el destierro; ambas contiendas en el principio y el final se desarrollaron en la línea que divide los ejidos de Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda.
Los dos arroyos, Saucesito y Las Tunas, pasarán al centro de la escena ecologista esta semana por la constitución formal, con sus autoridades, del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas.
Las Tunas desemboca en el arroyo Las Conchas, cerca del río Paraná, es decir: es uno de sus afluentes, como El Espinillo. Allí se libró en 1814 la también famosa batalla del Espinillo, en la que Eusebio Hereñú derrotó en 1814 la primera gran invasión porteña al mando del barón de Holmberg, enviada para matar a Artigas.
Junto a Hereñú en El Espinillo, también los orientales conducidos por Fernando Otorgués; y junto a Ramírez en el Saucesito, los orientales conducidos por Gorgonio Aguiar. Se trata, entonces, de símbolos de la milenaria unidad entrerriano oriental, contra el despotismo invasor colonial. 
Hoy Las Tunas luce destruido, literalmente, con desechos industriales, cloacales, agropecuarios, domiciliarios, desbordante de plásticos y bacterias. Y Las Conchas ha dado índices récord de herbicidas en sus aguas. Salta a la vista que en sólo treinta años el sistema económico atacó de manera violenta lo que la biodiversidad construyó a lo largo de decenas de miles de años. Ni siquiera los hitos históricos y la simbología detuvieron la mano devastadora.

Desde abajo
La confluencia de grupos orilleros y equipos científicos ha generado conciencias sobre la gravedad de la situación, y tanto la provincia como los municipios involucrados intentan en estas horas una demorada respuesta. En esa línea, entidades sociales de distintas ciudades del departamento Paraná celebraron la convocatoria realizada por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua -Co.R.U.F.A.- para constituir el Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas esta semana, y adelantaron que propondrán al científico del Conicet Rafael Lajmanovich como representante de las organizaciones no gubernamentales en el Comité Ejecutivo. Esta sugerencia, que llevarán al pleno de la Asamblea constitutiva, intentará poner una vara alta en la seriedad y responsabilidad del nuevo Comité.
Las organizaciones recibieron una invitación firmada por el Secretario de Agricultura de la provincia, Raúl Boc Ho, y la Secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, para participar del Comité de Cuenca, junto a sectores gubernamentales, productivos, industriales.
Durante un encuentro realizado en Colonia Avellaneda el jueves 11 de setiembre, con vecinos de allí y de Paraná y San Benito, se mostraron videos y fotografías del estado actual del arroyo Las Tunas y sus afluentes, con imágenes impactantes, y se escucharon inquietudes diversas por las demoras de los gobiernos de la nación, la provincia y los tres municipios en controlar las distintas fuentes de contaminación que actúan en sinergia en esta cuenca. Así es que se mostraron expectativas ciertas con la invitación, y a la vez cierta prevención por las promesas incumplidas de sucesivos gobiernos.
El paranaense Lajmanovich es conocido en el país y el mundo por sus aportes a la ciencia desde hace décadas, especialmente en el estudio de la contaminación de las aguas y sus efectos sobre la vida animal. El científico ha desarrollado diversos estudios en equipo, con participación del Conicet y de distintas universidades, empezando por la Universidad Nacional del Litoral, en ambas márgenes del río Paraná.
En 2018 fue distinguido con el premio “Conciencia Abya yala”, junto al médico Damián Verzeñassi y la dirigente de Madre de Plaza de Mayo Nora Morales de Cortiñas, como expresiones de “las agrupaciones que estudian y estimulan el vivir bien y buen convivir, es decir, la vida comunitaria en armonía con la naturaleza, y que colaboran desde ámbitos comunes en la resistencia al actual sistema que perturba la biodiversidad, saquea las riquezas y patenta la vida”.
En el encuentro de esta semana Lajmanovich brindó detalles sobre la detección de sustancias tóxicas en Las Tunas, en estudios científicos realizados a lo largo de los recientes 15 años, incluso uno publicado en revistas de prestigio internacional hace pocos meses, en el que se observa un alto grado de genotoxicidad, es decir: los animales que no mueren allí pueden padecer malformaciones.
