Confirman otra vez una multa a empresarios que desmontaron

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2013 se encontró a personas en situación de esclavitud y un desmonte de 11 mil hectáreas que no estaba autorizado. Las tierras siguen en producción y el bosque no volvió a crecer.
La Cámara de Apelaciones salteña ratificó la multa impuesta a Juan José y Daniel Darío Karlen, que ya llevan 13 años sin pagar sanción ni restaurar bosque alguno, pese a las resoluciones de la administración de justicia.
La decisión de la Cámara fue ante el pedido de la fiscal de Tartagal Rosa Vélez Román, que desde 2020 viene pidiendo a la jueza de Tartagal Viviana Yance que multe a los acusados por haber incumplido con un plan de reforestación del campo desmontado sin autorización.
El desmonte ocurrió entre 2012 y 2013. Pero recién en 2013 un operativo de la ex AFIP (hoy ARCA) detectó el desmonte ilegal y a trabajadores en situación de esclavitud.
Recién en 2016 la Justicia accionó. Durante la gestión como fiscal del ahora juez de Corte Pablo López Viñals se había solicitado una multa de 171 millones de pesos.
Pero en una instancia de negociación se permitió a los Karlen presentar un plan de restauración que, sin embargo, nunca se cumplió. Por el contrario, y según las denuncias realizadas, se continuó cultivando la tierra deforestada y la venta de la producción obtenida.
Ya en 2024, cuando finalmente se determinó el incumplimiento, la fiscal Vélez Román solicitó que se aplique una multa diaria o astreintes por incumplimiento procesal. En ese entonces se pudo conocer que esa multa era de 68 millones de pesos. La jueza Viviana Yance hizo lugar e intimó a Juan y Daniel Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020, fecha desde la cual la fiscal reclamaba que se cumpla con el plan de restauración.
Los Karlen solicitaron la nulidad de la decisión y llegó a la Cámara de Apelaciones, la que rechazó este planteo con las firmas de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Araníbar.
“Si por lo menos le hubiesen hecho una clausura al campo, 13 años después tendría un monte”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, al hablar con este diario sobre la nueva decisión judicial. Indicó que en la misma zona donde se encuentra este desmonte, “hace tres años vimos una zona que se había desmontado hace 8 años. Y ahora el monte superaba los dos metros”, lo que indicaría que en el otro caso no se permite el crecimiento del monte.
Giardini analizó que, de haberse mantenido la multa de los 171 millones de pesos, hoy ese monto se traduciría en casi 50 mil millones de pesos.

En sintonía
El peligro de la demora judicial potencia el aval a los desmontes ya impulsado por el intento de modificar la Ley de Bosques Nativos.
Esa posibilidad radica en la firma del “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, enmarcado en el Pacto de Mayo, rubricado, entre otros, por el gobernador Gustavo Sáenz.
En el proyecto oficial se dispone que las únicas áreas sin desmontes sean las de categoría uno o roja. Y libera al sector amarillo para el desmonte. Hasta el momento la legislación se encuentra estancada por la oposición de distintos sectores que ven el peligro de continuar degradando el bosque nativo.
Greenpeace hizo esta advertencia en el marco del Día Internacional de los Bosques, que se conmemoró el 21 de marzo pasado.
La organización ambientalista denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40 por ciento respecto al año anterior.
Afirmó que el total de áreas desmontadas e incendiadas revela que la pérdida de bosques durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero se desmontaron 104.474 hectáreas; en el Chaco, 38.392 hectáreas; en Salta 34.067, hectáreas y en Formosa, 33.769 hectáreas.
“Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, sostiene el comunicado.
En su escrito ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que “frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes. De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10 por ciento de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”.
Indicó que esto será “una condena para el yaguareté, ya que provocará un marcado aumento de la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques que habita. También pondrá en serio riesgo a otras especies en peligro como el tatú carreta y el pecarí quimilero. Deben considerarse los impactos en la cultura y espiritualidad asociados al yaguareté, y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región (Wichí, Qom, Chorote, Tapiete, Guaraní, Mocoví, Chané, Pilagá, Nivaclé, entre otros)”.
Desde 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una oportunidad para concientizar sobre el importante papel que desempeñan los bosques en la sostenibilidad ambiental, la erradicación de la bpobreza y la seguridad alimentaria.
“Las leyes de Bosques y de Glaciares son herramientas fundamentales para proteger ecosistemas frágiles y vitales. Ambas normas se lograron tras varios años de lucha del movimiento socioambiental y debemos defenderlas”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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