Extractivismo recargado: el Gobierno busca desmontar la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/05/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: Nacional


Luego de desguazar la Ley de Glaciares, Javier Milei y gobernadores aliados pusieron en la mira a la Ley de Bosques. En Argentina ya se arrasaron siete millones de hectáreas y es un país de referencia en la destrucción de monte nativo. Monocultivos, ganadería y especulación inmobiliaria son los sectores beneficiados. Un llamado socioambiental a unirse y defender el territorio.
A pesar del amplio rechazo popular, Javier Milei y legisladores cómplices flexibilizaron la Ley de Glaciares. Ahora, mientras casi un millón de argentinos ya se sumaron a la mayor demanda judicial de la historia para recuperar la protección de nuestras principales reservas de agua dulce, el gobierno nacional avanza, sigiloso, con reuniones con el propósito de modificar la Ley de Bosques y habilitar más deforestación.
Los bosques y selvas concentran muchísima biodiversidad y nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.
Sin embargo, Argentina se encuentra en emergencia forestal. Según datos oficiales, entre 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de más de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la de Formosa, lo que coloca a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo.
Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (mayormente para ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
El 75 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.
Tras años de lucha, la sanción a fines de 2007 de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas.
Pasaron más de 18 años de implementación de la normativa, y todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben la autorización de desmontes en casi el 80 por ciento de las zonas forestales.
Es importante destacar que desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, cercana al 40 por ciento respecto al promedio de pérdida de bosques que hubo durante la década previa a la sanción de la Ley de Bosques.
Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales por dejar amplias zonas donde se permite solicitar permisos de desmonte. Por otra parte, algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte.
Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, los cuales según la reglamentación de la norma deben hacerse cada cinco años, de manera participativa y sin retroceder respecto a las zonas donde no se permite deforestar. A pesar de ello, las actualizaciones de los ordenamientos de Salta y Chaco aumentaron las áreas donde estará permitido acceder a un permiso de desmonte, violando lo establecido por la Ley de Bosques.
Más de la mitad de la deforestación se produce donde no está permitido (con permisos de desmontes irregulares para ganadería o en forma ilegal), y en los últimos años se incrementaron los incendios forestales, sobre todo en Córdoba y en la Patagonia, región que este verano sufrió los peores incendios de los últimos 60 años.
El relevamiento satelital realizado por Greenpeace estima que durante 2025 la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, un 40 por ciento superior a la del año anterior.
La Ley de Bosques, aunque insuficiente, es una herramienta fundamental para salvar nuestros bosques. Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Frente a esta situación, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes.
De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en las zonas forestales clasificadas en la Categoría I, rojo, que abarcan en promedio apenas el 20 por ciento de la superficie de bosques nativos.
Por el contrario, Argentina debe prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
Es tiempo de unirnos para resistir a este ataque contra nuestros ecosistemas y las leyes que los protegen. Por el planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.
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