Dijo que la confluencia de fluidos industriales, agropecuarios y cloacales ha convertido a Las Tunas en uno de los arroyos más dañados del país.
Los vecinos que recorrieron los arroyitos de la zona presentaron interrogantes sobre las piletas de tratamientos de efluentes en el Parque Industrial de Paraná, y las derivas de las sustancias usadas en la agricultura y los feed lots. Se mostraron perplejos por los caños de gran diámetro con desechos cloacales crudos de las municipalidades vecinas, cuando todos esos fluidos desembocan en el Paraná, aguas arriba de la Toma de Agua de la capital entrerriana y de sus balnearios. También mostraron imágenes de montañas de residuos acumulados en algunos segmentos de Las Tunas.
La vecindad del arroyo las Tunas formó una Comisión Pro Comité de Cuenca en 2023, en el barrio Los Zorzales de Colonia Avellaneda, con participación de diversas instituciones, incluso las comunas, bajo el lema “Somos arroyo”. Y la provincia firmó el acta constitutiva del Comité en diciembre de 2024. Esta semana se designarán a sus responsables. Estos plazos largos fueron debatidos en la reunión.
En una carta firmada por distintas organizaciones para presentar ante el Comité, se lee: “Hemos pedido al Dr. Lajmanovich que nos represente como miembro de este Comité, dada su formación académica, su experiencia y su compromiso con la biodiversidad y con la verdad; todo ello nos da garantías a todos, sin excepción, de seriedad en la participación y amor a la biodiversidad, principios básicos para superar este estado de decadencia ecológica, y para asegurar la participación comunitaria y la conciencia por el vivir bien y buen convivir, en armonía con la naturaleza”.
La postulación de Lajmanovich será realizada por el Foro Ecologista de Paraná, con una trayectoria de décadas en defensa de la biodiversidad en la región, y otras entidades ofrecieron su apoyo para que el científico participe en el Comité Ejecutivo, y llevarán otros nombres para la asamblea general. Además, las distintas organizaciones propondrán para la integración del Comité a Clelia Zapata y Sergio Strack, ambos de larga trayectoria en asambleas vecinales de Paraná y Colonia Avellaneda.

Una luz de esperanza
Algunos vecinos apuntaron que a pesar de los olores nauseabundos del arroyo y las toneladas de desperdicios que acumula en su lecho y sus costas, todavía pueden apreciarse “hermosas barrancas de arena” como testimonio de un paisaje bucólico, que ha sido dañado durante las décadas recientes. Afirmaron que sólo se ven tortugas, y que en las orillas se notan excavaciones realizadas por familias humildes en busca de lombrices, para vender al turismo, con alto riesgo para su salud.
La Ley 9757 promulgada en 2007, y archivada por 17 años, establece que el Comité de Cuenca tendrá como finalidad “conformar un ámbito participativo, amplio y democrático propicio para la discusión, coordinación, concertación y cogestión de los recursos hídricos de manera racional y sustentable”; aunque sus decisiones, aclara el texto, no serán vinculantes.
Los primeros dos Comités se están concretando, pues, en los arroyos Las Tunas, que da al Paraná, y Perucho Verna, afluente del Uruguay.
Los vecinos apuntaron que la condición deplorable de Las Tunas contradice el artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”.
También contradice el artículo 83. Allí se lee que el estado garantizará “la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia concurrente entre la Provincia, municipios y comunas. Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica... Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje... Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental”.
Explicaron que todo eso es burlado en el arroyo Las Tunas. Dada la complejidad de la situación, los vecinos recordaron las dificultades que enfrentan para encarar los problemas porque los distintos estados (nación, provincia, municipios) se acusan mutuamente por el caos, y por el incumplimiento de obras multimillonarias que no están en funcionamiento, como las piletas de decantación. Pese a todo, coincidieron en buscar el diálogo y el consenso para garantizar la duración de todas las acciones que reviertan el proceso de destrucción del arroyo, y en dar “un voto de confianza” al nuevo emprendimiento multisectorial. 
.