Contaminación hídrica: tras el embargo multimillonario, Kicillof responsabiliza a Nación por no financiar las obras

Fecha de Publicación: 16/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La Provincia informó que apelará el embargo dispuesto por la Justicia Federal, y responsabilizó al gobierno de Milei por no haber financiado las obras de saneamiento
Tras el embargo multimillonario dispuesto por la Justicia Federal contra la gobernación de Buenos Aires por la “aberrante” contaminación hídrica de la cuenca del Río de la Plata, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires informó esta mañana que apelará la orden judicial.
El argumento detrás de la apelación es que el gobierno de Axel Kicillof pidió, ya hace dos años, al gobierno de Javier Milei el correspondiente financiamiento para las obras de saneamiento. La provincia enfatizó en ese entonces, ante el gobierno nacional, la necesidad de dar respuesta eficaz ante una crisis o emergencia elegible en materia de contaminación ambiental. 
En concreto, el gobierno de Kicillof advirtió que las obras eran urgentes y que beneficiarían a 933.397 habitantes de la región capital y, más concretamente, a unos 535.000 habitantes de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, partidos que, según el informe adjunto en la causa judicial, están sometidos a una contaminación ambiental “aberrante”.
En 2024, el Ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que se priorice el financiamiento para el proyecto de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La obra implica una inversión total de US$ 270.000.000, tiene un plazo de ejecución de cinco años y requiere, según el gobierno de Kicillof, de financiamiento internacional.
El crédito ya está otorgado, pero la provincia no lo puede tomar sin los avales de Nación, destacó la Casa de Gobierno bonaerense.
Los objetivos específicos son ampliar y mejorar la capacidad operativa de tratamiento y disposición final de residuos de La Plata, Berisso y Ensenada y mejorar las condiciones de higiene, salubridad del ambiente de la franja costera del río de La Plata.
El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.
El embargo por $157 mil millones fue dispuesto por el juez federal Alberto Recondo, hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
El magistrado quiere que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato.
Recondo sopesó “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos” en la cuenca que comprende los tres cursos de agua mencionados.
Para tal trabajo, pidió auxilio técnico a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
De acuerdo con el informe técnico aportado en la causa judicial, se trata de “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios”.
Los peritajes revelaron que “el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”. 
Además, afirmó: “Los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.
Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del club Regatas, constata la formación de un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.
En su resolución a la demanda iniciada por Iván Vigo Mariños con el patrocinio de Aníbal Falbo, a través de la Secretaría de Extensión de la UNLP, el magistrado señaló graves omisiones estatales. Argumentó que “las carencias presupuestarias (de la provincia), aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones".
Recondo detalló que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.
Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producida en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.
“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, expresó el magistrado.
La obra pendiente tiene un valor estimado de US$ 270 millones, a ejecutar en cinco años, según el gobierno de la Provincia. El embargo judicial corresponde a US$ 110.679.075,49 al cambio de esta segunda semana de marzo.
Previo a esta instancia, hubo medidas cautelares incumplidas.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires aseguró que mejoró su perfil crediticio y avanzó en conversaciones con el Banco Mundial en tanto quedó a la espera de una respuesta formal del Estado Nacional para obtener los avales necesarios que permiten acceder al financiamiento ante organismos internacionales de crédito
La Fiscalía de Estado, que es la encargada de velar por los intereses patrimoniales de la provincia, ya trabaja en la apelación del embargo que interpondrá para ser elevado ante la Cámara Federal de La Plata.
Recondo es un juez que ya tuvo intervención en otros temas ambientales: por caso, actuó para rechazar una demanda contra un decreto presidencial (DNU 70/2023) que buscó modificar los alcances de la Ley de Tierras.
El caso fue judicializado por el Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas (Cecim) y el magistrado rechazó la presentación. La entidad apeló y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación.
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